EU golpea al Cártel de Sinaloa: sanciona a ‘Mayito Flaco’, empresarios y operadores políticos
Washington.— El gobierno de Estados Unidos lanzó este martes uno de sus golpes financieros más amplios contra la estructura del Cártel de Sinaloa: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 personas y 25 empresas, dentro de una red que, según las autoridades estadounidenses, incluye jefes criminales, operadores financieros, empresarios y figuras vinculadas con estructuras políticas y gubernamentales mexicanas.
En el centro de la ofensiva aparece Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, a quien el Tesoro estadounidense identifica actualmente como cabeza de la facción de Los Mayos. Washington sostiene que, después de la detención de su padre en julio de 2024, Zambada Sicairos adquirió un papel central dentro de la organización y actualmente dirige actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidios y corrupción.
La acción, sin embargo, va mucho más allá de los integrantes tradicionales del narcotráfico. El Departamento del Tesoro dirigió también sus sanciones contra una extensa infraestructura económica que, de acuerdo con OFAC, habría servido para mover o lavar recursos del Cártel de Sinaloa. Entre los sectores alcanzados aparecen casas de cambio, desarrolladoras inmobiliarias, empresas de seguridad, establecimientos de entretenimiento, restaurantes, compañías de transporte, gasolineras y otros negocios.
Uno de los señalamientos políticamente más delicados está relacionado con Baja California. El Tesoro aseguró que la corrupción vinculada con el narcotráfico habría alcanzado niveles del gobierno estatal y señaló específicamente a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres. Según la dependencia estadounidense, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo frente a acciones gubernamentales y policiales. Se trata de acusaciones formuladas por el gobierno estadounidense dentro del procedimiento de sanciones financieras.
Washington también incluyó al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali Pedro Ariel Mendívil García. El Tesoro afirma que habría recibido sobornos de “El Ruso”, dirigente de una célula de Los Mayos que opera en Mexicali, a cambio de facilitar el control criminal sobre elementos de la policía municipal. Asimismo, sostiene que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales y que Luis Torres habría participado en el manejo y lavado de esos recursos mediante empresas y campañas políticas.
El documento describe además la importancia estratégica de Tijuana y Mexicali para las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En Tijuana, OFAC ubica a los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, como responsables de una estructura que habría mantenido durante años influencia territorial mediante violencia, alianzas y corrupción política y policial. Estados Unidos ofrece recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cada uno de ellos.
Dentro del entramado financiero destaca también Galerías Centro Cambiario, conocida como “Magic Casa de Cambio”, señalada por las autoridades estadounidenses como instrumento para recoger ganancias del narcotráfico en efectivo en Estados Unidos, realizar operaciones financieras y trasladar posteriormente los recursos hacia México. El Tesoro vincula esta estructura con operadores de Los Mayos en Tijuana.
La dimensión del operativo resulta particularmente relevante: desde principios de 2025, la OFAC asegura haber realizado más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades relacionadas con organizaciones criminales, como parte de una estrategia que pretende golpear simultáneamente a dirigentes, operadores, familiares, prestanombres, empresas y redes financieras.
Las consecuencias son inmediatas dentro de la jurisdicción estadounidense. Los bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados, mientras que también pueden resultar afectadas compañías propiedad, directa o indirectamente, en 50 por ciento o más de los individuos sancionados. En términos generales, personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar operaciones con ellos.
La ofensiva representa así un movimiento que rebasa el congelamiento de cuentas de presuntos narcotraficantes. Estados Unidos está apuntando directamente hacia la estructura económica, empresarial y de presunta protección política que, según sus investigaciones, permite funcionar al Cártel de Sinaloa. Y en esta ocasión Washington puso nombres y apellidos no solamente a los jefes del narcotráfico, sino también a quienes acusa de abrirles las puertas desde los negocios y las estructuras del poder.
