EL FOBAPROA NO DEBE CONVERTIRSE EN SALVOCONDUCTO PARA TADDEI

OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 11 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió desempolvar uno de los expedientes más escandalosos de la historia económica de México: el Fobaproa. Este miércoles 11 de noviembre propuso abrir los archivos relacionados con los rescates bancarios de los años noventa y puso sobre la mesa el caso de Salinas y Rocha, empresa que, según sus propias referencias, habría recibido un rescate cercano a los cuatro mil millones de pesos, antes de que Elektra adquiriera acciones por aproximadamente 77 millones. La mandataria reconoció no tener las cifras exactas. Que se abran los expedientes, desde luego. Que se conozca quiénes fueron beneficiados, cuánto costaron sus rescates y quiénes terminaron pagando aquellas decisiones. Pero hay una pregunta inevitable: ¿por qué precisamente ahora, cuando el escándalo de Guadalupe Taddei y las contrataciones del Instituto Nacional Electoral exige explicaciones igualmente contundentes?

No se trata de negar la trascendencia del Fobaproa ni de absolver a quienes participaron en operaciones que comprometieron durante décadas las finanzas públicas. Se trata de advertir que los escándalos del pasado pueden convertirse en instrumentos políticos para desplazar los escándalos del presente. La presidenta sabe perfectamente que el Fobaproa despierta indignación, particularmente entre millones de mexicanos que terminaron pagando los costos de una crisis financiera cuyos principales beneficiarios no necesariamente fueron los ciudadanos. También sabe que colocar nuevamente en el banquillo de los acusados a empresarios y gobiernos anteriores resulta políticamente rentable para la llamada Cuarta Transformación.

Mientras tanto, el caso Taddei amenaza con convertirse en uno de los episodios más comprometedores para la credibilidad del INE. Los señalamientos sobre contrataciones, posibles conflictos de interés y relaciones entre funcionarios y proveedores no constituyen simples diferencias administrativas. Estamos hablando de recursos públicos y de una institución constitucionalmente autónoma cuya función esencial consiste en garantizar elecciones confiables. Las irregularidades denunciadas deben investigarse hasta sus últimas consecuencias, sin importar las conexiones personales, empresariales o políticas de quienes aparezcan involucrados. La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo no puede confundirse con una sentencia, pero tampoco debe convertirse en un punto final.

La dimensión política del asunto es todavía más delicada. Taddei llegó a la presidencia del INE en un contexto marcado por el enfrentamiento del obradorismo con las autoridades electorales y por el interés de Morena en modificar la estructura y el funcionamiento del instituto. Su designación fue recibida con satisfacción por sectores de la 4T, aunque eso, por sí mismo, no demuestra que haya favorecido ilegalmente al partido gobernante. Precisamente por ello, cualquier señalamiento sobre parcialidad institucional necesita pruebas y una investigación rigurosa. Lo que sí resulta legítimo preguntar es si desde el poder político existe verdadera disposición para esclarecer todas las responsabilidades, incluso cuando las investigaciones puedan alcanzar a personas identificadas con el proyecto gobernante.

La discusión tampoco puede agotarse en la renuncia de una funcionaria o en la sustitución de determinados servidores públicos. Si hubo contratos direccionados, tráfico de influencias, beneficios indebidos o utilización irregular del presupuesto electoral, corresponde a las autoridades establecer quiénes intervinieron, mediante qué procedimientos y con cuáles consecuencias patrimoniales o penales. La Fiscalía General de la República, las instancias fiscalizadoras y las autoridades competentes tienen ante sí la oportunidad de demostrar que la rendición de cuentas no depende de afinidades políticas. Lo contrario alimentaría la percepción de que en México la justicia sigue funcionando con dos criterios: implacable para los adversarios y complaciente con los cercanos al poder.

Hay, además, otro elemento que puede terminar por desplazar la discusión pública: la elección de quien habrá de encabezar el INE después de Taddei. El procedimiento en la Cámara de Diputados abrirá inevitablemente una disputa entre partidos, grupos parlamentarios y aspirantes, acompañada de especulaciones, negociaciones y pronunciamientos sobre el futuro de la autoridad electoral. La atención mediática podría trasladarse rápidamente hacia los nombres de quienes busquen ocupar la presidencia del instituto, dejando en segundo plano las investigaciones relacionadas con la administración saliente. Una renovación institucional no equivale a una investigación concluida. Cambiar a quien ocupa la oficina principal no borra lo ocurrido dentro de ella.

Desde luego, sería irresponsable afirmar que existe una orden presidencial para encubrir a Taddei sin contar con pruebas documentales de semejante decisión. Pero la ausencia de esa prueba tampoco impide examinar críticamente la utilización política de la agenda pública. Los gobiernos no solamente ejercen el poder mediante decretos, presupuestos y nombramientos; también lo ejercen decidiendo qué asuntos colocan diariamente en el centro de la conversación nacional. La conferencia presidencial constituye una poderosa herramienta para establecer prioridades informativas. Y cuando una controversia incómoda amenaza con prolongarse, siempre existe la posibilidad de que otra, suficientemente estruendosa, termine por opacarla.

Sheinbaum tiene todo el derecho, incluso la obligación institucional, de impulsar el esclarecimiento de operaciones financieras que hayan perjudicado al patrimonio nacional. Pero ese mismo compromiso tendría que expresarse frente a las denuncias que involucran al INE. No hay ninguna incompatibilidad entre investigar los rescates bancarios de los años noventa y determinar si durante los últimos años se cometieron irregularidades en las contrataciones electorales. El Estado mexicano dispone de instituciones, personal especializado y facultades legales para atender ambos asuntos. Lo que no puede aceptarse es que la indignación por la corrupción histórica termine funcionando como una absolución anticipada de la corrupción contemporánea.

Finalmente, hay una diferencia fundamental entre hacer justicia y administrar políticamente los escándalos. La primera exige investigaciones, pruebas, responsabilidades individualizadas y, cuando corresponda, sanciones. La segunda se conforma con mantener viva la indignación pública, seleccionar adversarios convenientes y cambiar de tema cuando las preguntas empiezan a resultar incómodas. El Fobaproa merece ser investigado con absoluta transparencia, pero Guadalupe Taddei y quienes pudieran haber participado en actos ilícitos dentro del INE también deben responder ante las autoridades. Porque la corrupción no adquiere carta de impunidad por haberse cometido bajo las banderas de la Cuarta Transformación. Y porque ningún expediente de hace treinta años debe servir como salvoconducto para quienes hoy están obligados a rendir cuentas.