Atlacholoaya: una prisión que podría costar 25 millones de pesos al mes
Mantener en operación el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, ubicado en Atlacholoaya, podría representar un gasto cercano a 25 millones de pesos mensuales, si se toma como parámetro un costo integral promedio de 390 pesos diarios por cada persona privada de la libertad. La cifra incluye alimentación, salarios de custodios, medicamentos, uniformes, energía eléctrica, combustibles, mantenimiento y actividades de reinserción social; no se refiere exclusivamente a los alimentos entregados a los internos.
El último desglose localizado sobre Atlacholoaya, correspondiente a 2025, ubicó su población en aproximadamente 2 mil 137 internos. Al multiplicar esa cantidad por 390 pesos diarios, el resultado es de 833 mil 430 pesos cada día; alrededor de 25 millones 2 mil 900 pesos mensuales, considerando meses de 30 días, y poco más de 304 millones de pesos al año. Se trata de una estimación, pues el gobierno de Morelos no ha transparentado públicamente un costo actualizado y desglosado por persona y por centro penitenciario.
La factura resulta todavía mayor al observar todo el sistema carcelario estatal. La información más reciente disponible, publicada en julio de 2026, señala que Morelos tiene 4 mil 308 personas privadas de la libertad en centros con capacidad conjunta para únicamente 2 mil 548. Esto significa que existen alrededor de 160 internos por cada 100 espacios disponibles, una saturación cercana al 69 por ciento sobre la capacidad instalada.
Aplicando el mismo parámetro de 390 pesos, la manutención integral de toda la población penitenciaria morelense podría costar aproximadamente 1 millón 680 mil pesos diarios, 50 millones 403 mil 600 pesos mensuales y más de 613 millones de pesos al año. Sin embargo, estos cálculos no incluyen el Centro Federal de Reinserción Social Femenil número 16, situado en Michapa, cuya operación y financiamiento corresponden al Gobierno federal.
El monto obliga a preguntar cómo se contratan y supervisan los servicios, particularmente la compra de frutas, verduras, carnes, lácteos, abarrotes y demás productos destinados a la alimentación. Los perecederos constituyen una zona especialmente sensible porque sus precios cambian constantemente y su calidad, peso y entrega física deben verificarse diariamente. Una diferencia aparentemente pequeña entre lo facturado y lo realmente suministrado puede convertirse, al multiplicarse por miles de raciones, en millones de pesos.
No existen hasta ahora elementos documentales suficientes para afirmar que los proveedores entregan “moches” a funcionarios; hacerlo sin pruebas sería irresponsable. Pero el volumen del gasto justifica revisar adjudicaciones, contratos, facturas, precios unitarios, actas de recepción y posibles concentraciones de compras en unas cuantas empresas. Atlacholoaya no solamente encierra a más de dos mil personas: también administra una bolsa estimada superior a 300 millones de pesos anuales. Donde circula tanto dinero público, la transparencia no puede quedarse también tras las rejas.
