ENTRE EL TÍTULO Y EL ENCARGO: EL HOMBRE DE HARFUCH EN CUAUTLA
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 14 de septiembre de 2026
En México existe una vieja discusión que periódicamente regresa a la administración pública: ¿hasta dónde debe corresponder la formación profesional de un funcionario con la responsabilidad que se deposita en sus manos? El asunto volvió a mi memoria al escuchar que Octavio Romero Oropeza, ingeniero agrónomo, después de dirigir Petróleos Mexicanos encabeza ahora el Infonavit, siendo duramente cuestionado en días recientes debido a su presunto enriquecimiento inexplicable.
Y recordé inevitablemente un episodio de la historia política de Morelos: durante el gobierno de Armando León Bejarano, entre 1976 y 1982, la Procuraduría General de Justicia llegó a estar encabezada por Armando Sánchez Rosales, licenciado en Administración de Empresas, no abogado, al frente de una institución cuya columna vertebral era —y sigue siendo bajo otra estructura— el Ministerio Público. Los tiempos y las exigencias legales eran otros, desde luego, pero el recuerdo sirve para formular una pregunta vigente: ¿qué preparación tiene quien recibe una responsabilidad pública altamente especializada?
La pregunta viene a cuento por José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y uno de los principales responsables del seguimiento del Plan Cuautla. Si vamos a evaluar sus resultados en Morelos, primero habrá que saber quién es. Y aquí aparece una diferencia importante respecto de los ejemplos anteriores: Rodríguez Díaz de León sí posee una formación profesional estrechamente relacionada con el mundo jurídico e institucional en el que hoy se desenvuelve.
Es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Constitucional. Ha ejercido la docencia universitaria y su trayectoria profesional se ha desarrollado fundamentalmente entre el Derecho, el Poder Legislativo, la administración pública y la justicia laboral. No estamos, por tanto, ante alguien colocado en un terreno absolutamente ajeno a su preparación académica.
Su carrera política tampoco comenzó ayer. Fue diputado del Congreso de la Ciudad de México; posteriormente ocupó la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo durante el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum y más adelante presidió el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En agosto de 2025, Omar García Harfuch lo incorporó a la SSPC como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil.
Hay otro dato que ayuda a dimensionar al personaje. Rodríguez Díaz de León pertenece al grupo de servidores públicos que acompañaron políticamente a Claudia Sheinbaum desde su administración en la Ciudad de México. Hoy ocupa una posición relevante dentro de la estructura encabezada por García Harfuch y ha sido presentado en Morelos como enlace de la Presidencia de la República para el seguimiento de esta estrategia. No parece, pues, un funcionario enviado simplemente para cubrir el expediente.
Pero tampoco debemos confundir formación jurídica con experiencia policiaca. Rodríguez Díaz de León no hizo carrera como policía, ministerio público, investigador criminal, mando militar o especialista operativo en inteligencia y combate a organizaciones delictivas. Su experiencia anterior está mucho más relacionada con la política, el Derecho, la administración pública y la justicia laboral. Y precisamente ahí comienza el verdadero examen que enfrenta en Cuautla.
Porque una cosa es conocer la Constitución, las leyes y el diseño de las instituciones, y otra enfrentarse sobre el terreno a organizaciones criminales que extorsionan comerciantes, transportistas y empresarios; cobran derecho de piso, disputan territorios y utilizan el homicidio como instrumento de control. La política criminal requiere conocimiento jurídico, ciertamente, pero también inteligencia, investigación, coordinación policial, capacidad operativa y, principalmente, resultados.
El Plan Cuautla representa justamente esa prueba. Las autoridades han informado del despliegue de alrededor de mil 700 elementos de distintas corporaciones, además de cateos, detenciones, órdenes de aprehensión, acciones de proximidad y operativos contra grupos generadores de violencia. Sería injusto afirmar que nada se ha hecho. Existen resultados y deben reconocerse. Pero también sería ingenuo considerar que las estadísticas administrativas equivalen automáticamente a recuperar la seguridad.
Lo comprobé personalmente el domingo 13 de septiembre. Entre aproximadamente las once de la mañana y la una de la tarde recorrí las principales avenidas de Cuautla, desde el acceso por la carretera federal y avenida Insurgentes hasta el Centro Histórico. Antes de ingresar a la ciudad me rebasó una camioneta de la Guardia Nacional con alrededor de seis elementos. Después desapareció entre el tránsito. Durante las siguientes dos horas no observé un solo elemento policiaco a pie, una patrulla realizando vigilancia visible ni algún puesto de seguridad de corporaciones municipales, estatales o federales en las zonas por donde transité.
Desde luego, mi recorrido no constituye una auditoría al Plan Cuautla ni permite afirmar que los elementos anunciados oficialmente no estuvieran desplegados en otros puntos. Pero algo sí demuestra: en ese lapso y en una parte importante de la ciudad, la formidable presencia institucional que sugieren las cifras oficiales sencillamente no era perceptible para un ciudadano común. Y recuperar la seguridad implica también recuperar la percepción de que existe autoridad en las calles.
Ahí deberá medirse realmente a José Luis Rodríguez Díaz de León. No por sus títulos universitarios, ni por su cercanía política con el centro del poder, ni por la cantidad de reuniones celebradas, fotografías difundidas o elementos contabilizados en comunicados oficiales. Habrá que medirlo por la reducción de homicidios y extorsiones; por delincuentes detenidos mediante investigaciones capaces de sostenerse ante los tribunales; por negocios que dejen de pagar derecho de piso y por ciudadanos que vuelvan a caminar por Cuautla sin sentir que están abandonados a su suerte.
Y precisamente porque Rodríguez Díaz de León posee formación jurídica, experiencia institucional y acceso a los niveles superiores de decisión del gobierno federal, el margen para justificar un eventual fracaso debería ser menor. A diferencia de aquellos episodios históricos en los que personajes con profesiones completamente distintas terminaron encabezando instituciones altamente especializadas, aquí existe cuando menos una base profesional relacionada con el encargo. Ahora falta demostrar la especialización más importante de todas: la capacidad para producir resultados.
Deseo sinceramente que los produzca. Que la presencia federal encabezada por la SSPC consiga doblegar a los grupos criminales, que el Plan Cuautla permanezca el tiempo necesario y que sus resultados puedan comprobarse no solamente en las estadísticas oficiales, sino caminando cualquier domingo por sus calles. Ojalá José Luis Rodríguez Díaz de León tenga éxito. Ojalá la Federación no abandone la región cuando disminuya la atención mediática. Y, sobre todo, ojalá todo esto no sea otra llamarada de petate, porque Morelos ya conoció demasiados planes, operativos, coordinaciones, anuncios y estrategias que comenzaron espectacularmente y terminaron en nada. Morelos está muy, pero muy fastidiado de experimentos.
