Congreso de Morelos exige al fiscal resultados contra la impunidad, desapariciones y extorsión
Durante la comparecencia de Fernando Blumenkron Escobar, diputadas y diputados cuestionaron el elevado número de investigaciones archivadas, la eficacia de la Fiscalía y la atención a víctimas. También pidieron esclarecer delitos de alto impacto y transparentar el destino de los recursos públicos.
Cuernavaca, Morelos, 18 de noviembre de 2026.— La impunidad, las desapariciones de personas, el aumento de las extorsiones y los resultados de las investigaciones por delitos de alto impacto concentraron buena parte de los cuestionamientos formulados este miércoles al fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, durante su comparecencia ante la LVI Legislatura del Congreso de Morelos.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a presentar su Segundo Informe Semestral de Gestión, correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de febrero y el 6 de agosto de 2026, en cumplimiento del artículo 79-B de la Constitución local. La sesión fue encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, quien tomó la protesta de ley al funcionario.
Ante las y los legisladores, Blumenkron Escobar sostuvo que la institución atraviesa un proceso de reconstrucción, orientado a corregir prácticas administrativas y operativas que, según reconoció, la alejaron de las necesidades ciudadanas. Aseguró que se están implementando acciones para mejorar la atención a las víctimas y fortalecer la procuración de justicia, al tiempo que llamó a mantener la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
Sin embargo, las intervenciones de representantes de distintas fuerzas políticas dejaron claro que uno de los principales desafíos de la Fiscalía consiste en demostrar que sus actividades se traducen en investigaciones concluidas, responsables llevados ante los tribunales y sentencias condenatorias.
Impunidad y expedientes archivados, entre los principales cuestionamientos
Uno de los señalamientos más relevantes correspondió a la diputada Andrea Gordillo Vega, del Partido Acción Nacional, quien citó datos de México Evalúa según los cuales Morelos registra un índice de impunidad penal institucional de 97.61 por ciento, situación que, de acuerdo con la legisladora, coloca a la entidad entre las cinco con mayores problemas en esta materia.
Gordillo Vega contrastó ese indicador con el presupuesto autorizado a la Fiscalía para 2026, que asciende a mil 120 millones 804 mil 804 pesos, y exigió conocer cuánto dinero ha recibido efectivamente la institución, qué proporción ha ejercido y qué resultados se han obtenido mediante la inversión en servicios periciales, agentes del Ministerio Público y capacidades de investigación.
De acuerdo con las cifras del informe citadas por la diputada, durante el semestre analizado se iniciaron 28 mil 14 carpetas de investigación, se judicializaron mil 632 asuntos y se obtuvieron 226 sentencias condenatorias. Asimismo, cuatro mil 766 carpetas fueron enviadas al archivo temporal, cantidad que representa aproximadamente el 62.5 por ciento de las investigaciones que registraron alguna forma de terminación, según el desglose expuesto por la legisladora.
Estas cifras, aunque corresponden a distintas etapas procesales y no necesariamente a los mismos expedientes, fueron utilizadas para cuestionar la eficacia institucional. La diputada pidió indicadores comparables con años anteriores y mecanismos para evitar que el archivo temporal se convierta en una forma de mantener investigaciones sin avances sustanciales.
La diputada Luz Dary Quevedo Maldonado, de Movimiento Ciudadano, también abordó este último punto y solicitó conocer las razones por las cuales miles de expedientes fueron enviados al archivo temporal, así como las condiciones necesarias para reactivar las investigaciones cuando surjan nuevos elementos.
Desapariciones y búsqueda de personas
Otro de los temas centrales fue la desaparición de personas. El coordinador parlamentario del PAN, Daniel Martínez Terrazas, retomó las cifras del informe, que registran 402 carpetas de investigación relacionadas con 434 víctimas, de las cuales 335 habían sido localizadas.
El legislador solicitó precisar cuántas personas continuaban desaparecidas o no localizadas al cierre del periodo y cuántas investigaciones permanecen activas, además de conocer los avances en la identificación de responsables.
También destacó la importancia de continuar los trabajos forenses relacionados con la fosa común del panteón Pedro Amaro y las diligencias de búsqueda efectuadas en Cuernavaca y Puente de Ixtla.
Martínez Terrazas planteó la necesidad de fortalecer los estudios genéticos, la identificación humana y la coordinación con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Insistió en que las autoridades deben ofrecer información clara, acompañamiento permanente y procedimientos que eviten la revictimización.
Extorsión en Cuautla y Yautepec
La problemática de la extorsión, particularmente en la región oriente, ocupó igualmente un espacio importante durante la comparecencia.
La diputada Eleonor Martínez Gómez advirtió que numerosas víctimas de este delito evitan presentar denuncias por temor a represalias, circunstancia que dificulta conocer la verdadera dimensión del problema en municipios como Cuautla y Yautepec.
Como alternativas, propuso incorporar la extorsión al sistema de denuncia digital con reserva de identidad, establecer mecanismos seguros de ratificación, asignar personal especializado de tiempo completo a la Fiscalía Regional Oriente y establecer protocolos de acompañamiento con las cámaras empresariales.
Por su parte, la diputada Nayla Carolina Ruíz Rodríguez solicitó información sobre los resultados concretos de las investigaciones por extorsión realizadas dentro del Plan Cuautla, además de cuestionar al fiscal sobre el incidente ocurrido en Totolapan, donde tres agentes ministeriales fueron retenidos por pobladores y estuvieron en una situación de riesgo.
La diputada Ruth Rodríguez López también centró parte de su intervención en la violencia que afecta a las familias de Cuautla y otros municipios de la zona oriente. Pidió investigaciones eficaces, transparencia y acciones que permitan garantizar condiciones de seguridad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Feminicidios y casos de alto impacto
En materia de violencia contra las mujeres, Luz Dary Quevedo reconoció que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio reportó 32 vinculaciones a proceso, seis sentencias condenatorias y 35 órdenes de aprehensión cumplimentadas.
No obstante, cuestionó que la capacidad de respuesta institucional no siempre sea equivalente en todos los casos.
La legisladora mencionó las investigaciones por los asesinatos de la estudiante extranjera Claudia Tacoronte Aguilera y del regidor de Cuernavaca Gabriel Rivas Ríos, cuyos avances recibieron atención pública, y planteó que esa misma diligencia debe aplicarse a los expedientes de víctimas que no cuentan con notoriedad mediática, influencia política o reconocimiento social.
En otro apartado, el diputado Luis Eduardo Pedrero González, coordinador parlamentario del Partido Verde, demandó información precisa sobre las investigaciones relacionadas con la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 6 de agosto en la colonia Las Granjas y la agresión armada contra el exlegislador Faustino Javier Estrada González.
Consideró indispensable conocer los avances en la judicialización de ambos asuntos, así como las acciones destinadas a garantizar la reparación del daño a las víctimas.
Personal ministerial, presupuesto y grupos vulnerables
Las condiciones laborales de quienes integran la Fiscalía también fueron motivo de cuestionamientos.
La coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, señaló que los agentes del Ministerio Público enfrentan elevadas cargas de trabajo, con más de 150 expedientes activos simultáneamente por agente estatal, según las mediciones del INEGI que citó durante su intervención.
Ante esa situación, preguntó si la propuesta presupuestal para 2027 contempla recursos suficientes para mejorar los salarios del personal ministerial y operativo, en correspondencia con los riesgos, responsabilidades y exigencias de sus funciones.
Por su parte, el diputado Alberto Sánchez Ortega, también del PT, solicitó un desglose de las 150 atenciones canalizadas a la Fiscalía especializada en grupos vulnerables y preguntó cuántas derivaron en carpetas de investigación.
Asimismo, cuestionó las condiciones de accesibilidad de las instalaciones y servicios de la institución para personas con discapacidad, incluida la disponibilidad de intérpretes de lengua de señas mexicana, materiales en braille, formatos de lectura fácil y accesibilidad digital.
Unidad legislativa, pero con exigencias de resultados
Hacia el cierre de la comparecencia, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, destacó el ambiente de respeto institucional en que se desarrolló el ejercicio y reconoció a los integrantes de la Legislatura por privilegiar el diálogo sobre la confrontación política.
El legislador consideró que la comparecencia permitió enviar un mensaje de unidad entre el Congreso y la Fiscalía, sin que ello implique renunciar a las responsabilidades de supervisión que corresponden al Poder Legislativo.
La sesión concluyó después de las rondas de preguntas y respuestas, con una coincidencia general entre las distintas fracciones parlamentarias: la necesidad de fortalecer la institución encargada de investigar los delitos y ofrecer respuestas a las víctimas.
Más allá de los posicionamientos políticos, la comparecencia dejó planteados asuntos que requieren seguimiento puntual: el destino de los recursos asignados a la Fiscalía, la situación de miles de investigaciones archivadas, el esclarecimiento de delitos de alto impacto, la búsqueda de personas desaparecidas y la capacidad de enfrentar la extorsión en las regiones más afectadas.
El Segundo Informe Semestral permitió conocer cifras de actividad institucional, pero también abrió interrogantes sobre la efectividad de esas acciones. El desafío para la Fiscalía de Morelos será demostrar, mediante resultados verificables, que el proceso de reconstrucción anunciado por su titular se refleja en una procuración de justicia más eficaz y cercana a la ciudadanía.
