LA MANIPULACIÓN DE LA TRAGEDIA: CUANDO EL DOLOR SE CONVIERTE EN BANDERA POLÍTICA (RECORDANDO A ALEJANDRO CHAO)
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 24 de marzo de 2026
En los movimientos de presión social, especialmente en entornos universitarios cargados de emotividad, una práctica recurrente consiste en reescribir la historia a conveniencia de quienes aspiran a convertirse en nuevos protagonistas o en actores políticos emergentes. Se selecciona un hecho trágico, se ignora su contexto real y se transforma en símbolo de una narrativa más amplia: la del “sistema” culpable, la de las autoridades omisas, la de la “inseguridad institucional”. El objetivo no es siempre la justicia; muchas veces es el poder.
Un ejemplo claro y doloroso de esta manipulación ocurrió hace casi doce años con el asesinato del doctor Alejandro Chao Barona, destacado investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y de su esposa Sara Rebolledo. El crimen sucedió el 5 de mayo de 2014 en su propio domicilio de la colonia Tlaltenango.
No fue un acto de violencia callejera ni un ataque aleatorio contra la comunidad universitaria. Al día siguiente, 6 de mayo, la Fiscalía detuvo a los presuntos responsables: exempleados del propio matrimonio. El caso se resolvió con inusual celeridad; los culpables fueron condenados a 40 años de prisión cada uno y hoy se pudren en la cárcel.
Sin embargo, eso no impidió que se organizara una multitudinaria marcha contra el gobierno estatal de entonces. El luto legítimo se politizó. El dolor por la pérdida de un gran académico se utilizó para cuestionar la seguridad en Morelos, como si la rápida detención y el esclarecimiento del homicidio no contaran.
Hoy, la autodenominada Resistencia Estudiantil sigue presentando a Chao Barona como “una víctima más de la inseguridad en la UAEM”. Es una distorsión flagrante. Fue un crimen de índole personal, cometido por personas cercanas a las víctimas, no un reflejo de la violencia generalizada en los campus.
Esta misma lógica se repite en marzo de 2026 con la trágica desaparición y posterior hallazgo sin vida de la estudiante Kimberly Joselin Ramos Beltrán. El caso generó, con razón, indignación y movilizaciones. Pero nuevamente se observa cómo el sufrimiento se instrumentaliza. A pesar de los avances reportados por las autoridades —detención de un presunto responsable y localización del cuerpo—, las protestas no se han centrado exclusivamente en exigir justicia plena, sino que han derivado en tomas de instalaciones, bloqueos, demandas de suspensión de clases y, sobre todo, en el señalamiento directo contra la gobernadora Margarita González Saravia y contra la rectora Viridiana León Hernández, a quien incluso se le la exigido la destitución. No dejo de indicar que la Fiscalía de Morelos tiene avances en torno al feminicidio de Karol Toledo, otra estudiante universitaria ultimada en Mazatepec, pero no ha revelado detalles para no derrumbar las indagatorias y quebrantar el debido proceso.
El patrón es idéntico al de 2014: se minimizan los progresos de la investigación, se ignora el contexto específico de los casos y se construye un relato de “omisión institucional” que sirve para presionar, desestabilizar y, en el fondo, reposicionar a ciertos actores como los “verdaderos defensores” de la comunidad universitaria. La historia se manipula no para honrar la memoria de las víctimas, sino para alimentar agendas que van más allá del dolor concreto.
Es comprensible el miedo y la exigencia de seguridad en un estado que sigue padeciendo altos índices de violencia. Nadie minimiza el sufrimiento de las familias ni el legítimo derecho a protestar. Pero cuando las movilizaciones persisten con la misma vehemencia incluso tras detenciones y hallazgos, y cuando se incorporan demandas políticas como la renuncia de autoridades universitarias o estatales, surge la legítima sospecha: ¿se trata de buscar verdad y justicia, o de aprovechar el momento para ganar visibilidad, capital político o incluso para preparar futuros escenarios electorales o de control interno en la UAEM? Esta institución (lo hemos constatado durante décadas) alberga fuertes intereses, a los cuales me referiré en una columna posterior.
La universidad no puede ni debe convertirse en un escenario permanente de confrontación partidista. Sus tragedias merecen ser atendidas con rigor, con transparencia y con el foco puesto en las investigaciones, no en la construcción de narrativas convenientes. Manipular la historia de Alejandro Chao Barona para encajar en el discurso actual de “inseguridad en la institución” es un acto de deshonra hacia su legado como investigador. Hacer lo mismo con el caso de Kimberly Ramos, ignorando los pasos dados por las autoridades, solo prolonga el sufrimiento y erosiona la credibilidad de cualquier movimiento.
Morelos y su universidad necesitan menos espectáculos de indignación selectiva y más compromiso con la verdad. La justicia no avanza con banderas políticas, sino con hechos, evidencias y perseverancia. Ojalá esta vez prevalezca la madurez: que el dolor sirva para unir en la exigencia real de seguridad y esclarecimiento, y no para que unos cuantos se erijan como nuevos salvadores a costa de reescribir lo que ya está escrito.
La historia no se repite por casualidad. Se repite porque conviene a quienes quieren protagonizar el siguiente capítulo.
