MORELOS: LA SEGURIDAD TAMBIÉN NECESITA TECNOLOGÍA

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 17 de noviembre de 2026
Durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Morelos acumuló un preocupante rezago en materia de infraestructura tecnológica para la seguridad pública. No sería preciso afirmar que absolutamente nada se hizo, pero sí que la modernización de los sistemas de vigilancia, comunicaciones e inteligencia quedó muy por debajo de las necesidades de una entidad que enfrentaba una creciente actividad delictiva. El problema no se reduce a la cantidad de policías disponibles, sino también a las herramientas con las que cuentan para desempeñar sus funciones. Y cuando hablamos de herramientas, no nos referimos únicamente a patrullas, armamento o chalecos antibalas, sino a la tecnología indispensable para prevenir delitos, responder a las emergencias y apoyar las investigaciones criminales.
Una de las expresiones más evidentes de ese rezago se encuentra en el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como C5. En mayo de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, reveló que alrededor del 80 por ciento de las cámaras de videovigilancia bajo control de ese centro presentaban fallas o estaban fuera de operación. También habló de un atraso tecnológico acumulado durante aproximadamente diez años. El señalamiento fue particularmente revelador porque permitió dimensionar las condiciones en las que la actual administración recibió una parte fundamental de la infraestructura estatal de seguridad.
La importancia del C5 suele pasar inadvertida para buena parte de la población. Sin embargo, su funcionamiento resulta esencial para coordinar corporaciones policiales, recibir llamadas de emergencia, monitorear puntos estratégicos, identificar vehículos y proporcionar información útil para la investigación de delitos. Una cámara instalada en el sitio adecuado puede ayudar a reconstruir la ruta de escape de los responsables de un homicidio, mientras que los sistemas de reconocimiento de placas permiten detectar movimientos de vehículos vinculados con actividades delictivas. Desde luego, la tecnología por sí sola no resuelve la inseguridad, pero puede multiplicar considerablemente la capacidad de respuesta de las instituciones. Aquí debo subrayar la importancia de la videovigilancia en las investigaciones sobre el asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, cuyo asesino material fue ubicado gracias a las cámaras colocadas en determinadas calles.
Por eso considero pertinente que, ahora que el Congreso del Estado comienza a revisar el Paquete Económico 2027, se examine cuidadosamente el destino de los recursos previstos para seguridad pública. El gobierno de Margarita González Saravia propone asignar más de dos mil 20 millones de pesos a ese rubro, además de 193 millones 717 mil pesos de gasto federalizado anunciados por separado. Se trata de cantidades importantes, aunque todavía hace falta conocer su distribución detallada. Una parte necesariamente deberá destinarse al pago de salarios, prestaciones, combustible, mantenimiento y demás gastos operativos. Los policías necesitan condiciones laborales dignas, pero sería deseable que también existiera suficiente margen financiero para ampliar y modernizar la infraestructura.
Hay, por fortuna, elementos que permiten observar avances en esa dirección. En marzo pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, mediante trabajos de rehabilitación y mantenimiento, el número de cámaras operativas del sistema estatal pasó de 560 a 933. También reportó el fortalecimiento de la red de fibra óptica y el incremento de ocho a 40 cámaras activas para reconocimiento de placas vehiculares. Son resultados que merecen reconocerse porque muestran que se está recuperando infraestructura que durante años sufrió deterioro. No obstante, rehabilitar equipos existentes constituye apenas una parte de la tarea. El siguiente paso debe ser ampliar sustancialmente la cobertura territorial y actualizar las plataformas tecnológicas.
Existe, además, un proyecto multianual denominado Fortalecimiento tecnológico para la operación del programa de seguridad pública, cuyo monto autorizado se aproxima a los 800 millones de pesos, distribuido entre 2026 y 2029. Para 2027 se encuentra programada una cantidad superior a 217 millones. Su propósito comprende la modernización y ampliación de la videovigilancia, el mejoramiento de la atención de emergencias y el fortalecimiento de la conectividad del C5. Es una perspectiva alentadora, aunque convendría conocer con precisión sus metas, los equipos que serán incorporados, los municipios beneficiados y los mecanismos para evaluar sus resultados. También será necesario verificar cómo quedan reflejados esos compromisos en el presupuesto que finalmente aprueben los diputados.
Una preocupación adicional es la desigualdad que existe entre las capacidades tecnológicas de los distintos municipios. Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Jojutla y otras localidades requieren sistemas de vigilancia que permitan atender zonas comerciales, vialidades principales, accesos carreteros y colonias con mayor incidencia delictiva. No se trata de colocar cámaras indiscriminadamente, sino de contar con diagnósticos técnicos que permitan identificar dónde resultarían más útiles. Tampoco bastaría con adquirir cientos de aparatos si posteriormente no existen recursos para mantenimiento, conectividad, almacenamiento de imágenes y personal capacitado para su operación.
Otro aspecto indispensable es la integración de las herramientas de inteligencia. En tiempos en que los grupos criminales utilizan teléfonos, vehículos, redes de comunicación y diversos mecanismos para coordinar sus actividades, las corporaciones policiales necesitan plataformas modernas para analizar información y compartirla oportunamente, dentro de los límites legales. El fortalecimiento de la videovigilancia debe acompañarse de mejores sistemas de radiocomunicación, protocolos de coordinación y mecanismos de colaboración con la Fiscalía General del Estado. Una grabación puede contribuir a esclarecer un delito, pero su utilidad dependerá también de la rapidez con que sea localizada, preservada y puesta a disposición de los investigadores.
En este contexto, me parece conveniente que el Congreso realice una revisión presupuestal con visión de mediano y largo plazos. No basta preguntar cuánto dinero recibirá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante 2027. También interesa saber cuánto se invertirá específicamente en patrullas, equipamiento, comunicaciones, tecnología e inteligencia; cuántas cámaras adicionales entrarán en funcionamiento y qué municipios tendrán mayor cobertura. La ciudadanía merece conocer metas concretas, verificables y acompañadas de calendarios de ejecución. De esa manera, la discusión dejaría de limitarse a grandes cantidades de dinero y comenzaría a concentrarse en resultados tangibles.
La administración de Margarita González Saravia tiene ante sí una oportunidad para consolidar la recuperación de una infraestructura que durante varios años no recibió la atención suficiente. El ex titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, reconoció públicamente las deficiencias heredadas. Ahora corresponderá fortalecer ese esfuerzo mediante una planeación presupuestal que garantice continuidad. Sería lamentable que, dentro de algunos años, Morelos volviera a encontrarse con cámaras inservibles, plataformas obsoletas o redes de comunicación incapaces de responder a las necesidades de la seguridad pública.
Finalmente, conviene recordar que la seguridad no depende exclusivamente del número de elementos desplegados en las calles. También requiere prevención, investigación, procuración de justicia, coordinación institucional y herramientas tecnológicas modernas. El sexenio anterior dejó una lección que no debería ignorarse: postergar la inversión y el mantenimiento de la infraestructura termina por generar rezagos costosos y difíciles de superar. Hoy existen condiciones para comenzar a corregirlos. Por eso, más que cuestionar anticipadamente a las actuales autoridades, lo conveniente es respaldar una modernización seria, transparente y sostenida del C5 y de los sistemas estatales de vigilancia. Porque Morelos no solamente necesita más ojos en las calles: necesita que esos ojos funcionen, que estén conectados y que la información que proporcionen sirva efectivamente para proteger a la población.
