Apenas llegó septiembre y el dinero ya no alcanza: organismos de Morelos piden rescate presupuestal
Y eso que apenas entramos al noveno mes de 2026. Antes de que el Gobierno de Morelos termine siquiera de integrar el paquete económico para 2027, distintas instituciones públicas ya comenzaron a advertir que los recursos aprobados para el presente ejercicio resultan insuficientes. Al menos cinco organismos han solicitado ampliaciones presupuestales que, en conjunto, rondan los 180 millones de pesos, colocando nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿los presupuestos fueron mal calculados desde su origen, aparecieron obligaciones extraordinarias inevitables o simplemente el gasto creció más de lo previsto?
Entre quienes requieren recursos adicionales aparecen instituciones como el Tribunal Superior de Justicia y el Impepac, además de otros organismos públicos. Las justificaciones son diversas y no necesariamente pueden colocarse en el mismo saco: existen obligaciones relacionadas con pensiones y jubilaciones, resoluciones judiciales, necesidades operativas y, en el caso electoral, los gastos derivados del proceso 2026-2027 que acaba de comenzar. Precisamente por eso, cada solicitud debería revisarse peso por peso antes de autorizar cualquier ampliación.
El problema trasciende los 180 millones de pesos. Una ampliación presupuestal significa, inevitablemente, que el dinero tendrá que salir de algún lado. Si existen excedentes habrá que transparentarlos; si proviene de economías o subejercicios deberá conocerse qué dependencia dejó de gastar y por qué; y si se realizan transferencias será indispensable identificar qué programa, obra o actividad perderá recursos para entregárselos a otra institución. Las ampliaciones no producen dinero: solamente modifican su destino.
La señal resulta todavía más preocupante porque ocurre cuando el Ejecutivo estatal comienza a concentrarse en la elaboración de los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2027, que deberán llegar al Congreso a más tardar el próximo 15 de noviembre. Pensiones, elecciones, sentencias y mayores requerimientos de los poderes y organismos autónomos anticipan una negociación particularmente complicada. Si septiembre encuentra instituciones buscando recursos adicionales para terminar 2026, resulta indispensable preguntarse con qué presiones financieras comenzará Morelos el próximo año.
Antes de repartir otros 180 millones de pesos, por tanto, el Ejecutivo y el Congreso deberían exigir algo elemental: cuánto recibió cada organismo para 2026, cuánto ha gastado, en qué lo gastó, cuánto le queda disponible y por qué aquello que era suficiente en enero dejó de serlo en septiembre. Habrá casos plenamente justificados y obligaciones que legalmente deberán cumplirse, pero también corresponde revisar planeación, gasto corriente y posibles subejercicios. Porque apenas comenzó el noveno mes del año y ya hay quienes aseguran que la cobija presupuestal quedó corta. Lo preocupante no es solamente que falte dinero; lo preocupante sería entregarlo sin explicar primero dónde quedó el que ya tenían.
