EL DOLOR QUE NO SE MINIMIZA: LA CRUDA REALIDAD DE LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO Y MORELOS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 3 de abril de 2026
En México, las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) revelan una tragedia que supera las 132 mil personas aún registradas como desaparecidas o no localizadas hasta marzo de 2026, de un total histórico de casi 395 mil reportes desde 1952. Aunque se presume un gran esfuerzo gubernamental con búsquedas, comisiones especializadas y actualizaciones constantes, la realidad es implacable: miles de familias viven en la incertidumbre eterna, sin respuestas ni justicia.
Se ha dicho mucho y se ha presumido mucho, pero la magnitud de quienes jamás aparecieron —ni vivos ni muertos— desmiente cualquier narrativa de control o avance sustancial. El problema no es solo numérico; es un agujero negro en la conciencia nacional donde la violencia del crimen organizado, la impunidad y la ineficacia estatal se entretejen sin tregua.
El reciente informe del gobierno federal intenta depurar el registro y reduce los “casos vigentes” a alrededor de 43 mil, argumentando datos incompletos o actividades posteriores en otros miles. Sin embargo, esta reclasificación choca frontalmente con la evidencia: de esos casos con información completa y sin rastro, las fiscalías estatales solo han abierto carpetas de investigación en menos de 4 mil. Organizaciones de la sociedad civil y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU denuncian negligencia sistemática y advierten que la crisis podría configurar crímenes de lesa humanidad.
La narrativa oficial, que insiste en atribuir todo al crimen organizado y celebra localizaciones masivas, minimiza la dimensión estructural del problema y deja a miles de expedientes en el limbo, como si el dolor se resolviera con estadísticas reinterpretadas.
En Morelos, el panorama no es ajeno a esta crisis nacional. Según reportes de la Red Lupa y el propio registro estatal, al cierre de mayo de 2025 sumaban cerca de 2 mil personas desaparecidas pendientes, con un incremento sostenido desde 2016 y picos alarmantes en 2022. La Comisión Estatal de Búsqueda reporta esfuerzos locales —como la localización de decenas de casos en los primeros meses de 2026 y una tasa de resolución cercana al 80 por ciento en algunos periodos—, pero la cifra acumulada sigue creciendo. En un estado de tamaño medio y con vocación turística, estas desapariciones no son anécdotas aisladas: son el reflejo de redes criminales que operan con relativa impunidad, mientras las familias morelenses recorren fosas, morgues y oficinas sin obtener respuestas claras.
Nadie desea el infierno que padecen los familiares de un ser querido desaparecido: la espera eterna, las noches en vela, las marchas bajo el sol y el vacío que carcome el alma. Ese dolor es real, profundo e irremplazable. Sin embargo, las más altas autoridades insisten en una narrativa humanista que promete transformación y justicia, mientras los hechos —la falta de investigaciones serias, las fosas clandestinas y los miles sin rastro— demuestran lo contrario.
La retórica choca violentamente contra la realidad: mientras se minimizan cifras y se reetiquetan casos, el sufrimiento de miles de mexicanos y morelenses sigue intacto, exigiendo verdad, no palabras huecas. Solo reconociendo esta herida abierta podremos aspirar a sanarla.
