Revive investigación por contratos millonarios del ISSSTE y el “cártel de la sangre”; FGR busca procesar a diez exfuncionarios
La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó un expediente de presunta corrupción en el ISSSTE y busca llevar nuevamente ante la justicia a diez exfuncionarios señalados por irregularidades en la adjudicación de contratos de servicios de laboratorio clínico, cuyo monto máximo alcanzó los 3 mil 675 millones de pesos. El caso involucra a empresas identificadas públicamente como el llamado “Cártel de la Sangre”.
De acuerdo con información publicada este domingo 15 de noviembre por el diario Reforma, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó al Poder Judicial Federal programar una nueva audiencia inicial en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, con el propósito de formular imputaciones por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y solicitar la vinculación a proceso de los antiguos servidores públicos.
El nuevo intento ocurre después de que, en julio de este año, el juez de control Marco Antonio González Cortázar determinara no vincular a proceso a los acusados, al encontrar deficiencias y omisiones en la investigación presentada por el Ministerio Público Federal. Sin embargo, aquella resolución no significó el cierre definitivo del expediente, pues el juzgador dejó abierta la posibilidad de fortalecer las investigaciones y presentar nuevamente las imputaciones.
La controversia se concentra en seis contratos adjudicados directamente para proporcionar servicios integrales de análisis clínicos en hospitales y unidades médicas del ISSSTE, con vigencia del primero de julio de 2018 al 30 de junio de 2020. Los convenios establecieron un monto mínimo de mil 470 millones y un máximo de 3 mil 675 millones de pesos, incluido el IVA. Según la acusación, las adjudicaciones se sustentaron en una investigación de mercado elaborada con información proporcionada por las propias compañías beneficiadas, sin incorporar cotizaciones de otras fuentes.
Entre las empresas relacionadas con aquellas contrataciones aparecen Instrumentos y Equipos Falcón, Impromed, Dicipa, Hemoser, Centrum Promotora Internacional, Selecciones Médicas del Centro y Valtrum. La participación de esas compañías en los contratos es un antecedente documentado, aunque las responsabilidades penales atribuidas a los exfuncionarios todavía deben ser determinadas judicialmente.
El expediente tiene antecedentes que se remontan a varios años atrás. En agosto de 2020, la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a once empresas y catorce personas físicas por coordinar sus ofertas en licitaciones del IMSS y del ISSSTE. La autoridad acreditó prácticas que ocasionaron sobreprecios y estimó afectaciones al erario superiores a mil 200 millones de pesos, por lo que impuso multas que, en conjunto, alcanzaron los 626 millones 457 mil pesos. Se trató de procedimientos de contratación distintos de los seis convenios que ahora investiga penalmente la FGR.
Posteriormente, en 2022, la entonces Secretaría de la Función Pública anunció inhabilitaciones y sanciones económicas contra proveedores del sector salud por irregularidades en procesos de contratación. En 2023, el Órgano Interno de Control del ISSSTE presentó la denuncia que dio origen al expediente penal contra los exfuncionarios, actualmente bajo revisión de la Fiscalía Anticorrupción.
La nueva ofensiva judicial representa una prueba para la FGR, que deberá acreditar no solamente las irregularidades administrativas denunciadas, sino también la presunta responsabilidad penal individual de quienes intervinieron en las contrataciones. Conviene precisar que los 3 mil 675 millones de pesos corresponden al valor máximo de los seis contratos investigados y no constituyen, por sí mismos, una cantidad de dinero cuyo desvío haya sido demostrado.
Por ahora, los diez exservidores públicos mantienen la presunción de inocencia y no se ha informado de una nueva resolución de vinculación a proceso. El siguiente paso será la audiencia solicitada por la Fiscalía, donde un juez deberá examinar si los elementos presentados son suficientes para abrir formalmente un proceso penal. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de contratación de servicios médicos especializados y el costo que las prácticas de corrupción y colusión pueden representar para las instituciones públicas de salud y sus derechohabientes.
