¡Se rompen las negociaciones! Ciudadanos hartos de corralones cierran diálogo con el gobierno de Morelos
Tras tres meses de intensas reuniones y siete mesas de trabajo sin resultados concretos, las organizaciones civiles decidieron suspender de forma definitiva las conversaciones con las autoridades estatales sobre la regulación de los cobros de grúas y servicios de corralón.
Los colectivos ciudadanos expresaron su profunda frustración ante la falta de avances reales. Denunciaron que los elevados costos por resguardo de vehículos siguen sin control, pues no existe un tabulador estatal oficial, lo que genera cobros arbitrarios y abusivos. Esta situación golpea incluso a víctimas de robo de autos, quienes, al recuperar sus unidades, se enfrentan a facturas millonarias que representan una “segunda victimización”.
Los activistas recordaron que en noviembre de 2025 el Congreso local aprobó por unanimidad —impulsado por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz— una reforma para combatir estos abusos. El Decreto 1004 se publicó el 3 de febrero de 2026 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, sin embargo, su implementación sigue estancada y sin aplicación efectiva.
Criticaron duramente que las propuestas del gobierno se centran únicamente en aspectos operativos del servicio de grúas, ignorando por completo la protección de los derechos de los usuarios y la necesidad de tarifas justas y transparentes.
Ante el impasse, las organizaciones anunciaron que redoblarán esfuerzos a través de vías legales y legislativas para que sus demandas sean escuchadas. Su objetivo es claro: acabar con los abusos sistemáticos de las empresas de arrastre y garantizar que los morelenses dejen de ser los grandes perjudicados por una regulación débil y permisiva.
Esta decisión marca un punto de inflexión en el conflicto y mantiene latente la inconformidad ciudadana en todo el estado.
