LA VIOLENCIA: LEGADO DE AMLO A LA SUCESORA
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 30 de mayo de 2024
Eduardo Guerrero Gutiérrez, profesor e investigador de El Colegio de México y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM, es experto en temas de seguridad, transparencia y acceso a la información, con autoridad para opinar en torno al clima de violencia prevaleciente desde la entronización de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República hace casi seis años, sobre un escenario donde el descontrol de la criminalidad es evidente. Una pequeña muestra al respecto es el artero asesinato de quien fuera candidato a presidente municipal de Coyuca de Benítez (Guerrero), Alfredo Cabrera Barrientos, acaecido este miércoles durante un mitin de campaña frente a decenas de sus simpatizantes. El agresor fue abatido, pero el hecho quedó registrado como parte de la normalización de la violencia en México, grave problemática que le será heredada por AMLO a su sucesora.
El escenario, agravado desde la transición política de 2018, fue advertido por Guerrero Gutiérrez hace muchos años con relación a las estrategias que en materia de seguridad pública había implementado Felipe Calderón Hinojosa, de manera fallida, en el sexenio 2006-2012. La situación nunca mejoró. Aquello de los “abrazos y no balazos” resultó un rotundo fracaso.
En la revista Nexos de abril de 2010, Eduardo Guerrero Gutiérrez publicó un gran ensayo titulado “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”, en el que analizó cada uno de los cuatro principales objetivos de la guerra declarada en diciembre de 2006 por el gobierno federal en contra del crimen organizado y su avance hasta aquellos días de 2010. Y vimos la misma película con López Obrador, aunque el actual presidente asegure que “vamos muy bien, requetebién”.
Los objetivos de Calderón en 2006, en términos generales, fueron: 1. Fortalecer las instituciones de seguridad. 2. Disminuir, detener o evitar el consumo de drogas. 3. Desarticular a las organizaciones criminales. 4. Recuperar los espacios públicos. Es obvio que ninguno se resolvió, ni se ha resuelto en el régimen que está a punto de culminar.
De aquel trabajo hoy retomaré el siguiente fragmento.
“El gobierno ha avanzado en el objetivo de desarticular las bandas criminales. ‘Desarticular’ significa literalmente ‘desorganizar’ o ‘separar en partes’. ‘Desarticular’ una organización criminal no implica desaparecerla, sino fragmentarla. Para ‘desarticular’ a los cárteles, las autoridades han puesto en práctica una política de detenciones y decomisos. Los capos casi siempre son detenidos después de ‘meses de trabajo de inteligencia’ y, cuando es posible, extraditados. Invariablemente, estas detenciones generan olas de violencia que pueden durar semanas o meses, y con frecuencia culminan en la escisión del cártel descabezado, lo cual propicia el nacimiento de nuevas organizaciones”.
Efectivamente, amables lectores. El gobierno avanzó en el objetivo de desarticular las bandas criminales, pero solo golpeó el avispero, pues las cosas se agravaron.
Las estadísticas confirmaron los reacomodos delincuenciales después de esas “desarticulaciones”. En 2018 advertimos que todo podría suceder en México y Morelos, inclusive el cobro de derecho de piso (extorsiones), mismo que continúa en zonas importantes al oriente de Cuernavaca, en localidades situadas sobre la zona metropolitana y en Cuautla, donde los asesinatos relacionados con este tipo de extorsiones no han cesado.
Escribió Guerrero Gutiérrez en abril de 2010:
“La política de desarticulación de cárteles (tal como lo concibe y ejecuta el gobierno mexicano) ha tenido tres efectos indeseados: genera o exacerba los ciclos de violencia, multiplica el número de organizaciones criminales y extiende la presencia de éstas en nuevas zonas del país”.
“La desarticulación basada en el descabezamiento de liderazgos, no sólo impide la recuperación de espacios públicos buscada, sino que propicia la invasión de nuevos espacios por las organizaciones criminales. Actualmente, todos los estados del país registran la presencia establecida de al menos un cártel en al menos uno de sus municipios. En 2007 la presencia de las organizaciones criminales se registraba en aproximadamente 21 estados. Ahora los cárteles se encuentran en 10 estados más”.
En 2019, el crimen organizado se expandió por la mayoría de estados mexicanos.
El gobierno federal ha avanzado, sin duda, en su amplia agenda de fortalecimiento institucional. Ha invertido mucho dinero en crear una Guardia Nacional más profesional y mejor equipada, aunque bastante ineficaz para disuadir los delitos. Ha mejorado la infraestructura tecnológica y administrativa para elevar las capacidades de inteligencia de las agencias. Pero estos trabajos de reforma institucional no han tenido, ni podrían tener, una incidencia directa e inmediata en lograr el resto de los objetivos de la estrategia. Ya se ha dicho: las reformas institucionales tardan lustros, incluso décadas, en madurar y arrojar resultados tangibles.
El gobierno ha avanzado también en el objetivo de desarticular las bandas criminales. Los capos son detenidos o aniquilados después de “meses de trabajo” de inteligencia, pero esas acciones generan olas de violencia que pueden durar semanas o meses. Al respecto, los morelenses sabemos mucho: desde 2009, tras el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, hasta la fecha, en lugar de lograrse el exterminio de determinado grupo criminal, se produjo el nacimiento de nuevas organizaciones.
La Guardia Nacional no resolvió la escalada de violencia nacional y regional. No resultó ser la panacea anhelada. La problemática se agravó hacia el final del presente sexenio. Ya veremos las estrategias a implementar por la futura presidenta de México, sea quien fuere, vista desde ahora como una “todóloga” a quien se le exigirá resolver el sempiterno clima de violencia, que es la herencia de López Obrador.
