México registra su primera caída sostenida de homicidios en una década… pero una brecha de 3,600 muertes obliga a mirar con lupa los números
Por primera vez en diez años, las cifras de violencia homicida en México apuntan a una disminución clara y sostenida. Según el análisis del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las estadísticas de defunciones registradas del INEGI coinciden en la tendencia a la baja.
En 2025 se contabilizaron de forma preliminar 27,989 presuntos homicidios, lo que equivale a una tasa de 21.4 por cada 100 mil habitantes, frente a los 25.8 de 2024. El descenso se aceleró en el primer semestre de 2026: las fiscalías del país registraron 9,305 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, 40 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La reducción fue proporcional entre grupos: 40 % menos en hombres, 41 % en mujeres y 28 % en feminicidios. La composición de las víctimas (especialmente la alta proporción de hombres asesinados con arma de fuego) se mantuvo casi igual, lo que sugiere que la baja no se explica solo por un cambio en los registros, sino por una posible disminución real de la violencia armada organizada.
Sin embargo, el mismo estudio advierte de anomalías que requieren un examen riguroso. Existe una creciente discrepancia entre las dos fuentes oficiales. Mientras el INEGI integra defunciones a partir de certificados de defunción y registros administrativos, el SESNSP solo cuenta las víctimas que aparecen en las carpetas de investigación de las fiscalías.
En 2024 el INEGI reportó 8.5 % más homicidios que las fiscalías; en 2025 la diferencia subió a 15 %, equivalente a alrededor de 3,600 muertes por homicidio documentadas en los registros de mortalidad que no figuran como víctimas en las carpetas de investigación.
Esa brecha no se repartió de manera uniforme: se concentró precisamente en entidades que mostraron los descensos más pronunciados, como Quintana Roo, Zacatecas y San Luis Potosí. En esos estados, la relación entre los registros del INEGI y del SESNSP pasó de cerca de 1 a 1.7 o más.
En otras palabras, por cada cuatro víctimas registradas en carpetas de investigación pueden existir hasta siete defunciones por homicidio certificadas.
El análisis de la Ibero no atribuye estas diferencias a una manipulación deliberada ni señala una causa única. Sí sostiene, con claridad, que el contraste obliga a revisar con mayor rigor la magnitud real de las reducciones y a explicar por qué tantas muertes certificadas no se reflejan en los datos de las fiscalías.
En resumen: la tendencia a la baja es real y se observa en distintas fuentes, pero su tamaño exacto sigue sujeto a la calidad y consistencia de los registros. Comprender el fenómeno exige datos confiables y un análisis cuidadoso, estado por estado.
