ESTACIONAMIENTOS: LA LEY DICE GRATIS, PERO LAS PLUMAS SIGUEN COBRANDO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 12 de octubre de 2026
En Morelos tenemos una curiosa manera de aplicar las leyes: primero las aprobamos, después las publicamos, enseguida las anunciamos con bombo y platillo y, finalmente, permitimos que algunos particulares hagan como si no existieran. El caso de los estacionamientos de plazas comerciales, supermercados y tiendas departamentales es un magnífico ejemplo. Desde hace años existe legislación que protege el derecho de los consumidores a estacionarse gratuitamente bajo determinadas condiciones. Sin embargo, en numerosos establecimientos las plumas siguen bajando, las máquinas continúan cobrando y los clientes deben pagar por dejar sus automóviles mientras realizan compras que, por cierto, también representan ganancias para esos negocios.
El asunto vuelve a cobrar actualidad porque los 36 ayuntamientos de Morelos tienen como fecha límite el próximo 6 de noviembre para atender las nuevas disposiciones relacionadas con la regulación de estos estacionamientos. El Decreto 1407, mediante el cual se adicionó el artículo 124 Quáter a la Ley Orgánica Municipal, coloca nuevamente sobre los gobiernos municipales la responsabilidad de establecer las reglas y mecanismos necesarios para garantizar los derechos de los consumidores. Pero cuidado: no estamos hablando del nacimiento de una obligación completamente nueva. La gratuidad tiene antecedentes legales que se remontan a 2015 y fue reforzada en julio de 2019. Han transcurrido más de siete años desde aquella reforma y todavía seguimos discutiendo cómo conseguir que se respete.
El 24 de junio de 2025, en LA CRÓNICA DE MORELOS, Regina M. Cinta Becerril abordó este problema en su columna AGENDA DIARIA, bajo el título Estacionamientos en Cuernavaca: ¿gratuidad o abuso comercial? Allí recordó que el artículo 184 Bis, fracción III, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos establece dos horas gratuitas para los clientes que acrediten haber consumido en los establecimientos correspondientes, sin importar el monto de sus compras. También destacó que la legislación prohíbe los cobros adicionales por boleto perdido cuando se acredita la propiedad del vehículo. Su señalamiento central sigue teniendo vigencia: de poco sirve reconocer derechos en el papel cuando las autoridades encargadas de hacerlos efectivos permanecen ausentes.
Lo más interesante es que Cuernavaca tampoco puede alegar falta de reglamentación. Desde 2019 cuenta con un Reglamento de Estacionamientos Públicos cuyo artículo 16 contempla periodos gratuitos de una, dos y hasta tres horas, dependiendo de la categoría del estacionamiento comercial. Incluso establece sanciones para quienes incumplan. Aquí aparece un detalle que merece revisión jurídica: mientras la disposición estatal fija dos horas gratuitas para los clientes que acrediten consumo, la municipal contempla solamente una para determinadas categorías. Esta diferencia debería resolverse mediante una adecuada armonización normativa, privilegiando la protección de los consumidores. Lo inadmisible sería utilizar esa discrepancia como otro pretexto para seguir cobrando.
Y hay algo más. Los estacionamientos no solamente representan un problema económico. También está pendiente la responsabilidad de sus operadores frente a los daños o robos de vehículos. El reglamento de Cuernavaca exige, para obtener la licencia correspondiente, una póliza de seguro que contemple accidentes, robo total o parcial, incendios y otros riesgos. ¿Cuántos establecimientos cumplen efectivamente esa obligación? ¿Cuántos usuarios conocen la cobertura? ¿Cuántas reclamaciones han sido atendidas? Porque resulta muy cómodo cobrar puntualmente por introducir un automóvil y después pretender desconocer cualquier responsabilidad cuando algo le sucede. La discusión debe abarcar tanto la gratuidad como la seguridad y las garantías ofrecidas a quienes utilizan estos espacios.
Desde luego, los empresarios tienen derecho a defender sus intereses, acudir a los tribunales y cuestionar las disposiciones que consideren contrarias a sus derechos. Nadie propone atropellar garantías jurídicas ni desconocer resoluciones de amparo. Pero una cosa es ejercer legítimamente los medios de defensa y otra muy distinta convertir las excepciones o la falta de vigilancia municipal en una práctica generalizada de cobros. También sería conveniente que los ayuntamientos transparentaran qué establecimientos están obligados a otorgar la gratuidad, cuáles cuentan con resoluciones judiciales que modifican su situación y qué sanciones se han aplicado. Así se terminaría con buena parte de la confusión que hoy perjudica a los consumidores.
La nueva fecha límite representa, por tanto, una oportunidad para los presidentes municipales y sus respectivos cabildos, especialmente en Cuernavaca y Jiutepec, donde se concentra una parte importante de la actividad comercial del estado. Pero la solución no consiste solamente en modificar reglamentos durante una sesión de Cabildo. Hace falta revisar licencias, verificar pólizas de seguro, inspeccionar establecimientos, establecer procedimientos sencillos para recibir denuncias y aplicar las sanciones que legalmente correspondan. De poco servirá otra reforma si después no existe un solo inspector dispuesto a comprobar su cumplimiento. Las autoridades municipales deben ejercer sus facultades sin complacencias, pero también con pleno respeto a los procedimientos legales.
Conviene aclarar, finalmente, que el 6 de noviembre no debe interpretarse como la fecha en que mágicamente todos los estacionamientos comenzarán a ser gratuitos. Es el límite anunciado para que los ayuntamientos atiendan sus obligaciones regulatorias. El verdadero resultado dependerá de las disposiciones que emitan y, sobre todo, de su aplicación efectiva. Después de tantos años de leyes, acuerdos, exhortos y promesas, los morelenses merecen algo más que otro anuncio. Merecen entrar a una plaza comercial, realizar sus compras y ejercer los derechos que la legislación les reconoce. Porque mientras las autoridades sigan mirando hacia otro lado, las plumas continuarán bajando, las cajas registradoras seguirán sonando y los abusos, como siempre, terminarán pagándolos los consumidores.
