Posibles aumentos de impuestos desatan controversia por el presupuesto de Morelos para 2027
Cuernavaca, Morelos, 19 de noviembre de 2026.— La discusión del Paquete Económico 2027 comenzó a generar diferencias entre el Poder Ejecutivo, legisladores locales y representantes del sector empresarial, luego de que se advirtiera la posibilidad de incrementar algunos impuestos y derechos estatales, pese a que el gobierno de Margarita González Saravia ha sostenido que su propuesta presupuestal no contempla nuevas cargas fiscales ni contratación de deuda pública.
El debate se concentra principalmente en el Impuesto Sobre Nóminas, cuya tasa podría pasar del 3 al 4.25 por ciento, así como en posibles ajustes al refrendo vehicular. La diputada Andrea Gordillo Vega, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Morelos, señaló este jueves que el proyecto entregado por el Ejecutivo contiene planteamientos de incrementos tributarios y adelantó que la bancada del Partido Acción Nacional no los respaldará.
La controversia surge después de que la Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada por Jorge Salazar Acosta, entregara el pasado 13 de noviembre un Paquete Económico por 44 mil 476 millones 636 mil 156 pesos, cantidad que representa un crecimiento del 11.59 por ciento respecto al presupuesto autorizado para 2026.
Sin embargo, el propio Ejecutivo ha establecido una distinción entre ese monto global, que incorpora las solicitudes de los poderes y organismos autónomos, y los recursos estimados para financiar el gasto sin nuevos gravámenes ni endeudamiento. Esta última cantidad asciende a 42 mil 694 millones 327 mil 423 pesos, lo que deja una diferencia cercana a mil 782 millones de pesos frente a los requerimientos totales.
De acuerdo con la explicación oficial, varias instituciones solicitaron incrementos presupuestales considerables para el próximo año, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. La administración estatal ha planteado que atender íntegramente esos requerimientos obligaría a considerar fuentes adicionales de ingresos o financiamiento.
Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia rechazó el miércoles 18 de noviembre que su administración esté promoviendo aumentos de impuestos. El secretario Jorge Salazar Acosta reiteró esa postura y aseguró que el objetivo es mantener un presupuesto equilibrado, sin comprometer las finanzas públicas mediante nuevos créditos.
La diferencia entre ambas posiciones radica en la interpretación de las alternativas fiscales incorporadas al proceso presupuestal. Mientras el gobierno estatal insiste en que su escenario financiero prioritario no considera incrementos tributarios, desde el Congreso se advierte que existen propuestas de ajustes que deben ser examinadas antes de aprobar la Ley de Ingresos correspondiente a 2027.
La discusión también alcanzó al sector privado. Eduardo Aguilar Ochoa, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM), pidió evitar incrementos fiscales que puedan afectar la competitividad y la generación de empleos. Los empresarios proponen fortalecer la recaudación mediante la incorporación de más contribuyentes, en lugar de elevar las obligaciones de los negocios que actualmente cumplen con sus pagos.
A estas preocupaciones se sumó la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Cuernavaca, cuyos representantes advirtieron que un aumento al impuesto sobre nóminas podría incrementar los costos de operación de los establecimientos formales y desalentar la contratación de trabajadores.
El Congreso estatal deberá revisar las disposiciones fiscales y las solicitudes presupuestales antes de determinar qué modificaciones resultan procedentes. Por ahora, no existe un aumento aprobado al impuesto sobre nóminas ni al refrendo vehicular para 2027, por lo que las cifras difundidas forman parte de una discusión legislativa todavía abierta.
El asunto adquiere especial relevancia porque el próximo año Morelos celebrará elecciones municipales y legislativas, mientras instituciones como el Impepac requieren recursos adicionales para organizar los comicios. En consecuencia, los diputados tendrán que conciliar las necesidades de financiamiento de los organismos públicos con la capacidad recaudatoria del estado y las condiciones económicas de las familias y las empresas.
Así, uno de los puntos centrales del debate será determinar cuáles solicitudes presupuestales pueden atenderse con los ingresos disponibles, cuáles requieren ajustes y si existe justificación suficiente para modificar las contribuciones actuales. La decisión final corresponderá al Congreso de Morelos durante el análisis y aprobación del Paquete Económico 2027.
