LA IMPUNIDAD QUE DESARMA A LA NACIÓN Y ALCANZA A MORELOS
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 28 de abril de 2026
Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, lo dijo sin rodeos este lunes ante el Senado: la impunidad ronda el 95 por ciento en muchos delitos y la “cifra negra” de los que nunca se denuncian supera el 90 por ciento en varios rubros. De los casos que sí llegan a las fiscalías, una proporción ínfima se judicializa y un porcentaje altísimo termina en no ejercicio de la acción penal. “Eso quiere decir que hay impunidad”, sentenció.
Sus palabras resuenan con fuerza en Morelos, donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de procuración de justicia no es un rumor, sino una realidad cotidiana.
Desde hace décadas, los morelenses hemos escuchado y padecido esta misma historia. La gente no denuncia principalmente porque percibe que “no pasa ni pasará nada”. Pero detrás de esa percepción hay un factor aún más corrosivo: la prepotencia y la frialdad con que algunos servidores públicos reciben a las víctimas en las fiscalías. Ese primer contacto, muchas veces humillante o burocrático, termina por cerrar la puerta antes de que el caso siquiera inicie su camino.
En Morelos, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar ha insistido, en más de una ocasión, en la necesidad de concientizar a todo el personal de la Fiscalía General del Estado sobre el trato digno a las víctimas. Ha colocado el enfoque en ellas como eje de la misión institucional. Es un esfuerzo loable y necesario, pero aún insuficiente ante la magnitud del problema. Las buenas intenciones deben traducirse en protocolos claros, capacitación constante y, sobre todo, en una cultura de servicio que sustituya la arrogancia por empatía.
Un sistema integral de seguridad pública descansa en cuatro pilares fundamentales: la prevención y disuasión del delito (hoy a cargo de las policías municipales, la estatal, la Guardia Nacional y Defensa); la persecución efectiva de los delincuentes a través de los Ministerios Públicos; la administración e impartición de justicia en los juzgados respectivos; y la readaptación social de los sentenciados. Cuando uno de estos pilares falla —y en nuestro caso falla el segundo con estrépito—, todo el edificio se tambalea. Y quienes más sufren las consecuencias son los ciudadanos comunes, los que viven con miedo y sin confianza.
Godoy Ramos reconoció que urge recuperar la credibilidad para que la población vuelva a denunciar. Por eso impulsa en cada fiscalía estatal grupos especializados que reciban, atiendan y canalicen adecuadamente a los denunciantes. En Morelos esa misma lógica debe aplicarse con rigor. No basta con abrir ventanillas; se requiere cambiar la actitud de quienes las atienden. Un buen trato no es un favor, es una obligación constitucional.
La cifra negra no solo oculta la verdadera dimensión de la delincuencia; también alimenta la impunidad. Si la mayoría de los delitos ni siquiera se registra, las estadísticas oficiales se convierten en un espejismo que engaña a la sociedad y a las propias autoridades. Morelos no puede darse el lujo de seguir viviendo en esa ficción.
Blumenkron tiene ante sí el reto de convertir las palabras en resultados tangibles. Cada víctima que es bien atendida y cuyo caso avanza representa una grieta en el muro de la desconfianza. Cada denuncia atendida con profesionalismo y celeridad es un paso para reconstruir el tejido social.
La impunidad no se combate solo con más policías o más cárceles. Se combate, en primer lugar, restituyendo la fe de la ciudadanía en sus instituciones. Si las fiscalías morelenses logran dar ese giro cultural hacia las víctimas, estaremos empezando a apuntalar el pilar que hoy amenaza con derrumbar todo el sistema de justicia en la entidad. El tiempo apremia y la paciencia de la gente se agota.
