FISCALÍA: ¿AUTÓNOMA?
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 8 de agosto de 2023
Teóricamente, las fiscalías Generales de Justicia son instituciones autónomas y por ello su actividad está en función de la justicia y no de la administración pública, ni de la política. Sin embargo, en lo tocante a nuestra entidad federativa, lo que he constatado desde 1998 a la fecha es la politización y/o la partidización de la Fiscalía de Morelos, cuya principal función, entre otras, es garantizar a la sociedad la procuración de justicia expedita y la persecución de los delitos, desde luego yendo de la mano con los juzgados penales, a los que corresponde la administración e impartición de justicia. Ambas instituciones deben evitar la impunidad… pero no lo hacen.
Surge la pregunta: ¿Es inevitable el uso político de la justicia como lo estamos viendo?
En estricto sentido, toda actividad pública es política. Empero, cuando se dice que el Ministerio Público debe ser una institución apolítica, esto significa que ha de actuar técnicamente, de acuerdo con lo establecido por la legislación penal, y no tomar en cuenta consideraciones respecto a la conveniencia u oportunidad para realizar un acto determinado. Su actuación en este sentido es similar a la de los jueces, quienes deben proceder conforme a los datos incorporados en los expedientes, sin detenerse a pensar en situaciones de otro tipo.
En un sistema de división de poderes, unos órganos se encargan de elaborar la norma y otros de aplicarla. Por ello, tanto los jueces como los agentes del Ministerio Público están impedidos para emitir juicios y consideraciones respecto de la legitimidad de una ley, es decir, su apego a criterios éticos o políticos externos al orden jurídico. Esta valoración acerca de la justicia o pertinencia de una ley es sin duda importante, pero ello es materia de política legislativa.
Con igual razón, el juez o el Ministerio Público no deben actuar con sentido de oportunidad en cuanto al fondo del asunto o al tiempo y forma en que lo hacen.
Cuando el Ministerio Público se politiza, al sustituir los criterios legales por los intereses partidarios para decidir qué casos perseguir, cuándo hacerlo y ante qué jueces consignarlos, pervierte su función y genera desconfianza en la institución que representa. Esto explica que las personas no denuncien, no testifiquen y no colaboren en la persecución de los delitos, lo que aumenta la impunidad.
En respuesta, la autoridad recurre a métodos ilegales para suplir ese déficit de información, con lo que se genera la espiral de violencia que vivimos: mientras mayores poderes y recursos se le confieren a las autoridades, mayor inseguridad de los individuos, tanto frente a la autoridad como ante la delincuencia.
La politización de la procuración de justicia no debería, sin embargo, sorprender a nadie. Ésta empieza por la designación de políticos en activo como procuradores o fiscales generales de justicia, lo cual ha sido reiterativo en gobiernos del PRI, PAN, PRD y Morena.
En esas condiciones no debe sorprender que nuestros procuradores y el fiscal de Morelos hayan adoptado lo que se conoce como “política de resultados”, es decir, una procuración de justicia que no busca actuar con eficiencia en todos los casos, sino impresionar mediante golpes de opinión pública. El colmo es que el titular de la Fiscalía de Morelos en turno siempre ha buscado quedar bien con los 20 jefes que tiene en el Congreso, amén de que debe obedecer o enfrentarse con el Ejecutivo (también en turno), y funcionarios federales, estatales y municipales, cuando se lo exigen.
Lo ideal es que el procurador o fiscal respectivo sea alguien sin militancia política, ni su elección esté vinculada con los agentes del gobierno. El grave problema es que, para el caso morelense, el importante funcionario pasa a tener como supuestos jefes al gobernador en turno y a los miembros de la legislatura vigente. Por eso, todos los procuradores y el reciente fiscal han estado supeditados a la voluntad política de ámbitos ajenos al Ministerio Público. La autonomía técnica, jurídica y financiera de la FGM no existe.
Quien llegue a la Fiscalía de Morelos, dependiendo los resolutivos judiciales que remuevan por completo a Uriel Carmona Gándara, no debe estar vinculado a la política activa. Si así es, que se dedique a ello de manera plena, pero jamás en la función de titular del Ministerio Público. El perfil de los candidatos debe ser el mismo que el de un juez. Empero, infinidad de jueces también han pervertido su función supuestamente autónoma. Es una grave problemática latente a nivel nacional.
Cuando la procuración de justicia se politiza, es inevitable la adopción de esa política de resultados, la de los casos espectaculares, la de gobernar con golpes de nota roja. En tal contexto, los procuradores o fiscales confunden la justicia con el pugilismo, u ofrecen resolver un número de asuntos en cierto tiempo. Quizás debido a lo anterior, todos, absolutamente todos los antecesores de Uriel Carmona Gándara, hasta 1998, han terminado muy mal.
