¿OTRA VEZ IRREGULARIDADES EN EL FONDO AUXILIAR DEL TSJ? ¡NO ES NADA NUEVO!

Por Guillermo Cinta Flores

¡Vaya sorpresa! La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) acaba de detectar irregularidades en el manejo del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, correspondiente al ejercicio 2023.

Según el titular de la ESAF, José Blas Cuevas, se trata de un manejo discrecional de recursos que ronda entre los 50 y 60 millones de pesos por año, con movimientos entre partidas para tapar faltantes. Y lo mejor: es la primera vez que este fondo se audita a fondo, como si antes nadie se hubiera dado cuenta de nada. Pero, ¿de verdad alguien se asusta?

Esto no es novedad en el TSJ. Hace apenas unos años, en 2021, ya analizábamos un supuesto desfalco de hasta 84 millones de pesos del mismo fondo, usado para pagar aguinaldos de 2019 durante la administración de María del Carmen Verónica Cuevas López. Se gritaba “anatema” en el pleno, se daban vistas a autoridades, y al final, ¿qué pasó? Nada, o casi nada. Las deudas se heredan, las investigaciones se diluyen, y el fondo sigue siendo la caja chica de los de arriba.

Ahora, con la auditoría en su etapa final, los exservidores públicos tienen 20 días para solventar las observaciones. Si no lo hacen, el caso pasa al área de Sustanciación e Investigación para posibles denuncias.

Suena serio, pero recordemos: en 2020, se registró un préstamo de 60 millones del fondo para sueldos y aguinaldos, y hasta la fecha, ese dinero no se ha reintegrado. ¿Coincidencia? No, es el patrón de siempre.

Javier García Tinoco, actual titular del Órgano de Administración del TSJ, dice que estarán atentos a lo que determine la ESAF y que ya hay siete denuncias en curso, algunas ligadas a la administración pasada. Bien por la transparencia, pero ¿por qué tardaron tanto en auditar a fondo este fondo?

El gasto corriente está en orden, dicen, pero el Fondo Auxiliar es otro cantar: cauciones, rentas, pensiones y depósitos judiciales que se manejan al antojo, sin rendir cuentas claras.

Volvamos a los precedentes, porque en Morelos la historia se repite como un mal chiste.

Allá por 2005-2006, Eduardo Barrera Orihuela fue inhabilitado por negarse a entregar información sobre bonos y préstamos privilegiados del fondo, gracias a las impugnaciones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). ¿Y qué? El fondo siguió operando en la semiclandestinidad, financiando rentas de oficinas, remodelaciones, vehículos, cursos y hasta eventos sociales.

El Fondo Auxiliar, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, se integra con cauciones para libertades procesales, multas, intereses de inversiones, y bienes no reclamados que pasan a su patrimonio.

El presidente del TSJ es el responsable directo, pero los vacíos legales permiten que sea una fuente discrecional. En 2004, tenía 8 millones; en 2005, casi 10. Imaginen cuánto ha crecido desde entonces, y cuánto se ha desviado sin que nadie reclame. No olvidemos que este fondo ha servido para préstamos personales a magistrados, pago de espectáculos, diplomados fantasma, congresos, copias fotostáticas y hasta arcones navideños. ¿Compensaciones extras? De ahí salen. ¿Bonos y gratificaciones? También. Y no dudo que cubra combustibles, lubricantes y otros “gastos generales” que nadie audita hasta que estalla el escándalo.

La ESAF menciona que el proceso se retrasó por dos prórrogas de la administración anterior. ¿Por qué? ¿Para ganar tiempo y solventar a medias? Es evidente que hay conflictos de intereses, como señalaba Luis Jorge Gamboa Olea en 2021: servidores públicos involucrados siguen en funciones, y el claro enredo con la dirección de Administración persiste.

Pero el problema va más allá: muchos procesados que pagan cauciones o multas, una vez demostrada su inocencia, nunca ven devuelto su dinero. ¿Dónde termina? En el patrimonio del fondo, sin reclamaciones efectivas. El IMIPE señaló inquietudes por años sobre esto, pero las respuestas fueron puras evasivas. ¿Transparencia? Solo cuando conviene.

Ahora, con estas nuevas observaciones no solventadas, se habla de posible daño patrimonial y responsabilidades. Bien, pero ¿creeremos que esta vez sí habrá consecuencias?

En 2019-2020, se usó el fondo para aguinaldos porque el presupuesto no alcanzaba, y se heredó la deuda. En 2023, lo mismo: discrecionalidad y faltantes cubiertos con malabares contables. Los magistrados en turno siempre se benefician. Varios de los actuales, y sus antecesores, han sacado préstamos del fondo sin mayor escrutinio.

Que nadie se haga el sorprendido, como el “Tío Lolo”. Esto es sistémico, no un error aislado. El Congreso autoriza recursos anuales, pero el fondo es el comodín para tapar huecos y lujos. ¿Solución? Una auditoría permanente y externa, no solo cuando la ESAF decide profundizar. De lo contrario, en 2030 estaremos escribiendo lo mismo: irregularidades detectadas, plazos para solventar, y al final, impunidad. Mientras, el TSJ sigue operando con este fondo como respaldo oculto.

¿Cuántos millones se han desviado en total desde 2000? Nadie lo sabe con certeza, porque la opacidad es la norma. Esperemos el desenlace de esta auditoría, pero sin ilusiones: las denuncias en curso podrían diluirse como tantas otras. En resumen, no manchen: el grito de alarma actual es hipócrita.

El Fondo Auxiliar ha sido manipulado desde siempre, y hasta que no haya reformas reales a la Ley Orgánica, seguiremos en el mismo círculo vicioso. ¿Cambiará algo esta vez? Lo dudo, pero aquí estaremos para contarlo.