IMPULSA ALBERTO SÁNCHEZ INSTITUCIONALIZAR EN EL PROCESO LEGISLATIVO UN PROTOCOLO DE CONSULTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
– Este grupo representa el 19.1% de la población total en la entidad, ubicándola como la minoría más grande en Morelos afectando a casi dos de cada diez habitantes.
El diputado Alberto Sánchez Ortega propuso institucionalizar un Protocolo de Consulta Técnico-Procedimental obligatorio en la Ley Orgánica y Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que tome en cuenta a las personas con discapacidad en el proceso legislativo, al considerarlo como un acto de madurez política, de estricta justicia social y para atender con total claridad el concepto constitucional de “invalidez al proceso legislativo por omisión de consulta”.
El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, solicitó “analizar la realidad con el rigor que nos exige Morelos”, al dar a conocer que este grupo representa el 19.1% de la población total en la entidad, ubicándola como la minoría más grande y que afecta a casi dos de cada diez habitantes.
Durante la sesión ordinaria de este día, hizo uso de la tribuna para señalar que, “cuando este Congreso aprueba una reforma que impacta a este 19.1% de la población, sin agotar la etapa previa en iniciativas y dictámenes, omitimos nuestras obligaciones en materia de derechos humanos tanto en lo convencional como en lo constitucional”.
Aseguró que “muchas de nuestras leyes destinadas a protegerles han nacido con un vicio de origen” y que se debe entender con total claridad el concepto constitucional de “invalidez al proceso legislativo por omisión de consulta”, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la consulta previa no es un acto político de cortesía: ¡Es una formalidad esencial del procedimiento legislativo!
Alberto Sánchez aseguró que la buena voluntad no puede ser una casualidad de cada legislatura; debe ser una norma institucional. “Por eso, planteo institucionalizar un Protocolo de Consulta Técnico-Procedimental obligatorio en nuestra Ley Orgánica y Reglamento”, el cual será la ruta crítica que guiará paso a paso a cada legislador y asesor. Nos dirá exactamente cómo operar los siete pilares mínimos exigidos por la Corte: procesos previos, públicos, accesibles, informados, estrechos, significativos y transparentes.
“Aprobar esta reforma no es votar por un trámite administrativo más; es votar para que el 19.1% de nuestros representados dejen de ser espectadores y se conviertan en los arquitectos de sus propias leyes y en protagonistas de su propio cambio”, enfatizó el diputado Alberto Sánchez.
