POLICÍAS EN REBELDÍA: LA BOMBA SALARIAL QUE ESTALLA EN LAS MANOS DE LOS ALCALDES
LA CRÓNICA DE MORELOS
Miércoles 21 de octubre de 2026
E D I T O R I A L
Lo que comenzó como una protesta salarial de policías municipales en Cuernavaca amenaza con convertirse en una crisis laboral de mayores proporciones en Morelos. Primero fue la capital del estado, después Xochitepec y ahora Jiutepec. Tres municipios, tres corporaciones inconformes y una misma exigencia: salarios dignos, prestaciones efectivas y condiciones laborales acordes con los riesgos de enfrentar a la delincuencia. La paradoja es brutal: mientras los gobiernos anuncian nuevas estrategias, operativos coordinados y reforzamientos de la seguridad pública, quienes deben ejecutarlos denuncian carencias elementales. ¿Con qué autoridad moral se les exige arriesgar la vida cuando algunos ni siquiera tienen garantizada una atención médica adecuada? No estamos frente a simples inconformidades administrativas. Estamos viendo las consecuencias de un problema estructural que durante años fue relegado en los presupuestos municipales y que ahora amenaza con estallar precisamente cuando Morelos necesita policías suficientes, profesionales y comprometidos.
Los números explican buena parte del malestar. En Cuernavaca, después de las protestas del 12 de octubre, el Cabildo aprobó el día 14 un nuevo tabulador que establece un sueldo neto mensual de 17 mil 701 pesos para el grado de policía, más prestaciones complementarias que elevan el ingreso de referencia a 21 mil 857 pesos, sujeto al cumplimiento de requisitos administrativos y de carrera policial. Pero la realidad es muy distinta en otras demarcaciones. En Xochitepec, 87 elementos suspendieron labores el martes 20 de octubre, denunciando percepciones cercanas a 4 mil 700 pesos quincenales y dificultades para acceder a servicios médicos. En Jiutepec, este miércoles 21, los uniformados rechazaron un incremento salarial de apenas cuatro por ciento, que, según sus propios cálculos, representa alrededor de 217 pesos mensuales adicionales. La pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede hablarse de una política estatal de seguridad coordinada cuando existen diferencias tan pronunciadas en las condiciones laborales de quienes integran su primera línea de defensa?
El asunto adquiere dimensiones todavía más preocupantes cuando se observa el contexto de inseguridad que padece Morelos. La extorsión, los homicidios, los ataques contra transportistas y la presencia de organizaciones criminales exigen instituciones fortalecidas, no corporaciones debilitadas por la precariedad laboral. En municipios como Cuautla se han señalado plantillas policiales extraordinariamente reducidas frente a las necesidades de su población. Y aquí aparece otra contradicción que las autoridades deben explicar: se reclama mayor presencia policiaca en las calles, pero no siempre existen suficientes elementos ni incentivos económicos para atraer nuevos aspirantes y conservar a los experimentados. Un policía mal pagado no es automáticamente un policía corrupto, pero una corporación con salarios precarios, prestaciones deficientes y escasas oportunidades de desarrollo enfrenta mayores riesgos de deserción, desmotivación y vulnerabilidad ante las presiones criminales. La profesionalización no se consigue con discursos ni fotografías de patrullas recién entregadas. Requiere dinero, capacitación, supervisión y condiciones laborales sostenibles.
Hay, además, un factor que vuelve especialmente delicada esta oleada de protestas: el calendario financiero. Los 36 ayuntamientos morelenses se encuentran en la recta final del ejercicio fiscal 2026, cuando deben cumplir compromisos de nómina, aguinaldos, prestaciones y obligaciones acumuladas, mientras preparan sus previsiones presupuestales para 2027. Una homologación salarial representa un gasto permanente que exige fuentes de financiamiento igualmente permanentes. No se trata, entonces, de abrir irresponsablemente las chequeras ni de prometer aumentos que después resulten imposibles de cubrir. Se trata de revisar prioridades, eliminar gastos prescindibles y establecer, con participación del Gobierno estatal y de la Federación, una ruta presupuestal verificable para fortalecer a las policías municipales. Los alcaldes tienen una responsabilidad directa, pero sería igualmente equivocado suponer que pueden resolver por sí solos todas las deficiencias de un sistema de seguridad que requiere coordinación y recursos de los tres órdenes de gobierno. Lo inadmisible sería dejar que cada conflicto se convierta en un paro de labores antes de sentarse a negociar.
La advertencia está sobre la mesa: Morelos corre el riesgo de enfrentar simultáneamente una crisis de inseguridad y otra de inconformidad dentro de las instituciones encargadas de combatirla. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dispuesto una mayor intervención federal en la estrategia de seguridad de la entidad, pero ningún despliegue extraordinario sustituye indefinidamente la obligación de contar con policías municipales capaces, suficientes y adecuadamente remunerados. El Gobierno estatal, los alcaldes y el Congreso deben asumir que la homologación salarial y la seguridad social no pueden seguir tratándose como asuntos secundarios. Hace falta un diagnóstico público de cuántos policías tiene cada municipio, cuánto ganan realmente, qué prestaciones reciben y cuánto costaría cerrar progresivamente las brechas existentes. También es indispensable garantizar la continuidad de los servicios de vigilancia mientras se atienden las demandas laborales. Porque hay una verdad incómoda que ningún gobernante debería ignorar: si los policías tienen que abandonar sus patrullas para conseguir que las autoridades los escuchen, algo muy serio está fallando en la conducción de la seguridad pública. Y quienes terminarán pagando las consecuencias serán, una vez más, los ciudadanos.
