SEGURIDAD Y POLITIQUERÍA
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 17 de julio de 2023
La novena marcha por la paz, llevada a cabo el sábado anterior bajo los auspicios de la Diócesis de Cuernavaca a cargo del obispo Ramón Castro Castro, se inserta en la securitización. ¿A qué me refiero cuando utilizo tal concepto? A la forma en que ciertos personajes recurren en extremo a la politización y/o partidización de todo lo relativo a la seguridad pública.
Nadie puede afirmar que Morelos sea una ínsula separada del resto de la República. Desde hace más de 30 años los gobernadores en turno han enfrentado la problemática sin resolverla jamás de fondo, mientras infinidad de actores políticos usaron el tema para su discurso impugnativo en contra de los adversarios en turno.
La teoría de la securitización recibe una amplia explicación en el libro de Buzan, Waever y De Wilde, titulado “Seguridad: un nuevo marco de análisis” (Security: A New Framework for Analysis) publicado en 1998. Este libro, que lamentablemente no fue traducido al idioma español y solo está a la venta en inglés en nuestro país a través de Amazon, es un magnífico instrumento para profundizar en la definición de la seguridad. Propugna la premisa de expandir el horizonte de estudio y no centrarse exclusivamente en los asuntos políticos y militares. Para hacer esto, los autores afirman la necesidad de acercarse a la seguridad desde una perspectiva multidimensional, no exclusivamente centrada en los asuntos tradicionales políticos y militares, sino también en cuestiones relativas a los sectores económico, medioambiental y social de la seguridad.
En lo personal llevo más de tres décadas constatando la securitización de todos los temas inherentes a la seguridad pública. Cada tres y seis años el delicado asunto ha servido para aderezar el oportunismo de quienes buscan sacar raja política y electoral, siempre atacando a los gobiernos en turno. Su principal argumento es “debe modificarse la estrategia de seguridad”. Un día sí y otro también arguyen que no hay resultados. Y así lo manejaron varios politiqueros de Morelos antes, durante y después de la marcha organizada por el obispo Castro, prelado que a su vez siempre saca raja, inclusive económica, empleando la seguridad para la presión política. Es decir, para aplicar la securitización.
En el libro referido, los autores indican que la securitización actualiza retóricamente “una ansiedad y una incertidumbre en relación a una cuestión de seguridad”.
En octubre de 2018, a escasos días de la toma de posesión de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos, junto con otros colegas comunicadores fui invitado a una reunión con el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, teniendo como escenario el C-5 de Palo Escrito, en el municipio de Temixco.
Ahí surgió el tema de la política mezclada con la seguridad, es decir la securitización o politización de la seguridad pública. Por ende, quienes hemos visto la misma película cientos de veces le anticipamos al funcionario futuros escenarios impugnativos hacia las políticas implementadas por el gobierno estatal en contra de la delincuencia común y organizada. Es decir: todo sería cuestionado, trivializado, invalidado, agredido y hasta borrado, por más resultados que pudiera ir obteniendo la administración en tan difícil contexto. Sin embargo, lo mismo constaté durante los regímenes de Jorge Carrillo Olea, Sergio Estrada Cajigal, Marco Adame Castillo y Graco Ramírez.
La realidad nacional demuestra que la inseguridad supera por mucho las acciones gubernamentales en la materia. Es, pues, un mandato constitucional incumplido aún y cuando se hacen esfuerzos para enfrentarla, mientras la zozobra y percepción de indefensión están presentes.
Pero hay algo más, padecido por las autoridades de los tres órdenes de gobierno: la politización (o securitización) de la seguridad. Los morelenses llevamos casi tres décadas observando dicha práctica: políticos y politiqueros de todas las tendencias partidarias convirtieron el tema en un recurso para apuntalar carreras y candidaturas. Aprovechan cualquier coyuntura para hacerse presentes, sin proponer jamás medidas concretas para resolver de fondo la problemática. Hablan por hablar. Y como los diputados locales pretenden retomar la delicada problemática de la seguridad pública para apuntalar un juicio político contra el gobernador, aparecen los adversarios de López Obrador y Cuauhtémoc Blanco para capitalizar la coyuntura. Pura politiquería.
