Trump reconoce lucha de Sheinbaum, pero exige a México ir por funcionarios ligados a los cárteles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció los avances del gobierno de Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico, pero elevó nuevamente la presión sobre México al exigir que las autoridades identifiquen, detengan y lleven ante la justicia a funcionarios públicos corruptos que hayan colaborado con los cárteles. El señalamiento aparece en la determinación presidencial estadounidense sobre los principales países de tránsito y producción de drogas para el año fiscal 2027, en la que Washington reconoce decomisos, destrucción de laboratorios, capturas y otras acciones emprendidas por la administración mexicana.
La exigencia adquiere especial relevancia porque el debate sobre la llamada “narcopolítica” dejó hace tiempo de ser solamente retórico. El antecedente más contundente es Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, condenado en Estados Unidos a 460 meses —más de 38 años— de prisión después de ser declarado culpable de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar al Cártel de Sinaloa. Su caso demostró que la penetración criminal puede alcanzar los niveles superiores de las instituciones encargadas precisamente de combatir al narcotráfico.
Más recientemente, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quedó en el centro de una acusación presentada por fiscales estadounidenses contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos. La imputación sostiene que habrían colaborado con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, proporcionando protección e información a cambio de sobornos y respaldo político. Rocha ha rechazado categóricamente las acusaciones y sostiene que tienen motivaciones políticas; en México se abrió una investigación y las autoridades han señalado que Washington debe aportar elementos suficientes para proceder conforme a la legislación nacional.
Otro expediente que sacudió a la política mexicana es el de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández. Bermúdez fue señalado por las autoridades como presunto dirigente de La Barredora, organización criminal relacionada con actividades como extorsión y secuestro y vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y posteriormente trasladado a México, donde enfrenta procesos penales. El caso colocó bajo fuertes cuestionamientos políticos a Adán Augusto López, quien lo nombró responsable de la seguridad estatal, aunque ello no equivale a que el exgobernador haya sido declarado responsable de las actividades atribuidas a su antiguo colaborador.
Precisamente ahí radica la dimensión de la exigencia planteada por Trump. El documento estadounidense no proporciona una lista de los funcionarios mexicanos a quienes considera colaboradores de los cárteles ni señala individualmente a los personajes anteriores. Su llamado es general: México debe “exponer, arrestar y procesar” a servidores públicos corruptos que ayuden a las organizaciones criminales. Por ello, vincular automáticamente la declaración presidencial con cualquier político mexicano sin una acusación o investigación acreditada sería ir más allá de lo que realmente establece Washington.
La postura estadounidense coloca, sin embargo, un asunto especialmente delicado sobre la mesa bilateral. Durante décadas, las autoridades de ambos países concentraron buena parte de sus esfuerzos en perseguir capos, decomisar cargamentos y desarticular organizaciones; ahora Washington está colocando un énfasis explícito en las redes institucionales que eventualmente permiten operar a esas estructuras. Los casos de García Luna, Bermúdez Requena y las acusaciones contra funcionarios de Sinaloa muestran distintos grados y situaciones jurídicas, pero también explican por qué el tema de la penetración del crimen organizado en las instituciones se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la agenda entre México y Estados Unidos.
Para Claudia Sheinbaum el desafío consiste en mantener la cooperación con Washington sin aceptar que Estados Unidos determine unilateralmente la culpabilidad de funcionarios mexicanos. Trump reconoció resultados de su gobierno, pero acompañó ese reconocimiento con una demanda difícil de ignorar: que la estrategia contra los cárteles no termine en la captura de sus dirigentes, sino que alcance también, cuando existan pruebas y procesos judiciales, a quienes desde el poder público les hayan proporcionado protección.
