La extorsión desborda las cifras de seguridad: Morelos registra la tasa más alta del país
Mientras las autoridades federales y estatales destacan reducciones en homicidios y otros delitos de alto impacto, la extorsión se ha convertido en uno de los grandes pendientes de la estrategia de seguridad en Morelos. Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 388 víctimas, más del doble de las registradas en el mismo periodo del año anterior, una escalada que contrasta con los indicadores favorables presentados recientemente por los gobiernos federal y estatal.
La dimensión del problema se aprecia mejor al comparar a Morelos con el resto del país. Con una tasa de 18.77 víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes, la entidad se colocó en el primer lugar nacional durante el periodo referido. Y existe un agravante: las estadísticas oficiales solamente reflejan los casos denunciados. La extorsión se caracteriza precisamente por una elevada cifra negra, debido al temor de comerciantes, transportistas, empresarios y familias a sufrir represalias si acuden ante las autoridades.
Cuautla se mantiene como uno de los principales focos de atención. El crecimiento del cobro de piso y las amenazas contra distintas actividades económicas fue precisamente uno de los factores que motivaron una intervención extraordinaria de los gobiernos federal y estatal mediante el Plan Cuautla, con participación de fuerzas federales y labores de inteligencia. Las detenciones realizadas durante los últimos meses representan avances, pero el verdadero resultado deberá medirse en las calles: cuántos comerciantes dejaron de pagar cuotas, cuántos negocios recuperaron tranquilidad y cuántas organizaciones dedicadas a extorsionar fueron realmente desmanteladas.
El fenómeno también obliga a revisar con cuidado la narrativa sobre la disminución de la violencia. Una reducción de homicidios es importante y debe reconocerse cuando los datos la acreditan, pero no significa automáticamente que la población se sienta más segura. Para quien recibe una llamada amenazante, paga semanalmente una cuota o modifica sus actividades por miedo, las estadísticas favorables sobre otros delitos difícilmente cambian su percepción cotidiana.
El desafío para Morelos consiste, por tanto, en conseguir que la reducción reportada en determinados delitos alcance también a uno de los que mayor capacidad tienen para someter silenciosamente a comunidades enteras. Mientras el estado aparezca con la mayor tasa de extorsión del país, habrá poco espacio para cantar victoria en materia de seguridad. Porque la paz no solamente se mide contando homicidios: también se mide contando cuántos ciudadanos pueden trabajar, abrir sus negocios y vivir sin tener que pagarle permiso a un delincuente.
