DIEZ AÑOS DESPUÉS: CAMBIARON LAS PATRULLAS, PERO LA POLICÍA SIGUE EN DEUDA
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 17 de septiembre de 2026
Hace poco más de diez años escribí sobre una realidad incómoda de las policías de Morelos. Era febrero de 2016 y el estado experimentaba con el famoso Mando Único, primero impulsado por Alicia Vázquez Luna y posteriormente convertido en bandera de Jesús Alberto Capella Ibarra durante el gobierno de Graco Ramírez. El argumento parecía irrebatible: había que terminar con 33 policías municipales funcionando cada una bajo criterios distintos, vulnerables a las decisiones —y caprichos— de los presidentes municipales. Una década después Morelos tiene ya 36 municipios, desapareció aquella versión del Mando Único, cambiaron gobernadores, secretarios, alcaldes, patrullas, uniformes y hasta tecnologías. La pregunta es mucho más sencilla: ¿cambió realmente nuestra policía?
Sería injusto responder que nada ha mejorado. La administración de Margarita González Saravia recibió una Policía Estatal mal pagada y decidió elevar sus percepciones. Al comienzo del sexenio se anunció un incremento importante para más de mil 500 elementos y, desde enero de 2026, el salario base de un policía estatal se ubicó arriba de los 16 mil pesos mensuales. También existe una estrategia de dignificación policial, contratación de nuevos elementos, profesionalización y adquisición de equipo. Son pasos indispensables porque resulta absurdo exigir honestidad, preparación, valentía y disponibilidad absoluta a una persona armada por el Estado mientras se le paga un sueldo incapaz de garantizar condiciones decorosas para su familia.
También cambió la tecnología. En aquellos años hablábamos fundamentalmente de radios, patrullas y cámaras. Hoy Morelos instala arcos carreteros de videovigilancia, centros municipales de comando, cámaras con mayores capacidades y sistemas para compartir información. Durante 2026 el gobierno estatal planteó alcanzar 39 arcos carreteros y 24 centros de comando, además de continuar entregando patrullas y motopatrullas a los municipios. La seguridad pública ingresó, finalmente, a la era de los datos, las imágenes y la inteligencia. Pero ninguna cámara detiene por sí misma a un delincuente y ningún arco carretero sustituye al policía que debería estar recorriendo una colonia.
Ahí comienza el verdadero problema. Seguimos teniendo pocos policías. Cuernavaca constituye el ejemplo más cercano y probablemente el más ilustrativo: durante este 2026 el propio Consejo Municipal de Seguridad Pública reconoció que existen alrededor de 80 policías por turno para cubrir la capital del estado, cuando serían necesarios por lo menos 200. Saquemos cuentas: una ciudad extendida, complicada geográficamente, con cientos de colonias, avenidas, escuelas, comercios, bancos, zonas residenciales, mercados y una población flotante considerable, atendida simultáneamente por unas cuantas decenas de agentes. Después nos preguntamos por qué una patrulla tarda en llegar.
Y eso ocurre en Cuernavaca. Imaginemos las condiciones de municipios con menor presupuesto. La gran desigualdad policial continúa siendo uno de nuestros mayores problemas. Hay ayuntamientos capaces de invertir en cámaras, vehículos, capacitación y mejores percepciones, mientras otros apenas pueden mantener funcionando sus unidades. Desde la Federación se promueve que cuando menos el 20 por ciento del FORTAMUN sea destinado a necesidades directamente relacionadas con seguridad pública. El dinero existe, pues, pero la verdadera discusión debería centrarse en cómo se gasta, qué resultados produce y cuánto termina verdaderamente fortaleciendo al policía que está en la calle.
En 2016 escribí algo que hoy parecería caricaturesco: policías municipales utilizados para repartir invitaciones, conducir funcionarios, retirar animales, cargar sillas y mesas, participar en eventos del DIF o resolver favores de personajes influyentes. Aquellas prácticas retrataban la concepción patrimonialista que muchos alcaldes tenían de “su policía”. No tengo elementos para afirmar que todas esas conductas específicas continúen reproduciéndose hoy de la misma manera y sería irresponsable hacerlo. Pero la lección permanece vigente: una corporación profesional comienza precisamente cuando deja de pertenecer al presidente municipal y empieza a pertenecer a los ciudadanos.
El viejo Mando Único tampoco fue la solución mágica prometida. Concentrar el mando no eliminó automáticamente la delincuencia ni corrigió décadas de vicios institucionales. Actualmente prevalece una fórmula de coordinación entre Estado y municipios que busca aprovechar capacidades estatales, municipales y federales sin borrar completamente las atribuciones locales. Cuernavaca formalizó desde octubre de 2024 un convenio de colaboración con el gobierno estatal y hoy las mesas de seguridad reúnen a autoridades municipales, estatales, Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía y demás instituciones. En teoría suena impecable. En la práctica, el ciudadano solamente evalúa una cosa: si llama al 911, ¿cuánto tardan en llegar?
Porque la seguridad pública termina aterrizando ahí. Podemos inaugurar C2, C5, arcos lectores, cámaras inteligentes y sofisticados programas informáticos, pero si una mujer pide auxilio y nadie aparece oportunamente, todo el aparato tecnológico pierde sentido frente a ella. Si un comerciante denuncia una extorsión y debe seguir pagando, la estrategia fracasó para ese comerciante. Si una familia llama porque alguien intenta ingresar a su domicilio y la patrulla aparece cuarenta minutos después, poco importa cuántas reuniones de coordinación se realizaron esa mañana. La unidad mínima para medir una política de seguridad debería ser la experiencia del ciudadano frente a una emergencia.
Existe además una diferencia fundamental respecto de aquel 2016: hoy se habla mucho más de certificación, controles de confianza, formación, carrera policial, homologación salarial, investigación e inteligencia. El Sistema Nacional de Seguridad Pública ha construido modelos y estándares que hace una década apenas comenzaban a consolidarse. Incluso se pretende ampliar las capacidades policiales para investigar delitos bajo coordinación ministerial. Todo eso representa evolución institucional. Pero de nada sirve fabricar extraordinarios manuales si el policía que patrulla una colonia carece de combustible, compañeros suficientes, descanso adecuado, capacitación permanente o posibilidades reales de ascender mediante sus méritos.
La profesionalización tampoco consiste únicamente en enviar agentes a cursos. Significa construir una carrera policial. Que un muchacho pueda ingresar a los 22 años sabiendo que, si estudia, se capacita, conserva un expediente limpio y obtiene resultados, podrá convertirse sucesivamente en policía tercero, segundo, primero y mando. Que su ascenso no dependa del alcalde, del secretario, del diputado, del compadre o de quien ganó las elecciones. El policía profesional debe sobrevivir administrativamente a los gobiernos. Mientras cada cambio político implique volver a repartir posiciones dentro de las estructuras de seguridad, estaremos condenados a comenzar de nuevo cada tres años.
También debemos modificar nuestra relación social con los policías. Nos indignamos —con razón— cuando alguno extorsiona, golpea, roba o protege delincuentes, pero pocas veces preguntamos cuántos buenos elementos abandonaron las corporaciones porque encontraron mejores oportunidades en otra parte. Un Estado que entrega una pistola, una placa y autoridad sobre los ciudadanos tiene la obligación de seleccionar rigurosamente a quien recibe semejante poder, vigilarlo permanentemente y sancionarlo cuando abuse de él; pero simultáneamente debe pagarle bien, proteger a su familia, capacitarlo y proporcionarle condiciones dignas de trabajo. La dignificación policial y la depuración no son políticas contrarias: son exactamente la misma política.
Diez años después de aquella columna hay avances que sería mezquino desconocer. Mejores salarios estatales, nuevas patrullas, videovigilancia, centros de comando, coordinación con fuerzas federales, inversión tecnológica y una concepción mucho más profesional de lo que debería ser una corporación. Pero permanece la enorme deuda: faltan policías, persisten diferencias abismales entre municipios y todavía no conseguimos que la carrera policial sea suficientemente atractiva para incorporar y conservar a los mejores. Cambiamos el Mando Único por el Mando Coordinado; cambiamos radios por plataformas digitales y cámaras convencionales por sistemas inteligentes. Ahora falta cambiar lo verdaderamente difícil: la institución desde adentro. Porque podremos llenar Morelos de cámaras, arcos y patrullas nuevas, pero mientras falten policías profesionales detrás de toda esa tecnología, la seguridad seguirá siendo una promesa que corre más rápido que la patrulla.
