UN PLAN CON OJOS CIUDADANOS: LA ESPERANZA TANGIBLE PARA LA SEGURIDAD UNIVERSITARIA EN MORELOS

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 18 de marzo de 2026
En un estado donde la inseguridad ha sido durante años una sombra que acecha incluso los espacios que deberían ser los más seguros —los campus universitarios—, la gobernadora Margarita González Saravia acaba de dar un paso que podría marcar un antes y un después. No se trata solo de otro anuncio gubernamental con cifras prometedoras; es la instalación formal de una Comisión de Seguimiento y, sobre todo, de un Observatorio Ciudadano independiente que vigilará cada peso y cada avance del Plan Integral de Seguridad Universitaria. Por primera vez, la sociedad morelense no será mera espectadora: tendrá herramientas reales para exigir resultados.
Lo más concreto y esperanzador del anuncio son las acciones inmediatas que arrancarán en cinco instituciones públicas clave: la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) y las sedes del Tecnológico Nacional de México en Zacatepec y Cuautla. Ahí se instalarán 5 mil cámaras de vigilancia, mil luminarias solares, 20 postes inteligentes, 10 paraderos seguros, nueve módulos con presencia de elementos de la Policía de Investigación Bancaria y Aduanera (PIBA) y dos arcos de revisión vehicular. Estas no son promesas vagas; son números que, si se cumplen, transformarán la realidad diaria de miles de estudiantes, docentes y familias que hoy transitan con temor por calles aledañas o estacionamientos oscuros.
Pero el verdadero valor diferencial de esta iniciativa radica en la rendición de cuentas. El Observatorio Ciudadano, integrado por siete ciudadanos reconocidos —Armando Haddad Giorgi, José Antonio Moya Pereda, Elsa Martha Zavala López, Susan Grillo Arana, René Rodríguez Carranza, César Salgado Castañeda y Honorina Estrada Macedo—, no es un grupo decorativo. Podrá realizar visitas de verificación sin previo aviso, solicitar cronogramas detallados, datos presupuestales y protocolos, y emitir recomendaciones públicas. Además, la Comisión de Seguimiento —coordinada por Javier García Chávez y respaldada por 12 dependencias estatales— deberá entregar informes trimestrales directos a la gobernadora, con obligación de transparentarlos a la ciudadanía. Esto rompe con la tradición de planes que nacen con bombo y mueren en el olvido.
No menos importante es el reconocimiento a la participación estudiantil. La gobernadora destacó que los jóvenes “dejaron la apatía a un lado” y ya conformaron Consejos Estudiantiles Universitarios en todo el estado. Ellos dejan de ser solo beneficiarios pasivos para convertirse en coautores de la transformación. El plan no se limita a infraestructura: incluye protocolos contra violencias universitarias, acompañamiento socioemocional, actividades culturales y deportivas. Es un enfoque integral que atiende tanto la prevención del delito como las causas profundas de la vulnerabilidad juvenil.
Claro, el escepticismo es legítimo. Morelos ha visto muchos anuncios de seguridad que se diluyen en la burocracia o en la falta de seguimiento. Sin embargo, la combinación de metas cuantificables, supervisión ciudadana activa y participación estudiantil organizada genera una ecuación diferente: presión social real + transparencia obligatoria + ejecución visible. Si el Observatorio funciona como se promete y las cámaras y luces se instalan en tiempo y forma, este plan podría prevalecer más allá de una administración.
Para las familias morelenses que envían a sus hijos a la universidad con el corazón en la mano, este no es solo un comunicado oficial. Es una oportunidad concreta de recuperar la tranquilidad en los campus. Ahora toca a la sociedad —y especialmente al Observatorio— hacer que las palabras se conviertan en hechos. La historia de Morelos está en espera de que, esta vez, sí se cumpla.
