Impericia o negligencia: operadores dejaron crecer el conflicto de Amilcingo hasta cerrar una autopista
Lo ocurrido en la Escuela Normal Rural “General Emiliano Zapata” de Amilcingo dejó de ser únicamente un conflicto interno para convertirse en un problema de gobernabilidad que terminó afectando a cientos de automovilistas en la Autopista Siglo XXI. El diferendo comenzó desde el pasado 17 de agosto y, once días después, escaló hasta el bloqueo de una de las principales vías de comunicación de la región, sin que durante ese periodo las instancias responsables consiguieran construir una salida.
Independientemente de quién tenga la razón entre los grupos enfrentados dentro del plantel, resulta inevitable cuestionar qué hicieron durante esos once días los operadores educativos y políticos encargados de prevenir que el problema creciera. Había inconformidades conocidas, un paro de actividades, acusaciones contra docentes y autoridades, cuestionamientos alrededor de la dirección de la escuela y posiciones cada vez más encontradas. Las señales estaban ahí mucho antes de que el conflicto llegara a la carretera.
La situación se agravó este jueves cuando manifestantes bloquearon durante varias horas la Autopista Siglo XXI, generando afectaciones a transportistas, automovilistas y actividades económicas ajenas completamente al problema de la Normal. Más tarde la circulación fue restablecida, pero para entonces la autoridad ya había perdido la oportunidad de resolver discretamente una controversia educativa que terminó convertida en un conflicto público de mayores dimensiones.
El episodio adquiere todavía mayor relevancia por tratarse de Amilcingo, comunidad perteneciente a Temoac y caracterizada históricamente por una elevada capacidad de organización y movilización social. Quien opere políticamente en esa región debería conocer perfectamente sus antecedentes y entender que permitir la acumulación de agravios puede provocar rápidamente bloqueos y protestas de mayor intensidad.
Por ello, además de resolver las diferencias existentes dentro de la Normal Rural, el gobierno estatal tendría que revisar su propia capacidad de interlocución. Once días fueron suficientes para demostrar que algo falló: hubo impericia para dimensionar el conflicto, negligencia para atenderlo oportunamente o ambas cosas. El problema de Amilcingo deja así una advertencia para los responsables de la política interna: gobernar no consiste únicamente en intervenir cuando una carretera ya está bloqueada, sino en evitar que los conflictos lleguen hasta ese punto.
