EL INE Y LA CRISIS DE LOS CONTRAPESOS: UNA DEMOCRACIA QUE PERDIÓ SUS DEFENSAS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 28 de octubre de 2026
Lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede interpretarse como un escándalo administrativo aislado, ni mucho menos como una crisis que terminará con la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala. Es una expresión particularmente grave del debilitamiento institucional que México ha experimentado desde 2018, cuando la denominada Cuarta Transformación llegó al poder. Durante décadas, con enormes dificultades, contradicciones y retrocesos, nuestro país construyó contrapesos frente al presidencialismo prácticamente absoluto que caracterizó al régimen priísta. La alternancia del año 2000 fue posible, entre otras cosas, gracias al fortalecimiento de las autoridades electorales. Hoy, paradójicamente, cuando la democracia mexicana debería encontrarse en una etapa de consolidación, observamos un preocupante fenómeno de concentración del poder político y debilitamiento de los organismos concebidos precisamente para impedir los abusos del poder.
La transformación del sistema político mexicano no se limitó a sustituir a los antiguos grupos gobernantes. También modificó profundamente el equilibrio entre los poderes y los organismos autónomos. La desaparición de instituciones, la reducción de espacios de vigilancia independiente, los cambios en el Poder Judicial y el predominio de una misma fuerza política en buena parte de las estructuras del Estado han reconfigurado el modelo de pesos y contrapesos que conocimos durante las últimas décadas. Los defensores de estas decisiones argumentan que fueron necesarias para acabar con privilegios, duplicidades y burocracias costosas. Sin embargo, el resultado merece una evaluación mucho más rigurosa: México corre el riesgo de regresar a un presidencialismo dominante, semejante en algunos aspectos al que durante tantos años combatieron quienes hoy gobiernan. La diferencia es que ahora esa concentración se presenta bajo las banderas de una transformación histórica.
El caso del INE constituye una señal de alarma extraordinaria. La renuncia de Guadalupe Taddei, formalizada el lunes 26 de octubre, ocurrió después de revelaciones periodísticas sobre presuntos conflictos de interés, contrataciones cuestionadas y posibles mecanismos de colusión entre proveedores. La Auditoría Superior de la Federación abrió investigaciones sobre operaciones por cientos de millones de pesos relacionadas con empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado en diversas publicaciones por su presunta relación sentimental con la entonces presidenta del organismo. Fotografías, videos y grabaciones difundidos nacionalmente exhibieron una cercanía personal y familiar que alimentó los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. Taddei rechazó las acusaciones y sostuvo que no había intervenido indebidamente en las contrataciones. Corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades, pero el daño institucional está a la vista. ¿Cómo explicar que una institución cuya razón de ser consiste en garantizar legalidad, transparencia e imparcialidad haya terminado envuelta en semejante crisis de credibilidad?
Morelos tampoco puede considerarse ajeno a esta situación. Como documentamos en La Crónica de Morelos, tres integrantes del Consejo Estatal Electoral del Impepac fueron designados durante la presidencia de Guadalupe Taddei, mediante un acuerdo aprobado por el Consejo General del INE el 26 de septiembre de 2024. Se trata de María del Rosario Montes Álvarez, Adrián Montessoro Castillo y Víctor Manuel Salgado Martínez. Su nombramiento bajo aquella administración no acredita, por sí mismo, subordinación personal ni intervención irregular, pero sí justifica examinar los mecanismos de designación y las relaciones institucionales. Lo verdaderamente relevante es que los cuestionamientos sobre el INE también alcanzan el ámbito de las contrataciones electorales locales, donde aparecen nombres empresariales directamente relacionados con la controversia nacional.
En efecto, nuestra investigación permitió establecer que Raymundo Francisco Hernández Casillas, hermano de José Alfredo Hernández Casillas, intervino personalmente en un procedimiento de adquisición de materiales electorales del Impepac. El 18 de septiembre de 2023, en su calidad de representante legal de Cajas Graf, S.A. de C.V., firmó una precotización por aproximadamente 80 millones 680 mil pesos, incorporada posteriormente al expediente de la licitación IMPEPAC/LP/002/2024. Es decir, el hermano del empresario cuya cercanía con Taddei ha provocado un escándalo nacional aparece con nombre y apellido en documentos oficiales del organismo electoral morelense. Debemos precisar que Cajas Graf no obtuvo aquella adjudicación: el contrato, por 36 millones 770 mil 154 pesos, fue otorgado a Litho Formas, otra empresa mencionada en investigaciones periodísticas nacionales. La existencia de estos antecedentes no demuestra corrupción, pero obliga a revisar la selección de proveedores, las relaciones empresariales y los procedimientos administrativos. ¿Qué vínculos existían entre las empresas participantes? ¿Por qué fueron consideradas? ¿Qué funcionarios intervinieron y bajo qué criterios se tomaron las decisiones? Mireya Gally Jordá, presidenta del Impepac, tiene la oportunidad y la responsabilidad institucional de contribuir al esclarecimiento de estas interrogantes.
Lo verdaderamente preocupante es que esta crisis ocurre cuando México se encuentra a las puertas de las elecciones intermedias de 2027. Quedan poco más de siete meses para la jornada electoral y no existe margen político ni operativo suficiente para emprender una reconstrucción constitucional profunda de las instituciones electorales sin comprometer los preparativos en marcha. El INE conserva personal profesional, capacidades técnicas y procedimientos que no desaparecen con la salida de su presidenta. Sería injusto desconocer el trabajo de miles de servidores públicos electorales. Pero una cosa es organizar materialmente unas elecciones y otra muy distinta conseguir que la ciudadanía confíe en quienes las organizan. La instalación de casillas, la capacitación de funcionarios, la fiscalización de campañas y el cómputo de votos pueden realizarse conforme a los procedimientos establecidos. Recuperar una credibilidad institucional deteriorada durante años es un desafío infinitamente más complicado.
Desde mi perspectiva, el mayor daño provocado por esta crisis no consiste solamente en los posibles desvíos de recursos públicos, cuya existencia y responsabilidades deberán acreditarse. El golpe más profundo se dirige contra la confianza ciudadana. Durante generaciones, millones de mexicanos exigieron elecciones limpias, autoridades independientes y condiciones equitativas para competir por el poder. La construcción del antiguo IFE y su posterior transformación en INE respondieron a esa exigencia histórica.
Hoy tenemos una institución severamente cuestionada, un sistema de contrapesos debilitado y una fuerza gobernante que concentra una enorme capacidad de decisión sobre el futuro de las reglas electorales. No afirmo que los resultados de 2027 estén predeterminados ni que todos los integrantes del INE hayan perdido su independencia. Afirmo algo igualmente grave: será extraordinariamente difícil convencer a una sociedad cada vez más desconfiada de que el árbitro conserva la fortaleza y la autonomía necesarias para enfrentar cualquier intento de intervención política.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene ante sí una responsabilidad histórica que va mucho más allá de nombramientos o declaraciones de respaldo a la transparencia. Debe demostrar, mediante decisiones y respeto efectivo a la autonomía electoral, que el gobierno federal no pretende someter al árbitro de las elecciones. La Cámara de Diputados, por su parte, tiene la obligación de elegir una nueva presidencia del INE a partir de criterios de independencia, solvencia profesional y honorabilidad, no de cercanía partidista. En Morelos, el Impepac debe someterse al mismo escrutinio público, particularmente respecto de las designaciones y contrataciones que hemos señalado. Quizá todavía sea posible impedir que el deterioro avance, pero sería ingenuo imaginar que unos cuantos cambios administrativos devolverán en unos meses la confianza acumulada durante décadas. México no necesita solamente un nuevo rostro al frente del INE: necesita recuperar los contrapesos que impiden que la voluntad de una sola persona, por poderosa que sea, termine imponiéndose sobre las instituciones. Ese es el verdadero desafío democrático de nuestro tiempo.
