MURIÓ EL JEFE DE JEFES: ¿SU HERENCIA CRIMINAL SIGUE VIVA EN MORELOS?
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 16 de noviembre de 2026
Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, murió ayer domingo 15 de noviembre, a los 80 años de edad, en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco, después de permanecer internado desde el viernes anterior. La causa del fallecimiento fue una falla orgánica múltiple, según confirmaron las autoridades penitenciarias de aquella entidad. Con su muerte desaparece uno de los personajes más emblemáticos del narcotráfico mexicano, fundador del cártel de Guadalajara y principal promotor de aquella organización criminal conocida como “La Federación”, que durante los años ochenta consiguió articular a numerosos grupos dedicados al tráfico de drogas. Sin embargo, su desaparición física no significa el final de la estructura criminal que contribuyó a construir. Por el contrario, muchas de sus ramificaciones continúan presentes en buena parte del territorio nacional, incluido, desde luego, nuestro querido estado de Morelos.
El 9 de septiembre de 2022 dediqué este espacio a recordar algunos episodios de aquella organización, después de haber visto las tres temporadas de la serie “Narcos: México”, transmitida por Netflix. Me llamó particularmente la atención la recreación de las relaciones entre los grandes capos, sus conflictos, los acuerdos para distribuir territorios y las complicidades institucionales que facilitaron su crecimiento. Félix Gallardo llevaba entonces más de tres décadas encarcelado, después de su detención en abril de 1989. Entre sus condenas figuraban delitos relacionados con el narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ocurrido en 1985. Durante sus últimos años buscó cumplir sus sentencias en prisión domiciliaria debido a sus numerosos padecimientos, pero terminó sus días bajo custodia penitenciaria. Su historia permite entender cómo el narcotráfico dejó de ser una actividad relativamente dispersa para convertirse en un gigantesco negocio organizado, con capacidad para corromper autoridades y disputar espacios de poder.
Y aquí es donde debemos detenernos en Morelos. La historia del narcotráfico en nuestra entidad no comenzó con los enfrentamientos entre grupos criminales que hoy padecemos, ni con las administraciones de los últimos años. Quienes llevamos más de cinco décadas siguiendo los acontecimientos estatales recordamos que este fenómeno tiene antecedentes que se remontan, por lo menos, al sexenio de Felipe Rivera Crespo, entre 1970 y 1976. Durante las décadas posteriores, particularmente en los ochenta y noventa, nuestra ubicación geográfica, la cercanía con la Ciudad de México, las vías de comunicación hacia Guerrero y la presencia de zonas residenciales de alto poder adquisitivo favorecieron que Morelos se convirtiera en lugar de residencia, refugio y operaciones de personajes vinculados con el narcotráfico. No todos aquellos movimientos fueron investigados oportunamente, y las sospechas de protección política y policiaca acompañaron durante años la expansión de esas organizaciones.
El problema tampoco desapareció con la alternancia partidista. Durante los gobiernos panistas de Sergio Estrada Cajigal Ramírez y Marco Antonio Adame Castillo, entre 2000 y 2012, Morelos fue escenario de acontecimientos que exhibieron la profundidad del arraigo criminal. En aquella época, las organizaciones del narcotráfico experimentaron una transformación: dejaron atrás buena parte de los acuerdos territoriales que habían permitido cierta convivencia entre sus dirigentes y comenzaron las disputas abiertas por las rutas de distribución, los mercados regionales y el control de las plazas. La violencia que hoy parece cotidiana tuvo entonces algunos de sus antecedentes más significativos. Y aunque sería irresponsable atribuir automáticamente responsabilidades penales a todos los gobernantes de esos periodos, tampoco podemos ignorar que semejante penetración criminal ocurrió frente a instituciones encargadas, precisamente, de impedirla.
Uno de los episodios que mencioné en mi columna de 2022 fue la presunta reunión de importantes narcotraficantes en el hotel Rosales, al sur de Cuernavaca, durante 2001. Según versiones que circularon sobre aquellas negociaciones, el encuentro habría tenido como finalidad reconstruir acuerdos entre los principales grupos del narcotráfico, después del debilitamiento de la antigua Federación. Entre los nombres mencionados estuvieron Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Arturo Beltrán Leyva, Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, Juan José Esparragoza Moreno, conocido como “El Azul”, e Ismael “El Mayo” Zambada García. Conviene precisar que los detalles de aquella supuesta cumbre, incluidos la asistencia de todos los personajes y el lugar exacto, no han quedado plenamente acreditados mediante documentación pública. Pero la referencia conserva importancia porque refleja las versiones que desde entonces situaban a Cuernavaca dentro de los escenarios utilizados para negociaciones entre organizaciones criminales.
Recordemos también que Joaquín Guzmán Loera había sido capturado en Guatemala en 1993 y escapó del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001. A partir de entonces recuperó protagonismo dentro del narcotráfico mexicano. Hoy cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Ignacio Coronel murió el 29 de julio de 2010, durante un operativo militar en Zapopan, Jalisco. Respecto de Juan José Esparragoza, durante años circularon versiones contradictorias sobre su fallecimiento, sin que existiera una confirmación pública suficientemente concluyente. Por su parte, Ismael Zambada, quien durante décadas consiguió mantenerse fuera de prisión, fue detenido en Estados Unidos en julio de 2024 y sentenciado a cadena perpetua el 20 de julio de 2026. Es decir, varios de los hombres que dominaron el narcotráfico mexicano durante aquellas décadas murieron o terminaron encarcelados, pero las organizaciones que ayudaron a consolidar sobrevivieron a sus dirigentes.
Otro capítulo fundamental para comprender la historia criminal de Morelos es el de Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”. A mediados de 2007, de acuerdo con información federal difundida posteriormente, comenzó negociaciones con Heriberto Lazcano, dirigente de Los Zetas, para establecer acuerdos sobre distintas plazas del país, sin conocimiento de otros integrantes de La Federación. Aquellos movimientos contribuyeron a profundizar las diferencias con el grupo encabezado por “El Chapo” Guzmán, particularmente después de la captura de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, en enero de 2008. La disputa produjo una escalada de violencia entre organizaciones que anteriormente habían mantenido alianzas. Cuernavaca y otras localidades morelenses terminaron insertadas en ese escenario de rivalidades, desplazamientos y ajustes de cuentas.
La demostración más contundente de aquella presencia criminal ocurrió el 16 de diciembre de 2009, cuando elementos de la Secretaría de Marina abatieron a Arturo Beltrán Leyva durante un enfrentamiento en el conjunto residencial Altitude, situado en Lomas de la Selva, Cuernavaca. El operativo sacudió a la capital morelense y tuvo repercusiones internacionales. Días antes, el capo había conseguido escapar de otra intervención de las fuerzas federales en Ocotepec, donde se realizaba una reunión con música norteña. La muerte de “El Barbas” puso al descubierto hasta qué punto un personaje de semejante importancia había conseguido establecer su centro de operaciones en nuestra ciudad. Después vendrían nuevas disputas por el control de Morelos, la fragmentación de las estructuras criminales y el fortalecimiento de grupos locales que terminaron involucrándose no solamente en el narcotráfico, sino también en secuestros, extorsiones y otras actividades ilícitas.
Lo verdaderamente preocupante es que, transcurridos casi diecisiete años desde aquel operativo y más de tres décadas desde la captura de Félix Gallardo, Morelos continúa enfrentando problemas de seguridad. Cambiaron los nombres de los capos, aparecieron otras organizaciones y se modificaron las modalidades delictivas, pero persisten las consecuencias de una economía criminal que durante décadas encontró condiciones favorables para desarrollarse. Hoy las exigencias ciudadanas no se limitan a impedir el paso de cargamentos de drogas por nuestras carreteras. Incluyen recuperar la tranquilidad de los comerciantes amenazados por extorsionadores, proteger a los transportistas, impedir el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales y garantizar que los homicidios no queden impunes. El desafío es mucho más complejo que detener o abatir a un jefe delincuencial.
La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo también obliga a revisar el papel desempeñado por las autoridades durante la expansión del narcotráfico. ¿Cómo fue posible que organizaciones de semejante tamaño establecieran redes de distribución, propiedades, relaciones financieras y mecanismos de protección sin enfrentar oportunamente la acción del Estado? ¿Cuántos funcionarios conocieron aquellas actividades y prefirieron guardar silencio? ¿Cuántas investigaciones quedaron inconclusas? Las respuestas no pueden construirse solamente con rumores, pero tampoco debemos conformarnos con la cómoda explicación de que todos los problemas fueron responsabilidad exclusiva de los delincuentes. Ninguna organización criminal alcanza semejante poder sin aprovechar corrupción, impunidad, debilidad institucional o una combinación de las tres.
Así pues, aquel personaje que apareció reiteradamente en “Narcos: México” y cuya historia me llevó a escribir sobre La Federación en septiembre de 2022 ya pertenece definitivamente al pasado. Pero la herencia de Félix Gallardo permanece entre nosotros. Basta observar la violencia que ha golpeado a Cuernavaca, Cuautla y numerosos municipios morelenses para comprender que el problema trascendió hace mucho tiempo a sus fundadores. Desde el sexenio de Felipe Rivera Crespo hasta nuestros días han transcurrido más de cincuenta años. Gobernadores de distintos partidos llegaron y se fueron; presidentes municipales ocuparon sus cargos y después desaparecieron del escenario político; numerosos jefes policiacos prometieron recuperar la tranquilidad. Sin embargo, el crimen organizado encontró la manera de reproducirse y adaptarse. Murió “El Jefe de Jefes”, sí, pero nadie debería confundir la desaparición de un viejo capo con la derrota del sistema criminal que ayudó a construir.
