ATROFIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 2 de febrero de 2024
Andrés Manuel López Obrador asumió la titularidad del Poder Ejecutivo federal el 1 de diciembre de 2018. Durante la campaña preelectoral prometió eliminar la violencia a través de programas sociales tendientes a atacar sus causas y no mediante la acción gubernamental coercitiva. Sin embargo, los mexicanos no vemos ninguna disminución del flagelo y, por el contrario, sí la acción cada día más intensa de los grupos criminales.
El resumen de este delicado asunto es el siguiente, de acuerdo a mi particular opinión: López Obrador y otros gobernantes aparecen cada día más débiles ante los criminales diseminados a lo largo y ancho de México. Ellos, los enemigos de la sociedad, controlan diversas entidades como si se tratara de mercados regionales.
¿Cuál es la causa por la que las bandas de la delincuencia organizada mantienen su implacable marcha? Según infiero, es y será un asunto de nunca acabar. Es necesario referirnos entonces a la dispersión geográfica de la violencia durante el actual sexenio.
La principal consecuencia es que el combate a la delincuencia organizada se convirtió, fundamentalmente, en un problema de estados y municipios; esto muy a pesar del respaldo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuyos operativos conjuntos con policías estatales y locales son exiguos. No garantizan la paz orgánica de las entidades. No tienen la capacidad para desplegarse y desempeñar actividades de seguridad pública en todo el territorio nacional.
Siempre he cuestionado la ineficacia de esos operativos “coordinados”. Los recursos humanos y la capacidad de las fuerzas federales son limitados, en tanto se les desvía a los grandes proyectos federales de infraestructura y al control de ciertas dependencias federales. Mientras tanto, diariamente se percibe la acción, cada vez más frecuente, de pequeñas células delictivas, sumamente elusivas, bien coordinadas, con alto poder de fuego y arraigo en las localidades.
Las pequeñas organizaciones que generan violencia en un gran número de localidades del país dejaron de ser objetivos del gobierno federal. Las fuerzas armadas se concentraron solo en perseguir a las organizaciones mayores, que son las únicas que individualmente pueden representar una amenaza a la seguridad nacional (aunque colectivamente el gran número de pequeñas organizaciones representa también un desafío formidable a la seguridad pública del país).
Sobre López Obrador prevalece otra consecuencia de la dispersión geográfica de la violencia. Es decir, el tema también es político. Esto lo podemos comprobar en Morelos, donde las autoridades estatales y municipales aparecen como las principales responsables de hacer frente al desafío que supone la dispersión de la violencia.
La fragmentación de los cárteles no se detuvo en la cúpula, entre los grandes capos. Los cárteles siguen fragmentándose en organizaciones cada vez más pequeñas, muchas de ellas sin capacidad para seguir participando en el mercado internacional de drogas, pero sí en otras actividades ilegales. Delitos como la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos y los atracos con violencia son prueba de lo anterior.
En todas las localidades en que la delincuencia organizada encontró condiciones propicias para asentarse (zonas urbanas con gobiernos locales débiles, redes de crimen menor y zonas de cultivos ilícitos), y en los que ya no hay predominio de un solo cártel, las organizaciones pequeñas siguen disputándose el control de una gran variedad de negocios ilícitos. Y habremos de observar si los grupos criminales, tan dispersos, se infiltran en el proceso electoral. Dentro de cuatro meses exactamente, el 2 de junio del año en curso, se desarrollará La Madre de Todas las Elecciones.
