GOBERNANZA METROPOLITANA EN MORELOS: UN PASO CONSTITUCIONAL HACIA EL BUEN VIVIR COMPARTIDO
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 25 de febrero de 2026
En el vasto entramado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 115, en su inciso III, se erige como un pilar fundamental para la vida cotidiana de los ciudadanos. Este precepto delinea con precisión las funciones y servicios públicos que los ayuntamientos están obligados a asumir, garantizando así el bienestar colectivo en el ámbito local.
Todos los mexicanos tenemos el derecho inalienable de exigir a nuestras autoridades municipales la provisión eficiente de servicios esenciales como el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, y el tratamiento y disposición de aguas residuales. Estos elementos no son meros caprichos administrativos, sino derechos constitucionales que sustentan la salud y la dignidad humana.
No menos importante es el alumbrado público, que ilumina las noches urbanas y rurales, previniendo accidentes y fomentando la seguridad. Junto a él, la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos se convierten en baluartes contra la contaminación y el deterioro ambiental en nuestras comunidades.
Los mercados y centrales de abasto representan el pulso económico local, donde el ayuntamiento debe velar por su orden y accesibilidad, asegurando que el comercio fluya sin obstáculos y beneficie a productores y consumidores por igual.
Panteones y rastros municipales, aunque a menudo olvidados en el discurso público, son servicios que tocan la fibra más íntima de la sociedad: el respeto a los difuntos y la higiene en la producción alimentaria, respectivamente.
Las calles, parques y jardines, con su equipamiento correspondiente, no solo embellecen el paisaje urbano, sino que promueven la recreación y el esparcimiento, contribuyendo al equilibrio mental y físico de la población.
Finalmente, la seguridad pública, mediante el control de las policías preventivas municipales y de tránsito, cierra este catálogo de obligaciones, recordándonos que la paz social comienza en el nivel más cercano al ciudadano.
Sin embargo, la Constitución no deja a los ayuntamientos solos en esta tarea titánica. El mismo artículo faculta a las autoridades municipales para asociarse y coordinarse, previa acuerdo entre los involucrados, con el fin de optimizar la prestación de estos servicios y el ejercicio de sus funciones.
Esta intermunicipalización es una herramienta poderosa para enfrentar desafíos que trascienden fronteras locales, como la gestión de recursos hídricos o la recolección de residuos en zonas conurbadas.
Pero nuestra Carta Magna va un paso más allá, permitiendo la intervención temporal de los gobiernos estatales en servicios específicos, o bien, una coordinación conjunta entre estado y municipio para su prestación. Servicios críticos como la seguridad pública y el abasto de agua potable podrían ser absorbidos de manera emergente por el ejecutivo estatal, aunque este tema merece una exploración más profunda en futuras reflexiones.
Los ayuntamientos cuentan con mecanismos constitucionales para resolver problemáticas mediante acciones coordinadas, fomentando una gobernanza más eficaz y solidaria.
Este principio constitucional encuentra un eco vibrante en las acciones recientes del gobierno de Morelos, liderado por la gobernadora Margarita González Saravia, quien impulsa el desarrollo de la zona metropolitana con una visión sustentable y de justicia territorial.
La presentación del Proyecto de Agenda de Gobernanza Metropolitana para el Buen Vivir, junto con la firma del Convenio de Coordinación para el Reconocimiento de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, ejemplifica cómo la coordinación intermunicipal puede materializarse en beneficios concretos para la población.
Este instrumento estratégico busca establecer una planeación conjunta de largo plazo entre el gobierno estatal y los municipios involucrados, priorizando la sustentabilidad ambiental, la inclusión social y una justicia territorial que evite desigualdades en el acceso a servicios básicos.
Acompañada por su gabinete, incluyendo al jefe de la Oficina de la Gubernatura Javier García Chávez, el secretario de Gobierno Edgar Maldonado y el titular de Desarrollo Sustentable Alán Dupré, la mandataria subrayó que esta agenda representa un paso hacia el “ordenamiento de la casa”, con la homologación futura de reglamentos municipales para lograr un desarrollo armónico y eficiente.
La firma del Convenio de Coordinación para el Reconocimiento de la Zona Metropolitana de Cuernavaca marcó el momento culminante del evento, con la participación de los presidentes municipales de Cuernavaca (José Luis Urióstegui Salgado), Jiutepec (Eder Rodríguez Casillas), Temixco (Israel Piña Labra), Emiliano Zapata (Santos Tavarez García), Xochitepec (Roberto Gonzalo Flores Zuñiga), Huitzilac (César Dávila Díaz) y Tepoztlán (Perseo Quiroz Rendón).
Este convenio, que será publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, formaliza la coordinación interinstitucional para atender desafíos compartidos como el abastecimiento de agua, la movilidad, la gestión de residuos, la seguridad y el desarrollo económico. El alcalde de Cuernavaca, en representación de sus homólogos, destacó que se trata de una oportunidad para soluciones conjuntas más eficientes y oportunas, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante problemas que no respetan límites municipales.
El urbanista Rubén Pesci, invitado especial al acto, resaltó el carácter histórico de esta iniciativa al afirmar que la conformación plena de un área metropolitana representa un signo de modernidad que pocos países en América Latina han logrado implementar con éxito. Pesci, con experiencia en la creación de cinco zonas metropolitanas previas, expresó su orgullo por este logro en Morelos, posicionándolo como un referente nacional.
El evento contó además con la presencia de autoridades académicas, rectores y el titular de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Hacienda, Freddy Esteban Congo Suárez, lo que subraya el enfoque integral y colaborativo del proyecto, orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias morelenses mediante la articulación de recursos humanos, financieros y de planeación.
El gobierno de Margarita González Saravia materializa uno de los principios más avanzados del artículo 115 constitucional: la posibilidad de que los ayuntamientos, mediante acuerdos intermunicipales y con el respaldo del Ejecutivo estatal, superen las limitaciones locales para ofrecer servicios públicos más eficientes, equitativos y sustentables.
Esta iniciativa no solo ordena el desarrollo regional, sino que fortalece la capacidad de respuesta colectiva ante retos como el agua, la movilidad, la seguridad y la gestión de residuos, sentando las bases para una justicia territorial que beneficie a todas las familias morelenses.
En un contexto donde la coordinación es la clave para el progreso, Morelos da un ejemplo concreto de cómo la Constitución puede traducirse en acciones transformadoras, abriendo la puerta a un modelo metropolitano moderno, inclusivo y de largo aliento que pocos estados han logrado consolidar con tanta claridad y compromiso.
