CARAS VEMOS, SÍNDICOS NO SABEMOS: LOS AYUNTAMIENTOS DE MORELOS EN MANOS DE QUIENES NO DEBIERAN

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 19 de agosto de 2026

En Morelos, cada proceso electoral municipal se presenta como un ejercicio democrático. En realidad, a menudo es un reacomodo de cuotas de poder donde lo que menos importa es la voluntad ciudadana y lo que más pesa es quién controla el cabildo, la policía y las decisiones que permiten operar con impunidad.

Se avecina otro ciclo electoral y, como siempre, aparecerán las mismas caras o sus herederos pidiendo reelección o continuidad. Pero, caras vemos, síndicos no sabemos.

Lo ocurrido en Yautepec es la prueba más descarnada y reciente de hasta dónde llega la vulnerabilidad de estos espacios. El 30 de junio, en una cancha de usos múltiples de la colonia Rancho Nuevo, familias y vecinos se reunieron a ver el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador. Llegaron hombres armados y abrieron fuego. Tres personas murieron, nueve resultaron heridas, entre ellas menores de edad. No fue un “ajuste de cuentas” aislado ni un “hecho fortuito”.

Según la Fiscalía del Estado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión contra Karla “N”, síndica municipal del Ayuntamiento de Yautepec, militante de Morena, por su probable responsabilidad como quien habría ordenado la agresión.

Las indagatorias de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio señalan que la funcionaria habría dirigido el ataque. Previamente, el 16 de julio, ya habían sido vinculados a proceso América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N” por homicidio calificado y tentativa. Con la detención de la síndica suman cuatro personas detenidas. Estas acciones, dice el comunicado oficial, son resultado de labores de investigación e inteligencia de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. Hasta ahí los hechos documentados. El resto es el contexto que duele.

Karla Herrera no era una figura aislada. Era funcionaria cercana a Eder Alonso, actual presidente municipal, el tercero de la familia Alonso en ocupar el Ayuntamiento de un municipio históricamente azotado por el crimen organizado. La familia ha mantenido el poder local durante años; ella era vista, según versiones locales, como la carta de un diputado federal de la misma corriente para la próxima contienda.

En un cabildo, la síndica no es decorativa: tiene peso específico, participa en decisiones clave y, entre otras cosas, influye en nombramientos sensibles, incluido el de jefes de policía. Cuando grupos criminales logran colocar o cooptar a estos actores, no necesitan asaltar el edificio: ya tienen la llave desde adentro.

Yautepec no es una excepción. Morelos lleva años con ayuntamientos infiltrados, financiados o intimidados por organizaciones delictivas. Reportes recientes de inteligencia y operativos federales han mostrado cómo el crimen no solo compra protección: impulsa candidatos, coloca regidores y síndicos, y convierte a los municipios en territorios de operación. En 35 de 36 municipios hay presencia acreditada de al menos un grupo.

La policía local se vuelve extensión o rehén. Los cabildos dejan de ser órganos de representación y se transforman en botín. Y cuando llega la reelección, los mismos actores —o sus operadores— piden “continuidad” con el argumento de la experiencia, mientras las balas siguen marcando la agenda.

La gravedad de Yautepec no está solo en los tres muertos y los nueve heridos de aquella noche de Mundial. Está en lo que revela: que un funcionario electo puede ser acusado de ordenar una ejecución colectiva en un espacio público, con menores presentes, y que esto ocurre en un municipio donde una familia política lleva años al frente. Está en que los ciudadanos que salen a ver un partido de fútbol se convierten en daño colateral de disputas internas de poder. Está en que, a pesar de los comunicados y las detenciones, la estructura que permite que esto se repita sigue intacta en demasiados cabildos.

De cara al próximo proceso electoral, la pregunta no es solo quiénes serán los candidatos. Es en manos de quiénes terminarán los ayuntamientos. Porque mientras las planillas se arman con “caras conocidas” y se vende la narrativa de la cercanía, lo que se decide en la sombra es quién controla la seguridad, los contratos, las nóminas y la impunidad. Los grupos criminales lo saben y actúan en consecuencia: infiltrarse cuesta menos que confrontar, y el rendimiento es mayor.

Morelos no necesita más discursos de “paz y seguridad” ni más mesas de coordinación que solo reaccionan después de la sangre. Necesita que la ciudadanía deje de votar a ciegas, que los partidos dejen de proteger a sus cuadros cuando la Fiscalía señala, y que las instituciones persigan no solo a los sicarios de abajo, sino a quienes desde el cabildo ordenan o permiten. Porque si los síndicos y regidores pueden ser piezas de ajedrez del crimen, entonces la democracia municipal es solo un escenario vacío donde se representa una obra cuyo verdadero director nunca aparece en la boleta.

Caras vemos. Síndicos —y lo que hay detrás— no sabemos. Y mientras no lo sepamos, cada elección municipal seguirá siendo una apuesta a ciegas con la vida de los ciudadanos.