PROCURADORES EN MORELOS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 7 de agosto de 2023
Este fin de semana, Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General de Morelos (FGM), fue vinculado a proceso por un Juez de Control adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), presuntamente por haber retardado la acción de la justicia en el supuesto feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, ocurrido el 31 de octubre de 2022 en la capital mexicana y cuyo cadáver fue abandonado, por uno de sus supuestos victimarios, en un paraje de la Autopista La Pera Cuautla, ya en jurisdicción de Tepoztlán, Morelos. El 1 de noviembre fue localizado por varios ciclistas y la Fiscalía local entró en escena.
El delicado asunto está sumamente politizado, ya que en él han intervenido de manera directa el presidente López Obrador y la ex jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, fémina que, según se observa, es la favorita en Palacio Nacional en la disputa por la candidatura presidencial de Morena. Se acusa a Carmona Gándara de haber favorecido a los victimarios de Ariadna Fernanda mediante una necropsia que, según el fiscal morelense, encontró indicios de broncoaspiración a causa de congestión alcohólica. Pero otra necropsia de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, indicó que la causa de la muerte fueron golpes en la cabeza. Y ahí comenzó la pesadilla para Uriel Carmona Gándara, quien se encuentra confinado en el Reclusorio Sur de la capital mexicana. Fue retirado de la vida pública morelense… por ahora.
Así las cosas, Carmona Gándara deberá defenderse en dos vertientes: la política, que no le servirá de mucho frente a todo el peso del estado mexicano, y la jurídica. El 7 de septiembre se desarrollará una nueva audiencia y a ver cómo le va al hombre que todavía no ha sido separado de su cargo por el Congreso local, debido a que el jefe del Ejecutivo, es decir el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, no ha turnado al Congreso la remoción de Carmona y mucho menos una terna de candidatos para sustituirlo. Por eso hay un encargado del despacho.
¿Qué dice la historia en torno a anteriores procuradores de Justicia en Morelos?
Una reforma a la Constitución Política del Estado promovida ante el Congreso por el entonces gobernador sustituto de Morelos, Jorge Morales Barud, contenida en el decreto 398 fechado el 27 de agosto de 1998 y promulgado dos días después en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, modificó la fracción 37 del artículo 40 constitucional cediéndole a los diputados locales la facultad de nombrar al procurador general de Justicia entre una terna enviada a dicho cuerpo colegiado por el propio titular del Poder Ejecutivo. Recuerden ustedes que las autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia, estando implicado hasta el mismísimo gobernador Jorge Carrillo Olea en la grave escalada de violencia durante los cuatro años que duró al frente del Ejecutivo, estaban por demás cuestionadas. Y Morales Barud buscó su legitimación con la importante reforma.
José Castillo Pombo fue el primer procurador general de Justicia nombrado por el Congreso local, aunque cabe subrayar que duró poco más de un año en el cargo siendo sustituido el 29 de septiembre de 1999 por Rogelio Sánchez Gatica.
Desde la elección de Castillo Pombo los morelenses hemos tenido los siguientes procuradores: el ya mencionado Rogelio Sánchez Gatica, José Luis Urióstegui Salgado, Guillermo Tenorio Avila, Hugo Manuel Bello Ocampo, Claudia Aponte Maysse, Francisco Coronato Rodríguez, Pedro Luis Benítez Vélez, Mario Vázquez Rojas, Rodrigo Dorantes Salgado y Uriel Carmona Gándara.
Se suponía que Rodrigo Dorantes Salgado consolidaría la autonomía técnica y financiera de la Fiscalía General de Morelos, pues así lo contemplaban las justificaciones para cambiar el nombre a la antigua Procuraduría General de Justicia, pasando a ser Fiscalía.
Los morelenses hemos atestiguado la forma en que el Ministerio Público se ha politizado sustituyendo los criterios legales por los intereses partidarios y políticos para decidir qué casos perseguir, cuándo hacerlo y ante qué jueces consignarlos. Así se ha pervertido su función generando desconfianza en la institución que representa. Esto explica, entre otros factores, que las personas no denuncien, no testifiquen y no colaboren en la persecución de los delitos, lo que aumenta la impunidad.
