CUANDO LOS ADOLESCENTES CAMBIAN LOS LIBROS POR LAS ARMAS

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 13 de noviembre de 2026

Hay noticias que deberían sacudir las conciencias de quienes gobiernan, legislan, procuran justicia y difunden estrategias de seguridad. Una de ellas es la advertencia de Adriana Pineda Fernández, magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes de Morelos: durante 2026 ha aumentado la participación de menores de edad en actividades delictivas, particularmente en aquellas relacionadas con la portación de armas de fuego. Temixco y Cuautla aparecen entre los municipios con mayor incidencia. El dato es alarmante, no solamente por lo que significa en términos de criminalidad, sino por lo que revela acerca de una sociedad donde algunos muchachos, que deberían estar concentrados en sus estudios y proyectos de vida, terminan familiarizándose con pistolas, amenazas y conductas violentas.

Las cifras conocidas permiten dimensionar el problema. Entre enero y julio de este año, los expedientes judiciales relacionados con adolescentes pasaron de 57 a 72 respecto del mismo periodo de 2025, mientras que el número de menores involucrados aumentó de 69 a 87. También crecieron las conductas delictivas registradas, de 91 a 111. No estamos hablando de simples travesuras juveniles, sino de hechos que pueden comprender narcomenudeo, portación de armas y delitos contra la vida. Conviene precisar que las estadísticas judiciales no representan necesariamente la totalidad de los delitos cometidos por adolescentes, pero sí constituyen una señal suficientemente grave para exigir respuestas. ¿Cuántos de esos muchachos abandonaron la escuela? ¿Cuántos viven atrapados en ambientes de violencia familiar? ¿Cuántos fueron seducidos, amenazados o reclutados por organizaciones criminales? Son preguntas que las autoridades deberían estar investigando con seriedad.

Lo ocurrido en Temixco y Cuautla merece una atención especial. Ambos municipios han enfrentado problemas persistentes de inseguridad, aunque con características sociales y territoriales distintas. La incorporación de adolescentes a actividades delictivas podría representar una de las expresiones más preocupantes del deterioro de sus entornos comunitarios. Sin embargo, sería irresponsable atribuir automáticamente todos los casos a la delincuencia organizada sin investigaciones que lo demuestren. Lo cierto es que ningún menor nace delincuente ni aparece de pronto con una pistola en la cintura. Detrás puede existir una combinación de abandono, falta de oportunidades, violencia cotidiana, presión de grupos criminales y ausencia de referentes positivos. Y cuando las instituciones descubren a esos jóvenes hasta que llegan ante un juez, significa que muchos mecanismos preventivos pudieron haber fallado antes.

Aquí surge una responsabilidad que ningún gobierno debería eludir. La seguridad pública no puede reducirse a patrullajes, detenciones, cateos y conferencias donde se exhiben resultados operativos. Todo eso es necesario, pero insuficiente. ¿Dónde están los programas eficaces para identificar adolescentes en riesgo? ¿Qué resultados verificables tienen las políticas de prevención en las colonias más conflictivas? ¿Cuántos jóvenes han sido rescatados de entornos violentos mediante educación, deporte, capacitación y acompañamiento psicológico? La gobernadora Margarita González Saravia y los presidentes municipales tienen ante sí un problema que demanda coordinación institucional, presupuesto y objetivos medibles. Porque resulta mucho más costoso, humana y económicamente, enfrentar a un adolescente armado que impedir oportunamente que caiga en las redes de la criminalidad.

Tampoco podemos absolver de toda responsabilidad a las familias y a la propia sociedad. La desintegración familiar, la normalización de la violencia, determinadas expresiones culturales que glorifican al delincuente y la fascinación por el dinero fácil pueden influir en la percepción de algunos adolescentes. Pero sería igualmente injusto convertir la pobreza en sinónimo de delincuencia: millones de jóvenes mexicanos crecen entre carencias y jamás cometen un delito. El asunto exige comprender las circunstancias particulares de quienes terminan involucrados en hechos criminales, sin perder de vista la responsabilidad de los adultos que les facilitan armas, los utilizan para cometer delitos o se benefician de su participación. Esos adultos merecen especial atención de las autoridades investigadoras. El adolescente que delinque debe responder conforme a la legislación especializada, pero también tiene derecho a una oportunidad auténtica de reintegrarse a la sociedad.

Lo más inquietante de las declaraciones de Adriana Pineda Fernández es que podrían estar anunciando un problema de consecuencias mucho mayores si no se atiende desde ahora. Morelos no puede resignarse a contemplar cómo una parte de su juventud transita de las aulas a los tribunales y, eventualmente, a los centros de internamiento. Cada muchacho que empuña un arma representa un riesgo para sus posibles víctimas, para su comunidad y para su propia vida. La prevención no ofrece fotografías tan espectaculares como una captura policiaca, ni tantos aplausos inmediatos como un operativo aparatoso, pero constituye una de las inversiones públicas más importantes. Una sociedad que pierde a sus adolescentes frente a la delincuencia está hipotecando su futuro. Y un gobierno que no consigue protegerlos estará administrando las consecuencias de su propia incapacidad para prevenir.