CUAUTLA: ¿Y SI EL ENEMIGO TAMBIÉN ESTÁ DENTRO DE LA POLICÍA?
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Sábado 17 de octubre de 2026
La propuesta de la regidora de Cuautla, Anita Sánchez Guerra, para desaparecer la Policía Municipal y entregar temporalmente las tareas de seguridad a la Guardia Nacional merece un análisis que vaya mucho más allá de las diferencias políticas, los protagonismos personales y el estilo particularmente combativo de la representante del Partido Verde Ecologista de México. Porque detrás de sus declaraciones aparece una de las hipótesis más inquietantes para explicar la violencia que azota a la Heroica: ¿qué sucede cuando quienes tienen la obligación de combatir a los delincuentes terminan, por acción, omisión o complicidad, facilitando sus operaciones? No estamos ante una pregunta novedosa. Morelos ha conocido, durante décadas, episodios de corrupción e infiltración de sus corporaciones policiacas. Y algunos antecedentes históricos permiten comprender que el problema no necesariamente se resuelve cambiando comandantes, aumentando patrullajes o incorporando más elementos federales.
Viene a mi memoria un episodio ocurrido durante el gobierno de Lauro Ortega Martínez, entre 1984 y 1985. La entonces Policía Judicial del Estado, antecedente de la actual Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Morelos, atravesaba una crisis de corrupción y señalamientos de vínculos con delincuentes. Ortega decidió cortar por lo sano: cesar prácticamente a toda la corporación, integrada por alrededor de un centenar de agentes, y sustituirlos principalmente con jóvenes egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Aquella decisión, que recuerdo por mi ejercicio periodístico en esos años, produjo resultados alentadores inicialmente, pero el tiempo demostró que sustituir de golpe a los investigadores experimentados también tenía consecuencias. La depuración podía eliminar malas prácticas, pero no garantizaba por sí misma la formación de una policía profesional. Eran otros tiempos, desde luego, aunque la enseñanza permanece vigente: una corporación infiltrada necesita una limpieza profunda, pero también capacidades institucionales para no reproducir los mismos vicios.
Regresemos a Cuautla. Anita Sánchez Guerra sostiene que entre 2025 y 2026 han desfilado siete responsables de Seguridad Pública por el municipio y que tres de ellos habrían reprobado los exámenes de control y confianza. Añade que existen funcionarios provenientes de la administración de Jesús Corona Damián, detenido en mayo pasado por autoridades federales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y posibles actos de extorsión. Estos antecedentes no permiten declarar culpable a toda la corporación ni establecer responsabilidades penales por simple asociación laboral. Sin embargo, sí justifican preguntas que las autoridades deben contestar: ¿quién propuso a esos mandos?, ¿quién autorizó sus nombramientos?, ¿qué resultados arrojaron sus evaluaciones?, ¿cuántos elementos están bajo investigación y quién vigila la actuación de quienes permanecen en servicio? La infiltración criminal, cuando existe, difícilmente se combate mediante simples cambios de membrete.
Hay otro dato que resulta revelador. Según las cifras proporcionadas por Sánchez Guerra, Cuautla dispone de apenas 45 policías para una población cercana a 196 mil habitantes. Eso significa, aproximadamente, un elemento por cada cuatro mil 356 habitantes, sin descontar descansos, turnos, vacaciones o incapacidades. Si las cifras se confirman, estaríamos frente a una capacidad preventiva extraordinariamente limitada. Pero todavía más grave sería que, dentro de ese reducido estado de fuerza, existieran elementos comprometidos con intereses criminales. Una policía pequeña enfrenta dificultades para cubrir su territorio; una policía infiltrada puede convertirse, además, en fuente de información para quienes extorsionan, secuestran, venden drogas o disputan el control territorial. Insisto: se trata de un riesgo que debe investigarse, no de una culpabilidad colectiva demostrada.
La experiencia mexicana ofrece suficientes razones para examinar otro fenómeno: la posibilidad de que grupos delincuenciales influyan en la designación de titulares policiacos municipales. No siempre necesitan controlar al alcalde o a todos los integrantes de una corporación. En ocasiones les basta con obtener información anticipada sobre operativos, identificar a los agentes incómodos, conseguir protección territorial o garantizar que determinadas denuncias no prosperen. Por eso, la discusión sobre Cuautla no debería limitarse a cuántos policías faltan, sino extenderse hacia los procedimientos utilizados para seleccionar mandos, investigar antecedentes, vigilar patrimonios y sancionar conductas irregulares. El verdadero peligro aparece cuando la delincuencia deja de esconderse de las autoridades y consigue operar bajo la protección de algunas de ellas.
Pero existe otra dimensión del problema, particularmente visible en algunas comunidades de la región oriente. Pensemos en la colonia Juan Morales, perteneciente a Yecapixtla y situada en la zona de influencia de Cuautla. Allí, como en otras localidades que han experimentado transformaciones sociales y territoriales, resulta indispensable investigar los mecanismos mediante los cuales grupos criminales reclutan a jóvenes, disputan mercados ilícitos y pretenden establecer controles sobre determinadas zonas. Hay versiones locales sobre la aparición de células integradas por muchachos procedentes de comunidades rurales, algunos de los cuales buscarían organizarse para controlar actividades delictivas. No podemos convertir esas versiones en hechos acreditados sin investigaciones, ni mucho menos estigmatizar a la juventud rural. Sin embargo, el fenómeno plantea una pregunta fundamental: ¿qué oportunidades encuentran esos jóvenes cuando abandonan sus comunidades y llegan a zonas urbanas donde escasean las alternativas educativas, laborales y de desarrollo personal?
La delincuencia organizada no solamente recluta mediante amenazas. También puede atraer ofreciendo dinero, reconocimiento, pertenencia, vehículos, armas y una ilusoria posición de poder. En territorios donde faltan escuelas de nivel medio superior accesibles, empleos dignos, espacios deportivos, actividades culturales y expectativas de movilidad social, esas ofertas pueden adquirir mayor fuerza. Desde luego, la pobreza no convierte automáticamente a nadie en delincuente, ni la mayoría de los jóvenes que enfrentan carencias escoge el camino criminal. Pero ignorar las condiciones que facilitan el reclutamiento significa combatir únicamente las manifestaciones violentas del problema y dejar intactos algunos de sus mecanismos de reproducción. Cuautla necesita policías confiables, pero también una política de prevención capaz de impedir que nuevas generaciones se conviertan en reserva de reclutamiento de las organizaciones criminales.
Los acontecimientos recientes demuestran que la crisis ya rebasó los límites de los enfrentamientos entre grupos delictivos. Los ataques contra transportistas, el incendio de unidades del servicio público, las extorsiones a comerciantes y los homicidios han alterado la vida cotidiana y perjudicado actividades económicas esenciales. El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido en septiembre, agregó una dimensión internacional a la preocupación por la seguridad en Cuautla. Las familias tienen derecho a exigir resultados, pero también explicaciones sobre el funcionamiento de las instituciones responsables de protegerlas. Porque cuando los delincuentes consiguen paralizar rutas de transporte, intimidar comerciantes y modificar las rutinas de comunidades enteras, el problema deja de ser exclusivamente policiaco y se convierte en una crisis de autoridad, confianza y gobernabilidad.
¿Es viable entonces desaparecer la Policía Municipal y sustituirla con la Guardia Nacional? La propuesta de Anita Sánchez Guerra abre un debate legítimo, aunque su aplicación no sería tan sencilla. El artículo 115 constitucional establece la responsabilidad municipal sobre la policía preventiva y su mando, mientras que la intervención de fuerzas federales requiere los mecanismos legales e institucionales correspondientes. Una intervención extraordinaria podría servir para recuperar capacidades de vigilancia, proteger a la población y facilitar una depuración de elementos bajo sospecha, pero no debería confundirse con una solución permanente. La Guardia Nacional tampoco puede reemplazar indefinidamente las obligaciones de los ayuntamientos. Lo indispensable sería establecer un programa verificable de evaluación, investigación, depuración, profesionalización y reconstrucción de la corporación local, con vigilancia externa y resultados públicos.
Aquí aparece una responsabilidad que suele quedar fuera de las discusiones. Durante años, diversos gobiernos municipales de Morelos han descansado en la presencia de corporaciones estatales y federales, como si la coordinación significara renunciar a sus propias obligaciones constitucionales. Y mientras los discursos oficiales destacan operativos y detenciones, pocas veces se explica cómo se construirá una policía municipal suficiente, profesional, bien remunerada y resistente a la corrupción. La seguridad no puede depender eternamente de que lleguen soldados o guardias nacionales a apagar incendios. Tampoco resulta aceptable que cada cambio de administración implique sustituir mandos sin esclarecer quién los recomendó, qué antecedentes tenían y cuáles fueron los resultados de su desempeño.
Por eso considero que, independientemente de la personalidad política de Anita Sánchez Guerra, sus señalamientos deben examinarse con seriedad. Si tres mandos reprobaron controles de confianza, debe aclararse documentalmente qué sucedió y si llegaron a ejercer funciones. Si existen sospechas de infiltración, deben intervenir las instancias competentes y abrirse investigaciones con consecuencias legales. Si solamente hay 45 policías, corresponde presentar un programa urgente de fortalecimiento institucional. Y si los grupos criminales están encontrando en jóvenes sin oportunidades una fuente de reclutamiento, la respuesta también debe involucrar a las autoridades educativas, laborales y de desarrollo social. Todo ello exige coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal, sin utilizar las diferencias partidistas como pretexto para evadir responsabilidades.
Han transcurrido más de cuatro décadas desde aquella decisión de Lauro Ortega de desmantelar y reconstruir la Policía Judicial de Morelos. Las circunstancias históricas son distintas, las organizaciones criminales poseen hoy mayor capacidad económica y de fuego, y los mecanismos institucionales también han cambiado. Sin embargo, la preocupación de fondo conserva una inquietante semejanza: ¿cómo combatir eficazmente a la delincuencia cuando existe la posibilidad de que parte del aparato encargado de enfrentarla haya sido penetrado por sus intereses? Esa es la cuestión que Cuautla necesita esclarecer. Porque enviar más policías a las calles puede ser necesario, pero de poco servirá si antes no se garantiza que todos estén del mismo lado de la ley.
Y algo más: mientras no se reconstruya la confianza entre autoridades y ciudadanos, y mientras las nuevas generaciones encuentren mayores incentivos en las estructuras criminales que en las oportunidades legítimas, la violencia seguirá teniendo condiciones para reproducirse.
Cuautla no solamente necesita recuperar sus calles. Necesita recuperar sus instituciones y evitar que la delincuencia siga reclutando a quienes deberían representar su futuro.
