Del primer golpe al crimen: las violencias que crecen cuando nadie las detiene
La violencia rara vez comienza con un homicidio. Muchas veces existe antes una cadena de señales que fueron normalizadas, minimizadas o simplemente ignoradas. En una relación sentimental puede empezar con los celos, la vigilancia del teléfono, el aislamiento, las amenazas, la humillación o el primer empujón; en una escuela, con la burla sistemática, la exclusión, el hostigamiento digital, las amenazas o las agresiones físicas. No significa que toda violencia en el noviazgo terminará en feminicidio, ni que todo caso de bullying desembocará en un asesinato. Significa algo distinto y preocupante: la violencia puede escalar cuando se vuelve cotidiana y no encuentra mecanismos eficaces de detección y contención.
En las relaciones de pareja, el problema resulta particularmente delicado porque ciertas conductas siguen disfrazándose de afecto. Los propios lineamientos federales para educación media superior publicados este año definen la violencia en el noviazgo como actos físicos, psicológicos, sexuales, económicos, digitales o simbólicos ejercidos contra la pareja, y reconocen su frecuencia entre adolescentes y jóvenes. El tránsito hacia formas extremas de violencia no es automático ni inevitable, pero amenazas de muerte, agresiones crecientes, control coercitivo y antecedentes de violencia son señales que las instituciones no deberían considerar simples “problemas de pareja”.
Algo semejante ocurre dentro de las escuelas. El bullying tampoco debe confundirse automáticamente con la antesala de un homicidio: millones de estudiantes padecen acoso sin convertirse en agresores y muchos ataques escolares obedecen a combinaciones mucho más complejas de factores personales, familiares, sociales y culturales. Sin embargo, cuando existen amenazas reiteradas, agresiones, fascinación por ataques anteriores, aislamiento extremo, discursos de odio o anuncios de violencia, la comunidad escolar necesita mecanismos capaces de identificar el riesgo, documentarlo, intervenir y darle seguimiento, en lugar de esperar a que ocurra una tragedia.
La violencia dentro de los espacios educativos puede adquirir además otras expresiones extremas. En la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, una estudiante denunció haber sido drogada y violada durante varias horas por varios integrantes de una fraternidad en octubre de 2024. El caso derivó en una demanda civil y en procedimientos internos de la universidad que terminaron con expulsiones, suspensiones y otras sanciones; posteriormente, la investigación penal fue reabierta. Las acusaciones continúan sujetas al proceso correspondiente, pero el episodio coloca sobre la mesa otra dimensión del mismo problema: cuando determinadas conductas violentas, abusivas o de dominación son toleradas, ocultadas o insuficientemente atendidas dentro de una comunidad, el riesgo no desaparece por ignorarlo; puede agravarse hasta producir daños irreparables.
El ataque ocurrido el jueves 1 de octubre en la Secundaria General Número 13 de Torreón obliga precisamente a mantener esa cautela. Dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, fueron detenidos después de ingresar a la escuela y atacar con armas blancas a integrantes de la comunidad educativa; murió la subdirectora Nery Edith Nevárez González y varias personas resultaron heridas. La Fiscalía de Coahuila ha señalado elementos preliminares relacionados con resentimiento hacia la institución y referencias a autores de ataques escolares ocurridos en otros países, pero corresponde a la investigación ministerial establecer definitivamente el móvil y la combinación de factores que condujo a la agresión.
Ahí aparece el verdadero desafío: detectar la trayectoria de la violencia antes de llegar al último eslabón. Una adolescente que controla obsesivamente a su pareja, un joven que amenaza reiteradamente a su novia, un alumno que golpea compañeros, quien anuncia venganzas o quien acumula episodios graves de agresividad no debe ser etiquetado anticipadamente como futuro homicida; hacerlo sería irresponsable. Pero tampoco resulta sensato tratar cada episodio como un acontecimiento aislado. Familia, escuela, autoridades educativas, servicios de salud y procuración de justicia necesitan compartir protocolos de intervención y, cuando el nivel de riesgo lo justifique, garantizar seguimiento.
Entre el primer insulto y el feminicidio existe una enorme distancia; también entre una burla escolar y un asesinato dentro de un salón de clases. La mayoría jamás recorrerá ese camino. El problema son aquellos casos que sí comienzan a avanzar por él sin que nadie los detenga. Torreón vuelve a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa: cuántas señales pueden aparecer antes de una tragedia y cuántas instituciones alcanzan a verlas, registrarlas y actuar oportunamente. La prevención no consiste en criminalizar adolescentes, noviazgos conflictivos o estudiantes problemáticos, sino en impedir que una violencia inicialmente considerada “menor” encuentre las condiciones para crecer hasta convertirse en irreversible.
