Fondo Auxiliar del Poder Judicial, bajo investigación por gastos de casi 10 millones de pesos
La Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia contra Luis Jorge Gamboa Olea, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, por observaciones detectadas en el manejo de recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2022.
El manejo financiero del Poder Judicial de Morelos quedó nuevamente bajo escrutinio, luego de que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) presentara una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades en la administración del Fondo Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La denuncia está relacionada con observaciones por 9 millones 949 mil pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, cuando Luis Jorge Gamboa Olea encabezaba el máximo órgano judicial del estado. De acuerdo con la información difundida este martes 27 de octubre, el organismo fiscalizador identificó erogaciones cuya comprobación presupuestal o documental fue considerada insuficiente.
El señalamiento no significa, por sí mismo, que la totalidad de los recursos haya sido desviada o sustraída. Se trata de cantidades observadas durante la revisión de las cuentas públicas, cuya aplicación y justificación deberán examinarse dentro de la investigación correspondiente.
La intervención de la Fiscalía Anticorrupción abre una nueva etapa para determinar si las inconsistencias detectadas constituyen únicamente deficiencias administrativas o si existen elementos que permitan establecer posibles responsabilidades penales.
El caso adquiere particular relevancia porque involucra al Fondo Auxiliar del Poder Judicial, un mecanismo financiero cuya administración debe sujetarse a controles, registros contables y procedimientos de fiscalización que permitan conocer el destino de sus recursos.
La denuncia también coloca sobre la mesa la necesidad de transparentar los resultados de la auditoría, precisar qué conceptos fueron observados y establecer si durante el procedimiento de revisión se presentaron documentos para solventar las inconsistencias.
Será igualmente importante conocer la posición de Luis Jorge Gamboa Olea respecto de los señalamientos, así como los argumentos y elementos documentales que, en su caso, aporte ante las autoridades competentes.
Por ahora, la presentación de una denuncia no constituye una sentencia ni acredita responsabilidad penal. Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos y determinar si existen elementos suficientes para ejercer acción penal, con pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
El seguimiento de este expediente permitirá establecer no solamente el destino de los casi diez millones de pesos observados, sino también la eficacia de los mecanismos de vigilancia sobre los recursos administrados por el Poder Judicial de Morelos.
