ESCENARIO ELECTORAL Y CRIMINALIDAD
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 19 de enero de 2024
El Instituto Baker de Políticas Públicas, cuya sede se localiza en la Universidad Rice de Houston, Texas, fue fundado en 1993 para proporcionar análisis políticos significativos respecto a los desafíos más críticos que enfrentan Texas, los Estados Unidos y el mundo. Entre sus objetivos destacan: ofrecer datos esenciales y análisis no partidistas para la formulación de políticas; convocar un discurso productivo entre líderes del sector público y privado; y formar la próxima generación de investigadores y líderes de políticas. Actualmente dispone de alrededor de 200 investigadores, expertos en determinadas disciplinas.
Recientemente publicó el resultado de un estudio prospectivo en torno a la elección de quien relevará a Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, proceso a desarrollarse el próximo 2 de junio en México. Los siguientes son los escenarios más relevantes:
Morena gana. La oposición concede.
La oposición gana con escaso margen. Morena no reconoce su triunfo. Surge el conflicto postelectoral.
Aparece una transición negociada. La oposición gana, pero Morena no lo reconoce. No hay mediación y se presenta el derrumbe de la gobernabilidad.
Pero el diagnóstico del Instituto Baker no se detiene ahí, pues considera que lo anterior podría mezclarse con otros escenarios, donde los comicios en México pudieran provocar realineamientos criminales violentos. ¿Esto qué significa?
El Instituto Baker resalta lo mucho que hay en juego en las elecciones de 2024. Recuerden ustedes que los electores no solo seleccionarán a la nueva presidenta, sino también a los 500 miembros de la Cámara de Diputados, a 128 senadores, a nueve gobernadores, a muchísimos diputados locales y a cualquier cantidad de alcaldes, con sus cabildos. Tocante a los legisladores federales y estatales, así como en el caso de ciertos presidentes municipales, se les permitirá presentarse a la reelección, pero los nuevos tendrán la misma oportunidad en procesos electorales futuros.
Para el caso de algunas entidades federativas, entre ellas la nuestra, Morelos, los grupos criminales han recurrido a la violencia selectiva para asegurar capital político y proteger sus operaciones.
“La violencia será mayor donde los candidatos en ejercicio sean más débiles y probablemente sean derrocados, ya que los cambios en el poder de los partidos políticos interrumpen los acuerdos político-criminales existentes”, según el informe Perspectivas de México para 2024, del Instituto Baker de Políticas Públicas.
En particular, el informe sugirió que los recientes arrestos de alto perfil de miembros del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación a finales de 2023 pudiesen causar estallidos de violencia, a medida que grupos competidores intenten empoderarse tras quedar exhibida su vulnerabilidad. Sin embargo, todavía se espera que ambos grupos dominen el mapa criminal de México, quizás apoyados por hechos estratégicos de violencia política. A lo largo de este ciclo electoral, el informe predijo que “aumentarían los asesinatos políticos y las amenazas contra candidatos para obligarlos a retirarse de las elecciones, como vimos en 2018”.
El Cártel de Sinaloa, el CJNG y muchos de los cientos de grupos criminales que operan en el país se verán ayudados por las ganancias continuas del tráfico de drogas sintéticas y los flujos migratorios, que los autores del informe predicen que se mantendrán estables o incluso aumentarán, alimentando aún más la violencia.
“Los cambios en el poder político suelen ir acompañados de violencia a medida que los grupos del crimen organizado y los funcionarios electos negocian nuevos acuerdos de trabajo, pero la naturaleza del panorama criminal de México hoy sugiere que este tipo de reconfiguración puede ser particularmente brutal en 2024 (…) La nueva estructura del crimen organizado en México y la multiplicidad de actividades en las que participa hacen más probable que haya violencia política grave con un alto grado de impunidad”, externó Tony Payán, director del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker.
Hay una larga historia de violencia política en México. Entre 2018 y 2022, un estudio del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED por sus siglas en inglés) registró más de un millar de incidentes violentos dirigidos a funcionarios de gobiernos locales. Tan solo en las primeras dos semanas de 2024, varios candidatos ya han sido asesinados, incluido un candidato a presidente municipal en Chiapas y un aspirante a candidato a alcalde en Colima. A lo anterior se suma el homicidio de un regidor en Cuautla, Morelos. El Proyecto ACLED recopila datos en tiempo real sobre las zonas, fechas, actores, muertes y tipos de todos los sucesos de protesta y violencia política reportados en todo el mundo.
Según Payán, la multitud de células criminales presentes en todo México tiene cada una sus propios intereses políticos y ahora también están involucradas en una gama mucho más amplia de delitos. Esto se extiende más allá del tráfico de drogas e incluye la extorsión, el robo de combustible y los secuestros para pedir rescate, que ahora son pilares de muchos grupos del crimen organizado.
Sin embargo, una dinámica ha generado el auge en los ingresos y dado mayor estabilidad financiera a un número creciente de estos grupos: la migración. Los grupos criminales mexicanos están ahora más involucrados que nunca en el tráfico de migrantes y lucrando con los flujos migratorios a través de la extorsión y el secuestro.
La corrupción gubernamental es esencial para cualquiera de estos delitos. Apuntar a los candidatos políticos en este ciclo electoral ayudaría a los grupos criminales a garantizar que tengan la protección oficial necesaria para operar sin obstáculos. “Cualquier cosa que agregue recursos a los grupos criminales, cualquier cosa que aumente su capacidad para comprar potencia de fuego, ciertamente alimenta su disposición y deseo potencial de dañar a los candidatos”, agregó Payán.
