Rectores de universidades españolas reforzarán sus protocolos de evaluación de riesgos en países peligrosos, como México
Madrid. El asesinato de la universitaria española Claudia Tacoronte, de 21 años, quien realizaba un intercambio estudiantil en la ciudad de Cuautla, Morelos, fue el detonante para que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) propusiera el reforzamiento de “los protocolos de evaluación de riesgos” en países como México, “con un alto índice de criminalidad”.
La iniciativa surge además cuando al menos dos centros educativos, la Universidad de Granada –donde estudiaba la víctima– y la Universidad de La Laguna decidieron cancelar sus acuerdos de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), mientras otras universidades, como la de Barcelona, Extremadura y Zaragoza, están evaluando si lo mantienen o no.
El gremio universitario español sigue consternado por el caso de la joven canaria, quien murió tras ser apuñalada el 12 de septiembre, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla por un presunto delincuente conocido como El Trompas. El asesinato conmocionó a la comunidad educativa española, sobre todo a la Universidad de Granada y a la de La Palma de Canaria, de donde Claudia era originaria.
La primera respuesta de la CRUE es precisamente reforzar “los protocolos de evaluación de riesgos antes de autorizar futuros intercambios académicos con destinos con un elevado índice de criminalidad”.
Las únicas universidades que ya adoptaron medidas concretas son la de Granada y la de La Laguna (en Canarias), que decidieron suspender los acuerdos con la UAEM y están evaluando qué hacer con el resto de acuerdos que mantienen con otras instituciones educativas en México.
Ademas, las universidades de Pablo Olavide (en Sevilla), la de Barcelona, la de Zaragoza, la de Jaén y la Extremadura están sopesando si mantienen o no los acuerdos con su homóloga de Morelos, dada la zozobra que provocó la muerte de la joven española.
A partir de ahora, la Conferencia de Rectores propuso que se refuercen estos protocolos de seguridad, basándose en gran medida en los informes de país que realiza de forma específica el ministerio de Asuntos Exteriores de España, que precisamente había catalogado al estado de Morelos como una región de alta criminalidad.
