EL CRIMEN NO CONSTRUYÓ SU PODER EN SOLEDAD
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 21 de septiembre de 2026
Hace tres años escribí que la delincuencia organizada debía entenderse no solamente como un fenómeno criminal, sino como una estructura de poder. Hoy aquella reflexión conserva vigencia y, en algunos aspectos, resulta todavía más inquietante. Los grupos criminales no alcanzan por generación espontánea la capacidad económica, territorial, logística y de fuego que observamos en distintas regiones del país. Para mover drogas, armas, combustible, personas y enormes cantidades de dinero necesitan redes, rutas, información, operadores y, en determinados casos documentados, protección o corrupción dentro de instituciones públicas.
La experiencia mexicana obliga, por ello, a mirar más allá del sicario, del narcomenudista o del extorsionador detenido. El verdadero tamaño de la delincuencia organizada solamente puede dimensionarse siguiendo las cadenas completas. ¿Quién permite que circulen cargamentos? ¿Quién lava el dinero? ¿Quién proporciona información? ¿Quién vende las armas? ¿Quién protege determinadas operaciones? ¿Quién deja de investigar cuando debería hacerlo? No significa que cada policía, militar, funcionario aduanal o servidor público sea cómplice; sería absurdo afirmarlo. Significa algo distinto: cuando una organización criminal funciona durante años, mueve millones y controla territorios, la investigación no debería terminar nunca en el último eslabón de la cadena.
Hay un dato reciente que vuelve inevitable aquella discusión que planteé en febrero de 2023. El Gabinete de Seguridad federal informó este septiembre que, durante la actual administración, han sido aseguradas más de 34 mil armas de fuego y que aproximadamente ocho de cada diez provienen de Estados Unidos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha señalado además que una proporción considerable de ese armamento corresponde a armas largas. Estamos hablando, entonces, de un gigantesco abastecimiento que cruza la frontera y termina proporcionando capacidad de fuego a organizaciones que después enfrentan a policías, militares y grupos rivales, además de utilizar esas mismas armas contra la población.
México ha colocado finalmente el asunto en el centro de la relación bilateral. El gobierno de Claudia Sheinbaum insiste ante la administración de Donald Trump en un principio elemental: si México tiene la obligación de combatir la producción y el tráfico de drogas hacia el norte, Estados Unidos debe impedir que las armas viajen hacia el sur. Desde septiembre de 2025 existe incluso un acuerdo bilateral para reforzar los operativos contra ese flujo y durante 2026 ambos gobiernos han mantenido el tráfico de armas como uno de los asuntos prioritarios de seguridad. Es un avance. Pero el tamaño del problema demuestra que los acuerdos diplomáticos todavía están muy lejos de desarmar a las organizaciones criminales.
Y aquí aparece la pregunta incómoda que formulábamos desde 2023: ¿cómo llegan tantas armas hasta México? No estamos hablando únicamente de una pistola escondida debajo del asiento de un automóvil. Estamos hablando de rifles de alto poder, cargadores y municiones que alimentan una maquinaria criminal gigantesca. Si existe una industria clandestina capaz de comprar, transportar, cruzar, distribuir y vender ese arsenal, necesariamente existe una estructura financiera y logística detrás de ella. Investigar solamente a quien termina portando el fusil en México equivale a perseguir la última consecuencia del negocio y no necesariamente a quienes lo hicieron posible.
Pero tampoco podemos colocar toda la responsabilidad al otro lado de la frontera. Las armas llegan de Estados Unidos, pero encuentran aquí organizaciones capaces de comprarlas, distribuirlas y utilizarlas. Encuentran mercados criminales, dinero procedente de actividades ilícitas y, en ocasiones, redes de corrupción. Un dato resulta revelador: el gobierno federal informó recientemente que la llamada Operación Enjambre ha permitido detener a más de cien servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas, incluidos presidentes municipales. Esto confirma algo fundamental: combatir al crimen organizado también significa investigar sus posibles vínculos con estructuras gubernamentales, independientemente del partido político o del nivel jerárquico involucrado.
Morelos no puede considerarse ajeno a esa realidad. La extorsión, los homicidios, el cobro de piso, el narcomenudeo y la presencia de grupos criminales obligan a formular exactamente las mismas preguntas. Detener al ejecutor es indispensable, pero insuficiente cuando detrás existe una organización. Cada célula necesita recursos, vehículos, armas, casas de seguridad, información y dinero. La pregunta periodística y ciudadana debería ser siempre la misma: ¿quiénes están arriba? Mientras las investigaciones no permitan ascender por esa pirámide, seguiremos viendo detenidos en la base mientras las estructuras conservan capacidad para sustituirlos.
Por eso mantengo, con algunos matices pero con mayor preocupación, la tesis que escribí aquel 3 de febrero de 2023: el crimen organizado es también una estructura de poder. Y ningún poder de semejante magnitud puede sostenerse durante décadas exclusivamente con hombres armados en las calles. Hay dinero, empresas fachada, tráfico de armas, lavado de recursos, corrupción y redes internacionales que deben ser perseguidas simultáneamente. México y Estados Unidos pueden decomisar toneladas de drogas y miles de armas, pero mientras no golpeen las estructuras económicas y las redes de protección que mantienen vivo el negocio, estaremos cortando ramas de un árbol cuyas raíces permanecen intactas.
