POLÍTICOS MENTIROSOS: SIEMPRE IMPUNES
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 14 de marzo de 2024
La inmensa mayoría de mexicanos tiene una percepción negativa sobre la conducta de los políticos, quienes son considerados como individuos intrínsecamente ligados a las dádivas del poder y no a una ideología o a determinados proyectos de nación. Lo mismo se repite a nivel regional y local. Los morelenses tenemos la impresión de que al interior de los partidos y en tiempos preelectorales pululan políticos marrulleros, hábiles para echar mano de todos los ardides a su alcance con tal de consolidar su papel. Mentir es uno de ellos.
Nadie puede cerrar los ojos ante esta parte de la cotidianeidad nacional: siguen existiendo diputados mañosos, presidentes municipales chapuceros, operadores políticos fraudulentos y agentes gubernamentales dedicados a la consolidación de negocios bajo el manto protector del poder.
Además, la mayoría de los políticos tampoco se distingue por sus ideas. Y es precisamente en tiempos de campañas políticas cuando comprobamos, una vez más, la existencia de hombres y mujeres sin altura de miras, cuyo objetivo es llegar al poder y desde ahí empezar o continuar la consolidación de sus circunstancias patrimoniales. Hay sus honrosas excepciones, con sujetos realmente dedicados al bien común, pero se cuentan con los dedos de la mano.
Los procesos electorales significan períodos de acción colectiva que ponen en movimiento las creencias, valores e imágenes que produce la política en la sociedad. Frente a esto, los partidos políticos se constituyen en referentes fundamentales de expresión de la voluntad ciudadana para designar, con votos, la conformación de sus representantes políticos.
En una democracia, los protagonistas de la vida política son los ciudadanos. En la teoría, ellos poseen la capacidad y la obligación de las decisiones de la agenda pública. Como su decisión se fundamenta en intereses diversos, e incluso contrapuestos, la regla de la elección mayoritaria permite formar una voluntad colectiva. Los partidos y los procesos electorales sirven para mediatizar los conflictos derivados de esa heterogeneidad de intereses.
Sin embargo, cada tres años surge el riesgo de que a los cargos de representación popular lleguen los menos aptos o los más mentirosos e incumplidos. Durante las campañas preelectorales los candidatos partidistas, tal como lo estamos escuchando actualmente, prometen cuestiones inalcanzables, en el afán de propiciar el voto emocional de los ciudadanos, pero conforme transcurren sus respectivas gestiones se olvidan de los segmentos sociales que dicen representar e incurren en acciones y omisiones debidamente tipificadas como delitos en varias leyes, entre ellas la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual es letra muerta, pues casi todos los funcionarios administrativos o de elección popular resultan un verdadero fraude.
Es en este contexto donde quiero recordar una iniciativa turnada al Congreso local, en abril de 2009, por la Asociación de Abogados Penalistas del Estado, presidida entonces por el doctor en ciencias políticas Cipriano Sotelo Salgado, a fin de reformar el Código Penal de Morelos e instaurar el delito de fraude político para castigar penalmente a los candidatos que incumplan sus promesas de campaña una vez que asuman el cargo. El tema formaría parte de un capítulo destinado a sancionar los delitos contra la colectividad.
Sotelo Salgado explicó que “la falta de credibilidad en la clase política mexicana se debe fundamentalmente a que los candidatos contraen innumerables promesas durante los períodos proselitistas, pero cuando resultan electos, no las cumplen”. Desde luego, en el ínterin cobran altísimos sueldos y demás prerrogativas pagadas con recursos públicos.
Aunque los ciudadanos disponemos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde se sancionan las acciones y omisiones de supuestos representantes populares y funcionarios de cualquier nivel, el ordenamiento es letra muerta. No se aplica, dicen las autoridades correspondientes, porque nadie denuncia. Cuando algún servidor público es llevado a los tribunales, casi siempre se debe a venganzas políticas y las cosas no pasan a mayores.
La iniciativa de la Asociación de Abogados Penalistas, lamentablemente, fue congelada en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación; nunca fue ni siquiera analizada en el Congreso local. Tal actitud de los legisladores era comprensible, pues a nadie de la clase política local le convenía arriesgar sus cotos de poder y los abundantes mecanismos de enriquecimiento rápido.
