Amílcar Olán: demasiadas preguntas y muy pocas respuestas
El problema del caso de Jorge Amílcar Olán Aparicio ya no consiste solamente en determinar cuántos contratos obtuvo, cuánto dinero representaron o qué tan cerca estuvo de personajes poderosos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La verdadera pregunta es otra: ¿cuántos indicios, revelaciones periodísticas, audios, relaciones políticas y negocios vinculados con recursos públicos necesita acumular un caso antes de que las instituciones mexicanas lo esclarezcan de manera exhaustiva? Porque una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra, muy distinta, convertirla en pretexto para no investigar.
Durante los últimos años se han publicado investigaciones sobre negocios atribuidos a Olán y a empresas de su entorno, contratos públicos y su cercanía con personajes relacionados con el poder político del sexenio anterior. También han sido difundidas grabaciones atribuidas al empresario en las que aparecen referencias a negocios y a personas cercanas a la familia del expresidente. Nada de eso, por sí mismo, constituye una sentencia. Pero precisamente por eso existe la Fiscalía: para determinar qué es verdad, qué es mentira, qué fue legal y qué, eventualmente, pudo atravesar la frontera del delito.
El contraste internacional resulta incómodo. En Estados Unidos existen fiscales especializados en corrupción pública y se han llevado ante los tribunales casos en los que empresarios y servidores públicos son acusados por direccionamiento de contratos, sobornos, fraude o lavado de dinero. En Reino Unido, la legislación anticorrupción permite perseguir ventajas indebidas vinculadas con el ejercicio de funciones públicas. Y Suiza, precisamente el país donde Olán ha sido localizado recientemente, cuenta con instrumentos para perseguir soborno y lavado de dinero, además de mecanismos de cooperación internacional.
Pero hay que precisar algo fundamental: ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido, ni en Suiza una persona tendría que ser encarcelada simplemente porque un periódico publique investigaciones sobre ella. Eso sería justamente contrario al Estado de derecho. Lo que cabría esperar en instituciones sólidas es otra cosa: abrir expedientes cuando existan elementos suficientes, seguir el dinero, revisar adjudicaciones, identificar beneficiarios finales, verificar declaraciones fiscales, reconstruir transferencias y establecer quién tomó las decisiones administrativas que permitieron determinados contratos.
Y entonces llegamos a Lugano.
Que Amílcar Olán viva —o haya vivido— en un departamento en esa ciudad suiza no constituye delito alguno. Tampoco demuestra que se encuentre prófugo. Hasta ahora no existe información pública que permita sostener que haya una orden de aprehensión vigente en su contra. Sin embargo, el asunto adquirió una nueva dimensión después de que se difundiera que dejó el inmueble donde había sido localizado. Eso tampoco prueba una fuga, pero inevitablemente incrementa las preguntas alrededor de un personaje que lleva años apareciendo en investigaciones periodísticas relacionadas con negocios públicos.
La pregunta correcta no es si Olán puede pagar un departamento en Lugano. La pregunta es si las autoridades mexicanas han reconstruido suficientemente el origen de los recursos derivados de sus negocios, los contratos obtenidos por empresas relacionadas con él, las personas que intervinieron en esas operaciones y la eventual participación de servidores públicos. Si todo fue perfectamente legal, una investigación seria también serviría para establecerlo y terminar con las sospechas. El Estado de derecho funciona precisamente así: investiga para acusar cuando existen pruebas, pero también para descartar delitos cuando no las hay.
Lo preocupante sería que México estuviera frente a uno de esos casos donde todos conocen los audios, todos conocen los contratos, todos conocen los nombres y todos conocen las relaciones políticas, pero nadie conoce una conclusión ministerial. Porque entonces el problema dejaría de llamarse Amílcar Olán y comenzaría a llamarse impunidad institucional.
En países con sistemas anticorrupción más eficaces, la amistad con personajes poderosos no constituye delito. Tampoco enriquecerse lo constituye automáticamente. Pero cuando poder político, contratos gubernamentales y fortunas privadas aparecen reiteradamente en la misma ecuación, las autoridades tienen la obligación de despejar las incógnitas. No mediante conferencias de prensa, filtraciones o declaraciones políticas, sino mediante expedientes, peritajes financieros y resoluciones judiciales.
Además, la rendición de cuentas no tendría que detenerse en el empresario. Si alguna investigación demostrara que servidores públicos utilizaron sus cargos para favorecer indebidamente negocios particulares, ellos también tendrían que responder. Y si no existió tráfico de influencias, corrupción, fraude ni lavado, eso igualmente debería quedar establecido con claridad. Investigar no equivale a condenar; significa exactamente lo contrario: permitir que sean las pruebas y los tribunales, y no la especulación pública, quienes determinen responsabilidades.
Por eso el caso Olán representa algo bastante más grande que la historia de un empresario mexicano viviendo cómodamente en Suiza. Es una prueba para las instituciones mexicanas. El asunto no consiste en preguntar por qué Amílcar Olán no está en prisión. Esa pregunta adelantaría una culpabilidad que ningún tribunal ha establecido.
La pregunta verdaderamente demoledora es otra: ¿por qué, después de tantos audios, contratos, relaciones con personajes cercanos al poder y revelaciones periodísticas, México todavía no ha ofrecido una explicación judicial concluyente sobre el caso Amílcar Olán?
En un verdadero Estado de derecho, los amigos del poder tampoco reciben certificados anticipados de culpabilidad. Pero mucho menos reciben certificados de inmunidad.
