¡Te traigo finto, te traigo finto! Urióstegui mantiene en la cuerda floja a Pablo Nivardo, titular de la SEPRAC; lo someterá a evaluación hasta diciembre
El alcalde de Cuernavaca prolonga la incertidumbre sobre la permanencia del titular de la SEPRAC, luego de haber advertido desde septiembre que podría removerlo por los resultados insuficientes en materia de seguridad. La reiteración pública de estas advertencias comienza a generar interrogantes sobre la autoridad y el respaldo institucional del jefe policiaco.
El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, parece haber colocado al titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), Pablo Nivardo Aguilera Casados, en una situación de permanente incertidumbre laboral y política. Ahora anunció que el funcionario continuará bajo evaluación durante lo que resta de 2026, prolongando una serie de advertencias públicas que comenzaron semanas atrás y que mantienen abierta la posibilidad de su destitución.
La situación llama la atención porque apenas el pasado 28 de septiembre, después de diversos acontecimientos violentos registrados en la capital morelense, Urióstegui anunció que evaluaría durante dos semanas el desempeño de los mandos policiacos, incluido el propio secretario. Entonces reconoció que la estrategia de seguridad no había funcionado completamente y que la presencia policial en las calles resultaba insuficiente. Sin embargo, transcurrido aquel plazo, en lugar de una resolución definitiva sobre la continuidad de Aguilera Casados, el periodo de evaluación se ha extendido prácticamente hasta diciembre.
El problema no radica en que un alcalde evalúe a sus colaboradores, una atribución legítima y necesaria, sino en la reiteración pública de advertencias sobre la posible salida de quien tiene bajo su responsabilidad el mando de la policía municipal. En una corporación que requiere disciplina, cohesión interna y claridad en la cadena de mando, mantener al secretario permanentemente bajo la amenaza de una remoción podría debilitar su autoridad frente a sus propios subordinados.
La circunstancia resulta todavía más peculiar porque Aguilera Casados fue nombrado el 27 de enero de este año por el Cabildo de Cuernavaca, a propuesta de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. En aquella ocasión fue presentado como un especialista en inteligencia, investigación criminal y política de seguridad, con experiencia en instituciones nacionales y colaboración internacional. Nueve meses después, su continuidad parece depender de evaluaciones cuyos criterios y resultados específicos no se han hecho públicos de manera suficiente.
Además, el propio jefe policiaco ha sostenido que su dependencia está entregando resultados y que la estrategia de seguridad municipal se mantiene vigente. Esa postura contrasta con las declaraciones del alcalde, quien ha reconocido deficiencias operativas y ha insistido en la necesidad de mejorar la vigilancia. Las diferencias de apreciación entre ambos funcionarios alimentan las dudas sobre la unidad de criterios dentro de la conducción de la seguridad pública capitalina.
En los círculos políticos y administrativos, una situación de esta naturaleza plantea una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto puede ejercer plenamente su autoridad un secretario de Seguridad cuando su superior jerárquico mantiene públicamente en duda su permanencia? Para cualquier jefe policiaco con una trayectoria profesional consolidada, la reiteración de estos cuestionamientos podría representar un desgaste considerable de su posición institucional, independientemente de que existan o no razones justificadas para sustituirlo.
Por supuesto, el alcalde tiene facultades para revisar el funcionamiento de la SEPRAC y promover los cambios que considere necesarios conforme a los procedimientos legales. Sin embargo, también le corresponde proporcionar a la corporación condiciones de estabilidad y certeza. Si existen elementos objetivos que ameriten la remoción del secretario, lo procedente sería tomar la decisión correspondiente; si conserva su confianza, resultaría conveniente respaldarlo públicamente y exigirle resultados mediante indicadores concretos.
Mientras tanto, Pablo Nivardo Aguilera Casados permanece en una especie de limbo institucional: continúa al frente de la policía, pero con su futuro sujeto a evaluaciones anunciadas públicamente una y otra vez. Y en una ciudad donde la inseguridad representa una de las principales preocupaciones ciudadanas, la conducción de la corporación policiaca no debería convertirse en un prolongado juego de incertidumbres. La pregunta ya no es solamente cuánto tiempo permanecerá Aguilera Casados en el cargo, sino cuánto puede resistir su autoridad frente a semejante desgaste.
