Elecciones bajo riesgo: Morelos comienza a preparar la seguridad de 2027
La seguridad pública y la sucesión política comenzaron a cruzarse oficialmente en Morelos. Integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad sostuvieron una primera reunión con autoridades electorales para revisar el calendario, establecer mecanismos de colaboración y comenzar la planeación del proceso local 2026-2027. La anticipación resulta pertinente, pero difícilmente puede considerarse rutinaria: la entidad llegará a las urnas marcada por asesinatos, investigaciones contra funcionarios y evidencias de infiltración criminal en gobiernos municipales.
De acuerdo con el Gobierno de Morelos, en el encuentro participaron representantes del Impepac, del Tribunal Electoral estatal y de las dependencias que forman parte de la estrategia de seguridad. El comunicado oficial habla de coordinación institucional, intercambio de información y generación de condiciones para que la ciudadanía ejerza libremente sus derechos políticos. Sin embargo, no precisa cuáles municipios presentan mayores riesgos ni qué protocolos se aplicarán para impedir que grupos delictivos influyan en la designación de candidatos, las campañas o la jornada electoral.
El contexto obliga a ir más allá de la vigilancia de casillas. Investigaciones federales han señalado una posible infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales de por lo menos ocho municipios de Morelos, entre ellos Cuautla, Yecapixtla y Atlatlahucan. A ello se agregan detenciones de autoridades y exfuncionarios, el asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, y la vinculación a proceso de la síndica de Yautepec, Karla “N”, por su presunta responsabilidad en un ataque que dejó tres muertos y nueve heridos. En Coatlán del Río, además, fue asesinado recientemente un excandidato a la presidencia municipal.
Por eso, el verdadero desafío no será únicamente proteger urnas y oficinas electorales, sino blindar la selección de candidaturas. La intervención criminal puede comenzar mucho antes de las campañas: mediante financiamiento ilegal, amenazas para retirar aspirantes, imposición de candidatos, compra de estructuras partidistas o cooptación de policías municipales. Si las autoridades esperan hasta el inicio formal de la contienda, probablemente llegarán tarde, pues los partidos ya se encuentran negociando candidaturas, alianzas y posiciones municipales.
La reunión representa un primer paso necesario, aunque insuficiente mientras no exista un mapa público —al menos en sus elementos generales— de riesgos políticos y territoriales. Yautepec, Temoac, Atlatlahucan, Yecapixtla, Cuautla y Coatlán del Río aparecen inevitablemente en la conversación, pero no tendrían que ser los únicos municipios bajo observación. También será indispensable revisar antecedentes, patrimonio y posibles relaciones de quienes aspiren a cargos públicos, sin convertir esa fiscalización en una herramienta para eliminar adversarios.
Morelos no puede conformarse con unas elecciones aparentemente tranquilas el día de la votación. El objetivo debe ser garantizar que quienes aparezcan en las boletas hayan llegado por decisiones ciudadanas y partidistas, no por amenazas o acuerdos clandestinos. La pregunta que deberá responder la Mesa de Seguridad es directa: ¿qué hará para impedir que el crimen organizado se convierta, desde ahora, en otro elector con derecho de veto en 2027?
