Morelos registra uno de los niveles más altos de impunidad penal en México, según Radiografía de la Impunidad 2024
Morelos se posiciona entre las entidades federativas con mayor impunidad en el sistema de justicia penal mexicano, de acuerdo con el estudio Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024 de México Evalúa.
El Índice de Impunidad Penal Institucional coloca a la entidad con un 97.61% de casos sin resolución efectiva, solo por debajo de Jalisco y por encima de Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. Esto refleja una incapacidad estructural del Estado para investigar, procesar y sancionar delitos, dejando la gran mayoría de los conflictos penales sin una respuesta satisfactoria para las víctimas.
En el flujo procesal, Morelos muestra un uso moderado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), resolviendo solo el 2.03% de los casos a través de ellos, una cifra inferior al promedio nacional. Aunque judicializa algunos casos (alrededor de 2,347 en 2024 más 693 pendientes), estos números resultan insuficientes frente al volumen de carpetas iniciadas (46,785) y los rezagos acumulados, como los 12,301 archivos temporales del año anterior y 18,270 pendientes. Esta acumulación genera un cuello de botella que perpetúa la impunidad, especialmente en delitos de alto impacto.
El estado también enfrenta desafíos en la etapa judicial, con un alto porcentaje de sentencias absolutorias (48.65% del total), lo que sugiere debilidades en la investigación y litigación de las fiscalías. Además, depende en gran medida de determinaciones como el No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP) y archivos temporales, que no resuelven el fondo del conflicto ni reparan el daño a las víctimas. Estos patrones contribuyen a una baja efectividad general y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
Frente a este panorama, el estudio de México Evalúa subraya la necesidad de priorizar políticas orientadas a resultados en Morelos, como fortalecer la investigación ministerial, ampliar el uso efectivo de MASC con seguimiento riguroso, reducir el rezago y mejorar la coordinación entre fiscalías y poderes judiciales. Sin cambios estructurales, la impunidad continuará afectando la seguridad y el acceso a la justicia en la entidad.
El reporte invita a replicar buenas prácticas de entidades como Querétaro o Tlaxcala para avanzar hacia un sistema más eficiente.
