Entre obras presuntamente infladas y millones sin aclarar, Alonso Plascencia mantiene acusaciones contra Carlos Franco Ruiz
El nombramiento de Carlos Franco Ruiz como director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) ha reavivado una controversia sobre el manejo de recursos públicos durante su administración como presidente municipal de Tlaquiltenango. Su sucesor, Enrique Alonso Plascencia, ha formulado diversos señalamientos sobre presuntos desvíos millonarios, obras con sobreprecios y gastos no justificados, acusaciones que el nuevo funcionario educativo rechaza y que contrastan con recientes dictámenes de fiscalización que dan por solventadas las observaciones de las cuentas públicas de 2023 y 2024.
Uno de los principales cuestionamientos surgió en enero de 2025, cuando Alonso Plascencia informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había formulado observaciones por casi ocho millones de pesos correspondientes al ejercicio 2023, relacionadas con recursos federales del Fondo III del Ramo 33. Según explicó entonces, su administración recibió la notificación para hacerla llegar a Franco Ruiz, quien tendría que aportar documentación comprobatoria o enfrentar las consecuencias administrativas y legales que correspondieran.
El alcalde sostuvo que las posibles responsabilidades no se limitarían al expresidente municipal, sino que podrían alcanzar también a quienes fungieron como tesorero y director de Obras Públicas. En aquella ocasión afirmó que las observaciones involucraban recursos cuya aplicación no había sido debidamente justificada, aunque corresponde a las autoridades fiscalizadoras y judiciales determinar si existió algún delito.
Entre las anomalías denunciadas destaca el presunto encarecimiento de obras públicas. Alonso Plascencia puso como ejemplo la remodelación del módulo de La Cantora, cuyo costo, aseguró, superaba en más de 130 por ciento el monto estimado. También cuestionó que diversos conceptos de obra hubieran sido contratados o pagados a precios que, según su revisión, duplicaban y hasta triplicaban los establecidos en los catálogos de referencia.
Los cuestionamientos continuaron durante 2025. En mayo de ese año, el presidente municipal afirmó que existían requerimientos de devolución de entre cuatro y cinco millones de pesos relacionados con recursos ejercidos durante la administración anterior. Posteriormente, en octubre, denunció que la Contraloría municipal había identificado irregularidades por más de diez millones de pesos en obras presuntamente reportadas como ejecutadas, pero que, de acuerdo con las inspecciones realizadas por su gobierno, no existían físicamente. Estas cantidades corresponden a declaraciones efectuadas en distintos momentos y no deben sumarse sin establecer si forman parte de los mismos expedientes.
Otro frente de conflicto corresponde a las obligaciones laborales y financieras heredadas. Alonso Plascencia ha cuestionado la incorporación de quince trabajadores al sindicato durante la administración de Franco Ruiz, al considerar que comprometía las finanzas municipales. Asimismo, ha responsabilizado a anteriores gobiernos de no atender oportunamente laudos laborales que actualmente representan una presión importante para el Ayuntamiento, aunque ha reconocido que algunos de esos pasivos se originaron antes de la gestión de su antecesor inmediato.
Sin embargo, la controversia presenta un elemento que debe tomarse en cuenta. Documentos de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) señalan que las ocho observaciones correspondientes a la cuenta pública 2023, entre ellas cuatro pliegos por más de 101 millones de pesos, fueron solventadas en su totalidad. El dictamen, publicado el pasado 30 de septiembre en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, establece que el monto pendiente quedó en cero. Respecto a 2024, el oficio ESAF/625/2026 también da por concluido el proceso fiscalizador sin observaciones pendientes ante ese organismo.
Esta circunstancia introduce una diferencia fundamental entre los señalamientos del actual gobierno municipal y los resultados documentados por la fiscalización estatal. Además, las observaciones atribuidas a la Auditoría Superior de la Federación requieren examinarse por separado, ya que la conclusión de una auditoría estatal no equivale necesariamente al cierre de cualquier investigación o procedimiento federal.
Por su parte, Carlos Franco Ruiz ha rechazado categóricamente las acusaciones de Alonso Plascencia. El pasado 7 de octubre aseguró que enfrenta una campaña de desprestigio, sostuvo que sus cuentas han sido aclaradas y afirmó tener las manos limpias. Incluso manifestó que analiza emprender acciones legales contra el alcalde de Tlaquiltenango por los señalamientos difundidos en su contra.
La disputa adquiere ahora una dimensión adicional porque Franco Ruiz acaba de asumir la dirección de una de las instituciones educativas más importantes de Morelos, en medio de protestas de trabajadores y docentes que cuestionan su designación. Aunque los conflictos administrativos del IEBEM tienen sus propias causas, los antecedentes del exalcalde se han convertido en otro elemento de discusión pública.
El asunto de fondo sigue abierto en términos políticos e informativos: establecer cuáles de las irregularidades señaladas por Alonso Plascencia fueron efectivamente documentadas, cuáles se solventaron, cuáles corresponden a procedimientos distintos y si existe alguna investigación vigente. Más allá del enfrentamiento entre ambos personajes, la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos municipales y las resoluciones oficiales que permitan esclarecer las acusaciones.
