MORELOS ANTE SUS HIJAS ASESINADAS: LO QUE LOS GOBIERNOS NO HAN QUERIDO VER Y LO QUE TAMBIÉN CALLÉ

OPINIÓN
Por Jorge Argüelles
Viernes 3 de abril de 2026

Hay dolores que no se miden en encuestas ni se negocian en una mesa política. Se miden en nombres escritos sobre cartulinas moradas, en madres que cargan las fotos de sus hijas, en las cruces colocadas frente a los palacios de gobierno de un estado que lleva años conviviendo con la palabra feminicidio como si fuera parte inevitable del paisaje. En Morelos, esa palabra ya no es una estadística: es Kimberly, es Karol, son las jóvenes de la UAEM, son las 121 mujeres asesinadas solo en 2025 que documentó la Comisión Independiente de Derechos Humanos, y los 1,655 feminicidios contabilizados en 25 años.

Durante demasiado tiempo hemos hablado de todo menos de esto. Discutimos elecciones, cargos, alianzas, escándalos, pero no miramos de frente que este estado, nuestro estado, se ha vuelto un territorio donde ser mujer implica un riesgo cotidiano y donde la respuesta institucional ha llegado tarde, mal y, muchas veces, de manera ofensivamente burocrática. No es una crisis que haya nacido ayer, ni con un solo gobierno, ni con un solo partido; es una herida que atravesó el sexenio de Cuauhtémoc Blanco y que sigue abierta bajo el gobierno actual, pese a una Alerta de Violencia de Género que lleva más de una década declarada sin demostrar que pueda frenar la barbarie.

Morelos vive una violencia feminicida que es estructural, no coyuntural. En 2025 se registraron 121 feminicidios, el segundo año más letal para las mujeres después de 2023, según el informe de la CIDHM. Tan solo entre 2025 y 2026 se habla de 142 feminicidios bajo la actual administración, mientras las autoridades siguen sin ofrecer resultados contundentes y los colectivos advierten que más del 90 por ciento de los casos permanece en impunidad. Entre un pico de indignación y otro, lo que permanece es la falta de investigación con perspectiva de género, la precariedad pericial y la ausencia de políticas preventivas integrales.

En este contexto, sería fácil -y cómodo- escribir un artículo para señalar con el dedo a los gobiernos en turno y colocarnos en una supuesta superioridad moral. También somos parte de políticos que, muchas veces, guardaron silencio. Hubo momentos en los que pudimos levantar la voz con más fuerza y no lo hicimos; hubo marchas que miramos desde lejos; hubo madres que no escuchamos a tiempo. Esa omisión, ese silencio, también cuentan. Por eso hoy, antes de exigir cuentas a nadie, yo empiezo ofreciendo una disculpa pública a las mujeres de Morelos, a las familias de las víctimas y a los colectivos que llevan años sosteniendo esta lucha casi en soledad.

Decir que todos somos responsables no debe servir para que nadie lo sea en concreto. Cada administración ha tenido en sus manos decisiones, presupuestos y herramientas que pudo usar mejor. Durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, la frivolidad y la dispersión fueron marcas registradas: mientras crecían los feminicidios y las desapariciones de mujeres, la alerta de género se enquistaba en la burocracia sin un rediseño serio, y la Fiscalía era señalada por reclasificar casos y no integrar debidamente las carpetas de investigación. Ese abandono institucional tiene un costo que se cuenta en vidas.

Bajo el actual gobierno estatal, la realidad es distinta en el discurso, pero dolorosamente parecida en los resultados. Distinta, porque hoy se habla de “prioridad”, de “cero tolerancia”, de “desburocratizar” los mecanismos, se convocan reuniones con alcaldes y alcaldesas y se firman agendas feministas. Parecida, porque mientras esto ocurre en los boletines, las madres siguen buscando, los colectivos siguen marchando y las cifras de mujeres asesinadas y desaparecidas no muestran una disminución real; al contrario, 2025 fue uno de los años más violentos para ellas.

Cuando un gobierno responde a la indignación social insinuando “oportunismo político” en las protestas del 8M, mientras miles de mujeres exigen justicia por Kimberly y Karol, se repite el reflejo de un poder que se siente acosado por la crítica en lugar de entenderla como el termómetro de su trabajo. No se trata de decir que todos lo han hecho igual; hubo momentos de mayor desdén abierto y momentos de mayor cuidado en las formas. Pero para las mujeres de Morelos el saldo es brutalmente simple: con unos y con otros, siguen siendo asesinadas.

Aquí ya no basta con mirar hacia Palacio de Gobierno o hacia la Fiscalía. También tenemos que mirarnos hacia adentro como quienes hacemos política. No solo quienes ocupan el Ejecutivo, sino quienes hemos legislado, gestionado, hecho campañas, negociado presupuestos y opinado en medios. Demasiadas veces el tema de los feminicidios apareció en nuestras agendas solo cuando la presión social lo volvió ineludible, cuando las marchas tomaron las calles o cuando el tema sirvió para golpear al adversario.

Yo no puedo hablar en nombre de todos, pero sí puedo hablar por mí. Hubo veces en que opté por no incomodar a nadie sobre la obligación de decir lo que era necesario. Hubo ocasiones en que pude haber exigido más recursos, más transparencia, más resultados, y no insistí lo suficiente. Hubo mesas donde se habló de todo, menos de las mujeres que estaban siendo asesinadas fuera de esas paredes. Esa distancia no es neutra. También hiere. También manda el mensaje de que la vida de las mujeres vale menos que la estabilidad de los acuerdos políticos.

Pedir disculpas es solo el primer paso, y no resuelve nada si no viene acompañado de decisiones concretas. De nada sirve que un político diga “me equivoqué” si al día siguiente actúa como si nada hubiera pasado. Lo que hoy quiero proponer, desde esta autocrítica, es otra forma de estar: no solo como voz que denuncia desde una tribuna, sino como presencia que acompaña y se deja interpelar por las familias y por los colectivos.

Eso implica, al menos, tres compromisos. Primero, estar del lado de las víctimas incluso cuando eso signifique señalar errores de gobiernos cercanos o lejanos políticamente; la dignidad de las mujeres de Morelos no puede supeditarse a lealtades partidistas. Segundo, impulsar una agenda verificable: seguimiento público a carpetas emblemáticas, evaluación ciudadana de la alerta de género, presupuesto blindado para refugios, prevención y atención, así como un escrutinio constante del trabajo de la Fiscalía. Tercero, entender que no se trata solo de vigilar al gobierno, sino de ofrecer trabajo y propuestas, de ser puente entre las exigencias de la calle y los despachos donde se toman decisiones.

No ofrezco consuelo porque sé que ninguna palabra repara el hueco que deja una hija que no vuelve a casa. Lo que sí puedo ofrecer es presencia, trabajo y un compromiso público: no volver a guardar silencio cuando en Morelos se asesine a una mujer, no usar el dolor ajeno como herramienta de campaña y no dejar de insistir hasta que la pregunta deje de ser cuántas mujeres más van a matar, y pueda ser, por fin, cuántas mujeres hemos logrado salvar. Si Morelos no es capaz de cuidar a sus hijas, ningún otro indicador de gobierno podrá llamarse, honestamente, progreso.