CONTINUARÁ FISCALÍA MORELOS FORTALECIENDO ACCIONES CONTRA LA EXTORSIÓN: FERNANDO BLUMENKRON
La Fiscalía General del Estado de Morelos continuará fortaleciendo las acciones contra el delito de extorsión, incrementando el número de detenciones, operativos y cateos en los diversos municipios de la entidad, así lo afirmó el titular de la institución, Fernando Blumenkron Escobar.
Cabe señalar que de enero a junio del 2026, 134 personas han sido detenidas por el delito de extorsión, 212 casos han sido resueltos, el 72 por ciento de ellos en Cuautla y el resto en municipios de la zona Oriente.
“Ha habido acciones contundentes en contra de bandas de extorsionadores, detenciones importantes en Cuautla, en Yautepec, en la región Oriente, y también personas que han sido sentenciadas por el delito de extorsión y secuestro, yo creo que estas acciones van a permitir no sólo la confianza de la ciudadanía sino que haya resultados positivos en el combate a la extorsión”, precisó.
Mencionó que de unos meses a la fecha se han incrementado las denuncias a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), 089, 911 y una plataforma nacional. “Lo que les decimos es que confíen, tienen temor de acudir personalmente, pueden hacerlo -denunciar- a través del 089 y esto nos va a permitir iniciar la investigación”, expresó.
Al ser entrevistado por representantes de medios de comunicación en torno al caso de Víctor “N”, ex funcionario federal, Blumenkron Escobar comentó que para la Fiscalía lo principal es hacer justicia a las víctimas de violencia y a sus hijos, y en este tema el imputado quedó libre a través de la suspensión condicional del proceso, que es uno de los mecanismos alternos establecidos para el delito de violencia familiar en el Código Nacional de Procedimientos Penales y no por el perdón legal que le otorgó la víctima.
Asimismo, señaló que en lo que va del año, el Centro de Justicia para la Mujeres (CJM) ha llevado a cabo 34 suspensiones condicionales del proceso en torno al delito de violencia familiar, en donde la víctima y el agresor han llegado a un acuerdo bajo medidas que son supervisadas por la autoridad judicial para dar parte al juez y al Ministerio Público.
