Nómina bajo sospecha: el IEBEM pagó a fallecidos, sindicalistas y personal con licencia
La Auditoría Superior de la Federación detectó pagos sin justificar por 17.6 millones de pesos durante 2025. Las observaciones exhiben deficiencias en el control de recursos públicos destinados a la educación básica de Morelos y abren la posibilidad de responsabilidades administrativas y procedimientos de recuperación del dinero.
La administración del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) enfrenta nuevos cuestionamientos, ahora respaldados por una auditoría federal que identificó irregularidades en el manejo de su nómina durante 2025. Entre los hallazgos figuran pagos a trabajadores fallecidos, personal con licencia sin goce de sueldo, empleados comisionados al sindicato y personas que desempeñaban cargos de elección popular.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo educativo tiene pendientes de aclarar 17 millones 690 mil 330 pesos, correspondientes a recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). La revisión comprendió una muestra de aproximadamente 10 mil 407 millones de pesos, equivalente al 98 por ciento de los recursos asignados al instituto mediante ese fondo.
Uno de los hallazgos más delicados corresponde a 848 mil 586 pesos pagados a 24 trabajadores con registros de defunción en 2024 y 2025. La irregularidad fue identificada mediante el cruce de información de las nóminas educativas con las bases oficiales de defunciones. El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados para dar de baja oportunamente a los trabajadores fallecidos y evitar la dispersión de recursos indebidos.
La ASF también identificó pagos por 10 millones 505 mil 693 pesos a 18 trabajadores que desempeñaban funciones dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin que se acreditara suficientemente la procedencia de las remuneraciones con cargo al fondo federal. Este concepto representa la mayor parte del monto pendiente de aclaración.
Otra observación corresponde a 3 millones 613 mil 563 pesos entregados a 40 trabajadores durante periodos en los que tenían licencia sin goce de sueldo. Adicionalmente, se detectaron pagos por un millón 985 mil 562 pesos a 16 empleados que figuraban en centros de trabajo geográficamente incompatibles, así como 736 mil 924 pesos a tres personas que ocupaban cargos de elección popular sin acreditar actividades educativas que justificaran esas remuneraciones.
La auditoría también encontró deficiencias en cuatro expedientes de contratación de bienes y servicios, principalmente por la ausencia de documentos que justificaran excepciones a los procedimientos de licitación y garantías de cumplimiento. Estas anomalías dieron lugar a una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que las autoridades competentes investiguen y determinen posibles responsabilidades.
El informe establece que, de 16 resultados de auditoría, siete no presentaron irregularidades, tres fueron solventados durante la revisión y seis generaron acciones de seguimiento. Asimismo, el Gobierno de Morelos realizó reintegros por 2 millones 406 mil 209 pesos a la Tesorería de la Federación. Los 17.6 millones de pesos observados constituyen recursos pendientes de aclaración, por lo que todavía no pueden considerarse un desfalco definitivamente acreditado.
El caso adquiere especial relevancia por la crisis administrativa que ha sacudido al IEBEM durante las últimas semanas, con protestas de trabajadores, denuncias sobre asignación de plazas y conflictos relacionados con promociones docentes. Los resultados de la auditoría corresponden al ejercicio 2025, cuando la dirección del organismo estuvo en manos de Leandro Vique Salazar y Raúl Aguirre Espitia, circunstancia que obliga a establecer qué funcionarios tuvieron intervención y responsabilidad en los procedimientos observados.
Más allá de las cifras, el problema central es la debilidad de los controles administrativos en una institución responsable de garantizar el funcionamiento de miles de escuelas públicas. Mientras numerosos docentes han denunciado retrasos en sus pagos y dificultades para obtener prestaciones legítimas, la auditoría documenta recursos entregados sin justificación suficiente. La Secretaría de Educación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la actual dirección del IEBEM deberán explicar quién autorizó esos movimientos, qué medidas se adoptarán para recuperar los recursos y si habrá sanciones. La transparencia exige que las observaciones no terminen convertidas en otro expediente sin consecuencias.
