Los policías municipales también necesitan seguridad: salarios, prestaciones y equipamiento bajo examen en Morelos
CUERNAVACA, MORELOS, 14 de noviembre de 2026.— La seguridad pública no puede fortalecerse únicamente con patrullas, operativos y discursos oficiales mientras quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población enfrentan salarios insuficientes, prestaciones limitadas y carencias de equipamiento. Bajo esta realidad, el Gobierno de Morelos lanzó un nuevo llamado a los presidentes municipales para que destinen mayores recursos a sus corporaciones policiacas y mejoren las condiciones laborales de sus elementos.
Durante la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Bucio Quiroz, en representación de la gobernadora Margarita González Saravia, exhortó a los alcaldes a realizar las previsiones presupuestales necesarias para garantizar remuneraciones dignas, seguridad social, capacitación permanente y herramientas adecuadas para el desempeño de sus funciones.
El planteamiento llega en un momento particularmente delicado. Durante las últimas semanas, policías de diversos municipios morelenses han protagonizado protestas y suspensiones de actividades para reclamar mejores ingresos. Los conflictos registrados en Tepoztlán y Puente de Ixtla demostraron que el problema ha dejado de ser una inconformidad interna para convertirse en un asunto que puede repercutir directamente en la seguridad de miles de habitantes.
En Tepoztlán, los uniformados exigieron homologar sus percepciones a aproximadamente 17 mil 701 pesos mensuales, además de mejores condiciones laborales. Tras las movilizaciones, el alcalde Perseo Quiroz Rendón anunció un acuerdo para alcanzar ese nivel salarial a partir de enero de 2027. El compromiso representa un avance, aunque su cumplimiento efectivo dependerá de que los recursos correspondientes queden incorporados al presupuesto municipal.
En Puente de Ixtla, elementos de Seguridad Pública y Tránsito también recurrieron a la protesta para exigir incrementos. Después de las negociaciones, se reportó un acuerdo para elevar las percepciones de cuatro mil 200 a siete mil pesos quincenales, mientras permanecen pendientes otras demandas relacionadas con prestaciones, combustible y equipamiento. Ambos casos evidencian que las respuestas municipales han llegado, en buena medida, después de que los propios policías hicieron públicas sus inconformidades.
La problemática tampoco se limita a esos municipios. En octubre, Bucio Quiroz había reconocido conflictos laborales en Cuernavaca, Xochitepec, Jiutepec, Totolapan y Temixco, además de señalar que la homologación salarial corresponde directamente a los ayuntamientos. Esta distribución de responsabilidades plantea una cuestión de fondo: aunque buena parte de las corporaciones opera bajo esquemas de coordinación estatal, son los gobiernos municipales quienes deben garantizar los recursos para sostenerlas.
Durante la sesión del Consejo, el funcionario también sostuvo que la estrategia Morelos por la Seguridad ha permitido disminuir y contener delitos de alto impacto, particularmente homicidio doloso y extorsión. Sin embargo, esas afirmaciones requieren examinarse mediante estadísticas oficiales desagregadas por municipio, periodos comparables y modalidades delictivas, para establecer si los resultados corresponden a una reducción sostenida y generalizada o presentan diferencias importantes entre regiones.
El llamado del Gobierno estatal abre, además, una discusión sobre la utilización de los recursos públicos destinados a seguridad. No basta con anunciar incrementos presupuestales si éstos no se traducen en mejores ingresos, suficientes elementos, vehículos funcionales, formación profesional y protección social para quienes diariamente enfrentan riesgos. La revisión de los presupuestos municipales de 2027 permitirá conocer qué alcaldes atendieron realmente el exhorto y cuáles mantuvieron las mismas condiciones.
La responsabilidad tampoco puede agotarse en señalar a los presidentes municipales. Corresponde al Gobierno estatal acompañar el proceso mediante coordinación, evaluación y seguimiento, mientras los cabildos deberán determinar prioridades presupuestales y transparentar el destino de los recursos. Un diagnóstico público sobre salarios, prestaciones y necesidades operativas de las corporaciones permitiría conocer con precisión la magnitud del rezago.
La contradicción resulta evidente: se exige a los policías proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos, pero en distintos municipios todavía deben movilizarse para conseguir condiciones laborales elementales. Mientras esa situación persista, cualquier estrategia de seguridad tendrá una debilidad estructural. El verdadero alcance del exhorto de Bucio Quiroz se conocerá cuando los ayuntamientos aprueben sus próximos presupuestos y demuestren, con recursos y resultados verificables, que dignificar la labor policial dejó de ser una promesa para convertirse en una prioridad de gobierno.
