MORELOS Y LA BOMBA FINANCIERA QUE NADIE PUEDE DESACTIVAR

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 22 de octubre de 2026

En Morelos hay una bomba de tiempo que no hace ruido, no aparece en los partes policiacos ni provoca movilizaciones multitudinarias, por lo menos todavía. Se encuentra en las oficinas de Hacienda, en las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en los expedientes de jubilaciones y en las obligaciones laborales que cada diciembre ponen contra la pared a diversas instituciones públicas. Es una bomba financiera alimentada durante años por presupuestos insuficientes, compromisos acumulados y decisiones que los gobiernos sucesivos han preferido administrar antes que resolver. Lo verdaderamente preocupante es que el reloj sigue avanzando mientras la clase política tiene buena parte de su atención puesta en las elecciones de 2027.

El caso de la UAEM resulta particularmente ilustrativo. La máxima casa de estudios morelense dispone este año de un subsidio ordinario cercano a los 2 mil 971 millones de pesos, pero necesita entre 270 y 300 millones adicionales para concluir el ejercicio y cubrir compromisos laborales. Hace apenas unos días, los representantes sindicales reiteraron su preocupación por el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año. No estamos ante una contingencia inesperada: el problema se repite desde hace aproximadamente una década. La rectora Viridiana Aydeé León Hernández ha explicado que alrededor del 95 por ciento del presupuesto universitario se destina a salarios y prestaciones, dejando un margen sumamente estrecho para infraestructura, mantenimiento e investigación. ¿Cómo puede desarrollarse una universidad pública cuando prácticamente todo su dinero está comprometido antes de comenzar el año?

Pero lo de la UAEM podría parecer una dificultad menor frente al tamaño del problema pensionario que enfrenta el gobierno estatal. El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, advirtió que hacia 2030 las jubilaciones y pensiones podrían absorber entre el 30 y el 35 por ciento del presupuesto de Morelos. Estamos hablando, según sus propias estimaciones, de entre 12 mil y 14 mil millones de pesos anuales. Dicho de otra manera: de cada cien pesos disponibles, hasta 35 tendrían que destinarse a pagar obligaciones pensionarias. Se trata de una proyección, no de un gasto ya comprometido en esas proporciones, pero su dimensión resulta suficiente para encender todas las alarmas. Si ese escenario se materializa, ¿con qué recursos se atenderán las crecientes necesidades de seguridad, salud, educación, infraestructura y servicios públicos?

La situación adquiere mayor gravedad porque el proyecto de creación de un Instituto Estatal de Pensiones quedó suspendido después de las diferencias surgidas con las organizaciones sindicales. Es comprensible que los trabajadores defiendan sus derechos adquiridos y desconfíen de cualquier modificación que pudiera afectarlos. También es obligación del gobierno presentar información actuarial transparente, explicar sus proyecciones y construir acuerdos sin imposiciones. Lo que resulta difícil de justificar es que una discusión de semejante trascendencia quede prácticamente congelada. Suspender una iniciativa puede resolver temporalmente un conflicto político, pero de ninguna manera detiene el crecimiento de las obligaciones financieras. Los expedientes no desaparecen porque se guarden en un cajón.

Aquí aparece otro elemento que suele quedar fuera del discurso oficial: la diferencia entre disponer de un presupuesto importante y contar verdaderamente con recursos para gobernar. Una administración puede anunciar miles de millones de pesos en su paquete económico, pero si una proporción creciente ya tiene destino obligatorio, su capacidad real de inversión disminuye. Y cuando a las pensiones se agregan nóminas, prestaciones, adeudos, compromisos contractuales y necesidades extraordinarias, el margen de maniobra se estrecha todavía más. No se trata de desconocer derechos laborales, sino de entender que garantizar su cumplimiento exige planeación, ingresos sostenibles y decisiones oportunas. La improvisación presupuestal siempre termina cobrando intereses.

El problema tampoco puede atribuirse exclusivamente a la administración que encabeza Margarita González Saravia. Buena parte de estas presiones tiene raíces anteriores y responde a decisiones acumuladas durante varios gobiernos, legislaturas y administraciones universitarias. Sin embargo, reconocer su origen histórico no exime a las autoridades actuales de enfrentarlas. El Ejecutivo debe presentar diagnósticos completos y alternativas financieramente viables; el Congreso necesita revisar con seriedad las proyecciones del gasto, y los organismos públicos están obligados a transparentar sus obligaciones. Sería lamentable que la discusión presupuestal de 2027 terminara convertida en otro escenario de negociaciones políticas mientras los problemas estructurales continúan agravándose.

Estamos entrando en una etapa particularmente delicada. El próximo ejercicio fiscal coincidirá con la renovación de ayuntamientos y del Congreso local, circunstancia que inevitablemente incrementará las presiones políticas sobre las decisiones gubernamentales. Precisamente por ello, resulta indispensable separar las necesidades financieras del estado de los intereses electorales. Morelos necesita saber cuánto debe, cuánto tendrá que pagar durante los próximos años, qué obligaciones son ineludibles y de dónde saldrán los recursos para cumplirlas. No bastan las declaraciones tranquilizadoras ni las ampliaciones presupuestales de última hora. Hace falta una estrategia de largo plazo, sustentada en cifras verificables y sometida al escrutinio público.

La bomba financiera de Morelos no necesariamente estallará mañana. Ese es, justamente, el peligro: que su aparente lentitud permita seguir aplazando las decisiones. Cada año que pasa sin corregir los desequilibrios reduce las alternativas disponibles y puede elevar los costos de cualquier solución futura. Llegará un momento en que la discusión ya no será cuánto dinero adicional se destina a una universidad o a un programa público, sino qué servicios deberán sacrificarse para cubrir compromisos que nadie quiso atender oportunamente. Porque una cosa es gobernar administrando el presupuesto y otra, muy distinta, administrar indefinidamente una crisis. Y en Morelos el tiempo, al igual que el dinero, comienza a convertirse en un recurso cada vez más escaso.